Hacienda y Justicia vuelven a sentarse con los LAJs cuando se cumplen dos meses de huelga
Las partes involucradas en el paro se reúnen a la búsqueda de un acuerdo que reclaman todos los operadores jurídicos para frenar el colapso de los juzgados
(Foto: Comité de Huelga)
Hacienda y Justicia vuelven a sentarse con los LAJs cuando se cumplen dos meses de huelga
Las partes involucradas en el paro se reúnen a la búsqueda de un acuerdo que reclaman todos los operadores jurídicos para frenar el colapso de los juzgados
(Foto: Comité de Huelga)
Pocos podrían pensar que aquella huelga indefinida anunciada en los paros parciales de noviembre y diciembre de los LAJS, que arrancó el 24 de enero con una manifestación en la capital de España, se mantendría nueve semanas después en todo su apogeo.
Las tres asociaciones convocantes -la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados— unidas en este conflicto han logrado aglutinar a un colectivo formado por más de 4.200 letrados de la Administración en todo el país.
Los seis integrantes del Comité de Huelga compuesto por Luis Fernando Toribio, Antonio José Jiménez; Carlos Artal, Patricia Gimeno, Juan Jose Yañez y Rafael lozano se han convertido en los interlocutores primero con Justicia y ahora en una mesa a tres bandas con la presencia de Lidia Sánchez, secretaria de Estado de Función Pública, mano derecha de Montero en el Ministerio de Hacienda.
Los avances son lentos en dicha negociación, pero reales. Hoy viernes volverán a sentarse a buscar una solución al problema. La adecuación salarial de los LAJs, a través de la cláusula de enganche a los jueces o con otra fórmula que reconozca dicha adecuación, es el elemento clave en el que se trabaja para desbloquear la situación después de nueve semanas.
El conflicto está afectando de forma irregular en todo el país. Abogados y procuradores sufren en sus carnes la falta de actividad en su facturación ante unos servicios mínimos escasos que no están ayudando a mitigar los efectos del conflicto.
Mientras tanto, las cifras de desperfecto de los juzgados han ido creciendo Actualmente, ya son alrededor de 356.000 juicios suspendidos y 424.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados. Además, ya son 1.280 millones de euros congelados en las consignaciones judiciales a la espera de que concluya la huelga.
Por su parte, los jueces ven cómo sus juzgados están paralizados, sin poder celebrar vistas ni realizar notificaciones por la falta de presencia de los LAJs. Jurisdicciones como social, o los juzgados mercantiles a nivel concursal, lo están pasando muy mal en la práctica por la ralentización de los asuntos.
Del desgaste al diálogo
La negociación ha tenido dos fases bien diferenciadas. Una primera que abarcaría desde el inicio de la huelga hasta el viernes 17 de marzo, fecha en la que se convocó esta la tripartita, y la etapa actual, iniciada el pasado viernes con el arranque de las negociaciones entre los LAJs y los Ministerios de Hacienda y Función Pública y Justicia para desbloquear este conflicto. La presencia de Hacienda ha sido una de las demandas del Comité de Huelga para dar mayor consistencia a lo que se pactara.
En medio de estas dos etapas una comparecencia el jueves 16 de la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la Comisión de Justicia del Congreso, en la que la mayoría de los grupos parlamentarios le pidieron su implicación en las negociaciones.
De la primera etapa cabe resaltar que, en lugar de negociar, Justicia prefirió impulsar una estrategia de desgaste y descalificación del cuerpo de los LAJs, dejando caer que podrían quitarles competencias. Pensaron que si dejaban pasar el tiempo, el paro se solucionaría por falta de aguante de los propios LAJs.
Las cuatro reuniones que tuvieron lugar desde el 16 de febrero en un maratoniano encuentro de más de 15 horas, hasta la última de 28 de febrero sirvieron para demostrar que el dialogo era imposible entre dos partes con ideas diferentes del conflicto.
Que las propuestas presentadas por los LAJs circularan por las redes sociales o llegaran a los presidentes del CGAE y Consejo de Procuradores con los que Llop se ha reunido en el más absoluto de los secretos, fue otro elemento que dinamitó el diálogo.
Ante esta tesitura, algunas voces, como la de la viceconsejera de Justicia Víctimas de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, reclamaron que un tercero neutral se convirtiera en negociador de este conflicto. Sin embargo, el Ministerio de Justicia nunca contemplo esta cuestión, pese a que juristas como Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), mostrara su disposición a hacerlo.
Apagón informativo
A lo largo de estos dos meses de huelga, la gestión del conflicto desde la opacidad ha sido un elemento que define la actividad del Ministerio de Justicia, que pese a reconocer el impacto de la huelga, siempre ha dado unos datos de seguimiento sobre el 20% al 25% diario, frente a la media del 75% estimada por los LAJs. Esta opacidad ha alcanzado también a las Comunidades Autónomas.
“La comunicación con el Ministerio sobre este tema es muy escasa”, aclara un consejero de una autonomía, quien subraya que “del tema se ha hablado muy poco estas nueve semanas. En la Sectorial reciente de Baleares se abordó y la ministra Llop se comprometió a impulsar las negociaciones, pero ha sido Hacienda quien ha desbloqueado el tema”.
Otro responsable de Justicia autonómico cree que el conflicto podría estar ya arreglado “si desde el primer momento Justicia se lo hubiera tomado en serio y no hubiera ninguneado a los LAJs. Ahora los efectos de la huelga son preocupantes. Todas las CCAA esperamos que se resuelva la huelga para implementar planes que reactiven nuestros juzgados”.
Las CCAA que mantienen activas las Comisiones Mixtas con los TSJ de cada territorio se muestran impacientes ante el desenlace de esta huelga indefinida.
“Mientras no se solucione este conflicto no podremos poner en marcha los planes de reactivación de nuestros juzgados. Esperamos que Justicia cofinancie dichos planes para salir lo antes posible del tapón que hay de asuntos parados”, afirma otro experto de Justicia de una comunidad autónoma.
Este jueves, las CCAA han mantenido una videollamada con la directora de Cooperación Internacional, Elsa García-Maltrás, y su equipo para definir las actividades que impulsará Justicia a partir del 1 de julio fecha en la que comienza la presidencia española de la UE. Del tema de los LAJs no se ha hablado nada.
No había plan de choque
Lo que resulta evidente es que, como reconociera el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, en una rueda de prensa el día antes de la convocatoria de la huelga, Justicia no tenía un plan para afrontar una huelga de larga duración.
Esta huelga, convocada bajo el lema Por dignidad, por justicia, por igualdad, es la respuesta de los LAJs a lo que consideran incumplimientos por parte del Ministerio de Justicia de una serie de compromisos a los que llegó con este colectivo en un documento de abril del 2022.
Entre los acuerdos aludidos por los LAJs están la promulgación del decreto de sustituciones, “que, entre otros beneficios, supone un ahorro para las arcas públicas de 14 millones de euros”; la reforma de los decretos de retribución de los LAJs, para asimilar el complemento general del puesto al de otros funcionarios de la misma categoría (A1).
Junto a ellos también se pide la inclusión en la Ley de Eficiencia Organizativa de una enmienda que estableciera una cláusula de enganche de la retribución de los LAJs a la de los jueces; el avance en el nuevo Reglamento Orgánico, cuyo borrador ya está hecho o la definición y concreción del modelo de carrera profesional son reclamaciones en la mesa de negociación, abierta realmente hace una semana.
En estas negociaciones se da por hecho que los grupos de población pasen de cinco a tres a nivel retributivo, con lo que los honorarios de los LAJs de tercera que eran menores que los de los gestores de sus juzgados se verán incrementados. Al mismo tiempo parece que se reconocerá salarialmente el papel de los LAJs en los Registros Civiles, nueva competencia de estos profesionales.
Queda por saber cómo se va a resolver la cuestión de la cláusula de enganche que module la adecuación salarial de los LAJs donde las posturas siguen alejadas. Solventado este asunto el acuerdo estaría mucho más cercano.