Inspección de Trabajo impone una multa millonaria a Glovo
La compañía tenía a más de 10.000 trabajadores en situación de falsos autónomos
(Foto: Archivo)
Inspección de Trabajo impone una multa millonaria a Glovo
La compañía tenía a más de 10.000 trabajadores en situación de falsos autónomos
(Foto: Archivo)
Inspección de Trabajo ha impuesto una multa de 78,9 millones de euros a la empresa de reparto Glovo por vulnerar los derechos laborales de sus empleados al tenerlos contratados en situación de falsos autónomos.
Pese a que la nueva Ley Rider lleva ya en vigor más de un año, la compañía acumulaba 10.614 casos de fraude repartidos en dos jurisdicciones: 8.331 trabajadores en Barcelona y 2.283 en Valencia.
Se trata de una de las sanciones más elevadas que ha impuesto el Ministerio de Trabajo por irregularidades y que puede suponer una amenaza para la viabilidad de la compañía ya que supone más del 15% de lo que factura la empresa, sin contar que aún tiene más inspecciones pendientes en otros puntos de España, como Madrid.
El pasado 12 de agosto de 2021 se aprobó entró en vigor la normativa Rider con el fin de que todas las empresas que usaran repartidores los tuvieran contratados legalmente, es decir, dejando de usar la figura del autónomo. El objetivo de esta ley es garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales.
Todo el peso de la ley
Inspección de Trabajo ya había advertido anteriormente en varias ocasiones a la compañía que legalizaran las condiciones de sus trabajadores dándoles de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, sin embargo, pese a las advertencias por parte del Ministerio, la empresa no lo hizo. Ahora tendrá que hacer frente a una multa millonaria.
Glovo se enfrentará a un proceso judicial para confirmar o no dicha sanción, sin embargo, la empresa ya ha manifestado su descontento e intención de eludir la sanción por vías judiciales. Ha declarado que “se trata de una resolución unilateral de una propuesta de la Inspección frente a la que la empresa tiene que presentar sus alegaciones y después de la tramitación de un procedimiento de oficio analizar las mismas para en su casa proponer un acta de liquidación y o de infracción”.
Pues la empresa afirma haber regularizado a todos sus trabajadores, defendiendo que esas 10.600 personas, por las cuales han sido multados, no es su personal, sino que trabajan para la compañía, pero son autónomos.
Sin embargo, el acta judicial al que tuvo acceso la Cadena Ser recogía que “la empresa no es una intermediaria, sino que presta servicios de reparto y de mensajería y fija las condiciones de prestación de servicio”, “sus trabajadores no son autónomos, sino trabajadores”.
Yolanda Díaz ha acusado a Glovo de vulnerar los derechos laborales de los trabajadores y de haber obstruido la labor de la Inspección de Trabajo, “algo gravísimo en un Estado social y democrático de Derecho en el que las empresas tienen que cumplir con la ley”, declaró ayer cuando fue preguntada por el asunto. La ministra no se cortó en dejar clara su posición respecto a este hecho: “El peso de la ley va a caer sobre esta empresa”.