Isabel Perelló: “Ningún poder del Estado debe dar instrucciones a los jueces de cómo hacer su trabajo”
La primera presidenta en la historia del CGPJ y del Supremo advierte que nadie está por encima de la ley
La presidente del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha utilizado su intervención en la apertura del año judicial para recordar que los jueces no pueden seguir instrucciones de nadie. (Imagen: Poder Judicial)
Isabel Perelló: “Ningún poder del Estado debe dar instrucciones a los jueces de cómo hacer su trabajo”
La primera presidenta en la historia del CGPJ y del Supremo advierte que nadie está por encima de la ley
La presidente del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha utilizado su intervención en la apertura del año judicial para recordar que los jueces no pueden seguir instrucciones de nadie. (Imagen: Poder Judicial)
Clara, concreta y precisa. Así ha sido la primera intervención pública de Isabel Perelló, nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo en la apertura del año judicial que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Supremo, defendiendo al Poder Judicial de la intromisión de otros poderes públicos. Perelló también subrayó que el nuevo CGPJ está preparado para los retos que se avecinan, que son muchos y complejos.
En este acto solemne, abriendo el año judicial, se ha contado con la presidencia de Felipe VI de Borbón, de los principales operadores jurídicos y todos los poderes del Estado, amén de la vicepresidenta Yolanda Díaz y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, quien en declaraciones a Economist & Jurist ha señalado que “ha sido un discurso valiente y muy intenso. Nos ha gustado mucho su contenido”.
La magistrada Perelló en esa intervención, que ha cerrado este acto de apertura del año judicial, y que ha intervenido después del fiscal general del Estado, ha reclamado la necesidad de independencia judicial para los más de 5.500 jueces españoles del país; y ha pedido a los poderes públicos que los insultos se conviertan en críticas constructivas.
La nueva presidenta, que apenas ha tenido 24 horas para preparar su intervención porque fue elegida el pasado martes y juró el cargo en el Tribunal Supremo este miércoles, recordó en su primera parte del discurso los hitos que las mujeres juristas están logrando en este país: “Tuvimos que esperar al siglo XXI para llegar al Tribunal Supremo. Aún así, queda mucho camino por recorrer. Las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales«.
Para la nueva titular del CGPJ y del Supremo es fundamental que se respete el trabajo de los jueces: “En esta nueva etapa que hoy se inicia quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan”.
Independencia judicial
Perelló ha querido dejar claro que “ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico”. “Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de Derecho, de ahí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas”, ha añadido.
En este sentido, ha indicado que, si bien “las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica”, “las críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación y el insulto”, por lo que ha pedido “evitar ataques injustificados”.
En concreto, Perelló ha defendido “la excelente labor” de sus compañeros del Tribunal Supremo en el contexto de “una situación muy difícil” por las bajas no cubiertas. “Han seguido prestando sus servicios, redoblando el esfuerzo para que la crisis del Tribunal Supremo no arrastrase peores consecuencias para los ciudadanos”, ha valorado. También ha elogiado la “dignidad” de sus compañeros y la “excelencia” de las resoluciones de este Tribunal, que juzgó el ‘Procés’ y ha sido muy criticado por los partidos independentistas catalanes.
Perelló, que ha agradecido el “apoyo cerrado” que ha recibido en las “últimas horas” por parte de sus compañeros del CGPJ y del Supremo, ha apuntado que “el volumen de registro de asuntos sigue su imparable curva ascendente, y esto, unido a la falta de cobertura de las vacantes de plazas de magistrados de Sala, ha causado un enorme retraso”.
No obstante, la nueva presidenta del CGPJ ha dejado claro que “los años difíciles” que la Justicia ha “atravesado como consecuencia de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial” no les ha “sumido en el desánimo”. “Es evidente que la respuesta tardía no satisface la exigencia constitucional de que la tutela judicial sea realmente efectiva. Es mi propósito, señor, hacer todo lo posible para revertir esta situación”, ha prometido.
A su juicio, es “esencial que el CGPJ lleve a cabo la ingente labor que le corresponde de proveer las vacantes existentes con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad”. Además, ha asegurado que el órgano de gobierno de los jueces tiene “la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados lleve a la elección de los mejores profesionales”.
Una buena aceptación
Tras los discursos llegó el cóctel en el que los distintos operadores jurídicos pudieron intercambiar opiniones entre ellos y con los medios de comunicación que allí estaban acreditados. La valoración del discurso de la presidente del CGPJ es buena por la claridad y los mensajes que se han vertido. Así lo ha expresado a E&J Vicente Guilarte, hasta hace unas fechas presidente en funciones del CGPJ, a quien se ve relajado y reconoce que se ha quitado un peso de encima.
Los magistrados de la Sala Penal, por su parte, están satisfechos de las palabras que han escuchado de la presidente Perelló. Así lo ha dejado traslucir Vicente Magro, Eduardo Porres o Antonio del Moral, a este medio de comunicación. La propia presidente ha hecho alusiones claras al trabajo de todos los magistrados del Supremo en condiciones poco sencillas, con mucha vacantes.
Por su parte, Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, y Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, se congratulaban de la elección. Para el primereo “ahora podremos arrancar distintos proyectos que estaban parado porque en materia de justicia debemos ir juntos”.
De la misma opinión era Sergio Oliva, portavoz de Asociación Francisco de Vitoria y su compañera de ejecutiva, la magistrada Carmen Gámiz, del Juzgado de violencia de género de Madrid. Es intención de esta asociación judicial mantener una reunión con ella.
Los magistrados del Tribunal Constitucional, Jose María Macias y Cesar Tolosa, también han valorado positivamente la intervención de Perelló: “Dijo lo que tenía que decir”, han señalado.
En uno de los corrillos se sienten las relaciones laborales, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, conversa con los magistrados Ignacio García-Perrote, Ángel Blasco y José Antonio Somalo sobre cuestiones varias. Los propios magistrados han explicado a E&J que esperan que con los nuevos nombramientos se reduzca la pendencia de la Sala.
Los abogados han estado representados en este acto institucional. Procedente del IV Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Toledo, Salvador González, nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha conversado con Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales. A este grupo se ha unido luego Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Ambos letrados son conscientes del año clave para la abogacía con las reivindicaciones del turno de oficio y de las pensiones dignas para los abogados.
E&J también ha tenido la oportunidad de saludar a varios vocales del CGPJ, como es el caso de Jose María Fernández Seijo, magistrado que en su día llevo a Europa el caso Aziz; el que fuera presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas; y Carlos Hugo Preciado, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ahora en tareas de vocal. Todos ellos muestran su satisfacción por lo logrado en estas reuniones y porque “el CGPJ tiene un presidente que hemos elegido los vocales, sin interferencias”, comentan.
Palabras de Álvaro García Ortiz
Por su parte el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha advertido este jueves en su discurso en el acto solemne de apertura del año judicial contra quienes siembran “semillas de odio” contra los menores migrantes.
“Será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o de niñas migrantes, nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía, números o cromos que se intercambian en el mercado de las palabras o, lo que es más peligroso, sembrando semillas de odio contra estas personas especialmente vulnerables que pueden prender en sociedades desinformadas o manipuladas”, ha aseverado el máximo responsable del Ministerio Fiscal.
La memoria que la Fiscalía ha presentado este jueves, relativa a los datos recopilados a lo largo de 2023, refleja el repunte de llegadas de menores extranjeros no acompañados a España con respecto a cursos anteriores. Un “notable incremento” con 4.865 menores, la mayor parte chicos, por los 2.375 de 2022. El país de procedencia con más menores es Senegal muy por delante de Marruecos, Gambia y Argelia.
En total, según revela la Fiscalía, el Registro que contabiliza estos menores detectó, a finales del año pasado, un total de 12.878 menores no acompañados frente a los 11.417 de 2022, en este caso la mayor parte procedentes de Marruecos. También crecieron las diligencias puestas en marcha para determinar la edad de estos jóvenes: un total de 7.422 comprobaciones por las 4.805 del año anterior. La Fiscalía destaca la problemática trasladada por el Ministerio Público en Canarias, donde por ejemplo la provincia de Tenerife se vio “totalmente desbordada” a la hora de afrontar estas pruebas.
En su discurso, el máximo responsable del Ministerio Publico ha ensalzado la Memoria de la Fiscalía presentada en este acto como un relevante instrumento contra “la desinformación, la mentira y el infundio”, a los que se ha referido como “uno de los riesgos más importantes” para la democracia y la convivencia. Y en la propia Memoria recuerda que el derecho a la información es “un elemento nuclear del Estado Social y Democrático de Derecho” y sostiene que la transparencia se logra “evitando la información sesgada” y “proporcionando los datos de forma objetiva y completa”.