“Hemos estado a doscientos metros de la ministra Llop en Logroño pero no ha querido reunirse con nosotros”

Primero una manifestación este jueves por las calles de Logroño, donde coincidieron con la Abogacía, y este viernes una concentración frente al Riojaforum, donde se celebró la cumbre de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea organizada por los ministros españoles de Justicia, Pilar Llop, y de Interior, Fernando Grande-Marlasca, el resultado ha sido el mismo para los funcionarios de justicia. Acercarse a ellos ha sido imposible.

“El objetivo de estas movilizaciones ha sido trasladar a los representantes de la UE nuestra reivindicación de negociación colectiva de las grandes reformas de la Justicia y de reconocimiento legal y retributivo de las funciones que efectivamente realizamos en los juzgados y tribunales”, señalan representantes de los funcionarios.

Javier Jordán, presidente de CSIF Justicia, es consciente que ahora se abre un parón hasta la segunda semana de septiembre “en ese escenario ya habrá gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio, con lo cual podremos plantearle nuestras reivindicaciones”.

En esta dimensión europeísta del conflicto, el Comité de Huelga de este colectivo, formado por CSIF, CCOO, UGT Y STAJ, se han dirigido también a la vicepresidenta de la Comisión de Valores y Transparencia, la checa Vera Jourová y a los comisarios de Empleo y Asuntos Sociales y de Justicia, Nicolas Schmit y Didier Reynders explicando el fondo del conflicto en Justicia, que a su juicio afecta a valores y principios de la UE.

Según el Comité de Huelga, afecta a derechos reconocidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y la Carta Social Europea, al Pilar Europeo de Derechos Sociales y al diálogo social, que es uno de los elementos fundamentales en los proyectos financiados por la UE con cargo a los fondos del Plan de Resiliencia y Recuperación.

También cree que este conflicto del que hoy viernes se cumple el 95 días, también afecta al propio funcionamiento de la Justicia más allá del repetido tema de la independencia y del nombramiento de vocales del CGPJ, que recurrentemente satura el debate político.

En vísperas de las elecciones generales, está claro que estos tres meses de conflictividad, con paros parciales y huelga general, han logrado que todos los partidos políticos del arco parlamentario conocen las reivindicaciones de los 45.000 funcionarios de justicia.

Un conflicto general en el que también se ha visto perjudicado el colectivo los LAJs, con un acuerdo de mejora salarial que el Gobierno ha incumplido igual que el de 23 de mayo de jueces y fiscales pese a estar firmado ante los medios de comunicación y contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El adelanto electoral lo cambió todo

Pero las cosas cambiaron desde el anuncio del adelanto electoral del pasado 29 de mayo. Con esta medida, el Gobierno de Pedro Sánchez dejaba de lado este conflicto generalizado de la justicia, con todos los operadores en pie guerra.

Concentración de los abogados de Venia por calles de Logroño. (Foto: Venia)

A este escenario hay que unir las reivindicaciones de muchos abogados y procuradores con problemas económicos, pendientes de sus reivindicaciones y de mejoras en el Turno de Oficio. Las huelgas han paralizado miles de asuntos y se han suspendido juicios.

En este contexto de crisis hay que poner en marcha los planes de actuación para desatascar los juzgados, que aún no se han podido desarrollar. Ahí las fórmulas de mejora son distintas. Mientras que el presidente del TSJ de Madrid, Celso Rodríguez, era partidario de duplicar el número de jueces, desde el Comité de Huelga de los funcionarios se pide más personal a todos los niveles.

Y es que, según diversos operadores jurídicos, el problema existente de la Administración de Justicia en los últimos años ha sido la falta de inversión presupuestaria, mejora de infraestructuras y el contar con profesionales, jueces, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios convenientemente pagados.

Que hayan decaído por el adelanto electoral las tres leyes orgánicas, organizativa, procesal y digital, planteadas por el Gobierno implica que habrá que volver a negociar con los operadores jurídicos dichas normas para poder tener una justicia más próxima y tecnológica que resuelva los asuntos en menos tiempo del existente.

En estos días, los funcionarios de Justicia procedentes de todo el territorio nacional se han manifestado ante el Ministerio de Justicia. Lo han hecho al grito de «Europa, escucha, Justicia está en la lucha». Denuncian, como ya lo han hecho por vía europea, las dificultades que hay para agilizar la justicia en España y que ésta sea eficaz.

“Tenemos las mismas reivindicaciones que antes. No ha habido negociación», señala Begoña Ducros, secretaria de UGT por el sector de la Justicia. «Europa tiene que saber que ni se han dignado a realizar una negociación y colectiva y es un problema que hay que solucionar”.

En la marcha de hoy han participado cerca de medio millar de manifestantes, según los sindicatos, y hoy viernes realizaron una concentración frente a la sede del Palacio de Congresos Riojaforum, donde se reunieron los ministros de Justicia e Interior comunitarios, pero la notable presencia policial ha impedido cualquier acercamiento.

Pilar Llop y Didier Reynders ante los perioditas acreditados en la cumbre. (Foto: Ministerio de Justicia)

Los abogados piden «respeto» por la profesión

Este jueves tenía lugar otra manifestación. Un centenar de abogados de la Plataforma por la Abogacía Riojana y el sindicato de abogados VENIA se han concentrado en Riojaforum.

Una protesta, asegura la portavoz de este colectivo Saray Becerril, para pedir respeto y dignidad por nuestro trabajo y derechos laborales”. Hemos intentado entregar nuestras reivindicaciones a la ministra Llop, pero no nos han dejado. Ya no es cuestión económica, sino de respeto a nuestra profesión. Reivindicamos los derechos mínimos», señala Becerril, portavoz de este colectivo.

Los abogados están preocupados por los seis meses de huelga “no hemos facturado casi nada y las previsiones de septiembre no auguran nada. Es posible que este mes vuelvan las huelgas, con lo cual tendríamos problemas de subsistencia abogados y procuradores. Lo ideal sería crear una mesa general con el nuevo ministro para negociar unos acuerdos generales”.

Durante la manifestación se vieron pancartas con mensajes como “Somos abogados, no somos esclavos” o “Europa escucha, el Turno está en lucha” y han reivindicado la conciliación laboral, el derecho al descanso y la desconexión digital. También exigen una mayor retribución y una menor carga burocrática.

«Nuestra labor es esencial. Pedimos que no se graven nuestros honorarios con un 21% de IVA, como si fuera un artículo de lujo. El servicio jurídico no es un privilegio es una necesidad para muchas familias y debería tener un IVA reducido».

Y además, los más de 140.0000 abogados del país  denuncian que se sienten ninguneados, con pocos derechos laborales, dificultades para conciliar y sin poder desconectar digitalmente. “Muchos de los compañeros que caminan hacia la jubilación están preocupados porque en el momento que se jubilen tendrán pensiones miserables pese a cotizar años en la Mutualidad de la Abogacía”.