JJpD reclama una «fuerte inversión» para cumplir las previsiones de la ley de eficiencia del servicio público de la Justicia

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha reclamado hoy una “fuerte inversión” para poder aplicar cuanto antes las previsiones de la recién aprobada Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, “que permita poner en marcha tribunales de instancia, medios alternativos de solución de controversias y oficinas de justicia en los municipios”.

«Nuestra asociación piensa que los cambios que propone la ley, mediante introducción los tribunales de instancia, pueden ser positivos si se adoptan pensando cuidadosamente cómo se hará efectiva la nueva organización», declara a Economist & Jurist el portavoz del secretariado de JJpD, Edmundo Rodríguez Achútegui.

Destaca que «será importante que la judicatura designe buenos presidentes de tales tribunales, y que el número de quienes lo integran se eleve sustancialmente, para poder asegurar una carga de trabajo razonable y una respuesta pronta a las demandas». «En casos repetitivos, que ahora exigen mucho esfuerzo, una adecuada reorganización del trabajo puede ser crucial para responder con más efectividad, evitando distraer al tribunal otros asuntos también relevantes», sentencia.

Edmundo Rodríguez Achútegui afirma que “la progresiva puesta en marcha de los tribunales de justicia debe facilitar un incremento del número de juezas y jueces que propicien una respuesta judicial más rápida”, y reclama a las administraciones públicas “un plan de choque para incrementar el número de personas que integran la judicatura”, con el aumento de plazas en cada convocatoria de oposición del turno libre y el cuarto turno.

La Ejecutiva de JJpD. (Imagen: JJpD)

Según señala, en la Administración de Justicia hay un “cuello de botella”, que es «el número de integrantes del Poder Judicial” que hay que ampliar.  En este sentido, indica que «cada año el número de jubilaciones crece, igual que la litigiosidad, y “faltan magistradas y magistrados para poder responder a la carga de trabajo que padecen los tribunales”, que entiende ahora puede remediarse “con una amplia convocatoria para 2025 del número de plazas para ingresar en las carreras judicial y fiscal”, de modo que “se dote suficientemente a los nuevos tribunales de instancia”.

Respecto a la ley de eficiencia que se ha aprobado esta tarde también considera “un paso en la dirección adecuada” la implantación de los nuevos medios alternativos de solución de controversias, puesto que a los tribunales debe acudirse “sólo después de haber intentado una solución extrajudicial que evitaría costes procesales y la saturación de un servicio público esencial, como es la administración de justicia”.

Rodríguez entiende que la nueva regulación legal permitirá a los tribunales ser “exigente” con quienes “no hayan puesto de su parte” para evitar judicializar el conflicto, puesto que introduce mecanismos de imposición de costas que lo pueden incentivar.

Juezas y Jueces para la Democracia también pone en valor la modificación de la organización judicial en los municipios, mediante la introducción de oficinas de justicia municipales. “Van a permitir acercar la administración de justicia a ciudades y pueblos donde no hay juzgados, y que se realicen trámites judiciales como citaciones y notificaciones, presentación de escritos, solicitud del beneficio a litigar gratuitamente y la obtención de información sobre la situación de los procedimientos judiciales”, declara el portavoz de esta asociación judicial.

Además,  indica que «estas oficinas estarán dotadas de medios audiovisuales que permitan que quien intervengan en procedimientos judiciales puedan participar telemáticamente”, como ya había regulado la ley de eficiencia que previó esa posibilidad, cada vez más extendida en los juzgados.

Juezas y Jueces para la Democracia reclama una “dotación presupuestaria suficiente” para que todas estas medidas “no se queden en simples intenciones, sino que pronto sean una realidad que alivie la carga de trabajo de los juzgados y tribunales, mejorando el servicio público que presta la administración de justicia”.