José María Macías, vocal del CGPJ, pide a Sánchez que “no secuestre los derechos de los españoles” en su propio interés

José María Macías, vocal conservador del CGPJ, uno de los firmantes de la declaración institucional contra la amnistía aprobada por este órgano de gobierno de los jueces, pide al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que “se presente a la investidura sin que los derechos de los españoles se secuestren en interés propio. Si no le salen los números, tendremos que ir a una repetición electoral”.

Macías considera que ha sido un «toque de atención sin precedentes» porque «la gravedad de la cuestión tampoco tiene precedentes» porque es «algo insólito en la era democracia española, que se pone en riesgo con una propuesta que parece que se quiere sacar adelante».

Para este magistrado, los argumentos que se plantean desde el Gobierno de que ellos han sido elegidos por la soberanía popular y no tienen que rendir cuentas a nadie “supone que desconocen realmente lo que es una democracia avanzada y en qué consiste el Estado de Derecho. Esto que dicen de que al estar en el Parlamento ya no están sujetos a reglas, no se decía desde el siglo XIX”.

A su juicio, el gran problema del presidente en funciones es el “autismo absoluto” que padece “derivado de una ambición desmedida por mantenerse en el poder como sea”.

Con estos planteamientos, cree que se está generando «una clase política que puede actuar con impunidad porque sus actos no van a generar ningún tipo de responsabilidad» y que eso es una negación directa del Estado de Derecho. «Además, si eso se consigue por la vía de dejar sin efecto las sentencias, supone una violación de la división de poderes», añade.

Macías ha sido el representante del CGPJ en el Plenario de la Red Judicial Europea que se celebra dentro de los trabajos de la presidencia europea de la UE con representantes de toda Europa. Esta Red es el mecanismo nuclear de la colaboración judicial que hace que el Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia sea real y efectivo.

La representación española en este evento, que tuvo lugar este miércoles, tuvo centrada en el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, el propio Macías y responsables del Ministerio de Justicia. Ha habido una representación de 140 juristas procedentes de los poderes judiciales, fiscales y ministerios de los miembros de la UE y otros países europeos.

En su intervención, Macias, uno de los promotores de la declaración institucional del CGPJ donde se ha insistido que la amnistía podría acabar con nuestro Estado de Derecho, señaló en su intervención que “las sentencias y resoluciones emitidas por cualquier autoridad judicial europea deben respetarse y ejecutarse, además de en el propio Estado en cualquier otro Estado de la UE”. Para este jurista, “esta circunstancia es cuestión básica y elemental para que en un Estado pueda afirmarse la vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley”.

Al término de esta comparecencia, analiza para Economist & Jurist los contenidos básicos de la declaración institucional del CGPJ respaldada por nueve vocales y en la que se cuestiona la oportunidad de la amnistía que quiere impulsar el propio Pedro Sanchez. “La declaración es extensa, pero los vocales creímos que teníamos que expresarnos de forma clara y extensa sobre los alcances de esta amnistía, que no cabe en la Constitución de 1978”.

Red Judicial Europea. (Foto: Fiscalía General del Estado)

En su opinión, “la amnistía que plantea Sánchez es inviable en los términos de nuestra Constitución. De hecho, hay que calificar como vergonzantes las declaraciones del presidente Sánchez del pasado 28 de octubre cuando dijo que la amnistía era necesaria para el futuro de nuestro país. Creo que había que plantear algún tipo de responsabilidad, porque lo que dijo fue intolerable”.

Desde su punto de vista, en una situación como la que se vive ahora, era necesario que el CGPJ se pronunciara. “Se habla de que con esta fórmula se va a conseguir la paz en Cataluña, pero no es verdad, la tensión que en su momento existía ha vuelto a surgir en todo el país en los últimos días por parte del PSOE. Ahora vivimos otro conflicto diferente pero añadido de aquel de octubre del 2017”.

La fragilidad del Estado de Derecho

Para este jurista “el Estado de Derecho es algo muy frágil que salta por los aires cuando se rompen las reglas. En Cataluña, en 2017, se rompieron y sucedió lo que todos vimos y ahora es el Gobierno el que quiere romper las reglas y puede provocar otro conflicto. “Es imposible no tocar este Estado de Derecho y que no produzca consecuencias negativas. Esperemos que el señor Sánchez tenga algún sentido de Estado para frenar esta deriva en la que estamos metidos”.

Macías no cree que la solución sea hacer un referéndum a nivel nacional y preguntar a los españoles por la amnistía. “Para eso habría que cambiar la Constitución y ese cambio exige en determinados aspectos nucleares el mismo consenso que se tuvo en el momento de aprobarlo. Ahora no hay consensos de ningún tipo, sólo la voluntad directa de Sánchez de evitar una repetición electoral que podría generar un gobierno de fuerzas políticas diferentes. Se trata de permanecer en el Gobierno”.

Subraya que “sabiendo que el principio del Estado de Derecho es nuclear en la UE, debería provocar una intervención desde Europa y la propia Unión exige respeto a los principios del artículo 2 del Tratado de la Unión para poder ser miembro de la UE”. En este contexto, cree que es una buena noticia la carta de Reynders a los Ministros Bolaños y LLop sobre la futura ley de amnistía.

Macias recuerda que “se exige el cumplimiento de esos principios para formar parte de la CE y al servicio de esto está el mecanismo de respuesta y alerta del articulo 7 del Tratado de la UE, que puede llegar a suponer la suspensión de los derechos como miembro, y si la situación no se reconduce podría suponer la separación de la propia UE. Europa no puede quedar indiferente ante esta situación”.

Sobre este escenario, el vocal del CGPJ le pide a Sánchez que salga del callejón sin salida en el que, a su juicio, quiere meter a la democracia española. “La solución es sencilla; pasa por no violar el Estado de Derecho ni de buscar atajos. Se trata de reconducir la acción del Gobierno y el Parlamento a dicho Estado de Derecho. No se trata de inventar nada. Hay que seguir cumpliendo la Constitución del 78”.

La Audiencia Nacional ha imputado a Puigdemont. (Imagen: E&J))

Seguimos a los países del Este

En su opinión, la situación que se empieza a vivir en España recuerda a la de países del Este de Europa con problemas en el Estado de Derecho. “Era algo contenido en esos países, pero que ese virus surja por el Sur de Europa debe generar a la UE cierta preocupación y advertir de la gravedad de la situación en estos momentos”.

De forma paralela, destaca la actuación de la justicia, tanto la Audiencia Nacional, con el auto del juez García Castellón que imputa al propio Puigdemont, como del propio Tribunal de Cuentas, que ha fijado una vista para el próximo 17 de noviembre donde reclama al líder catalán 5,3 millones de euros por posible malversación de fondos públicos.

A juicio de este vocal del CGPJ, “son actuaciones que fluyen ahora tras muchos mes de investigación, pero es que los problemas de nuestra justicia generan esta lentitud en algunos procedimientos. Al mismo tiempo, llama la atención que después del 23 de julio cambió de la fiscalía de la Audiencia Nacional sobre los hechos del procés que antes fueron calificados como de terrorismo”.

Para Macías, “quizás aquí nos falte cierta cultura democrática para entender que la labor de los jueces es independiente. Me gustaría que tuviéramos esta cultura de nuestros hermanos portugueses, que han investigado a su presidente del Gobierno y no se pone en cuestión el trabajo de sus jueces a este respecto”

Desde su punto de vista, “intentar buscar vínculos entre estas actuaciones de nuestros jueces con los acontecimientos actuales es otra fórmula para buscar desacreditar al Poder Judicial sin ningún motivo”.

Al mismo tiempo, reconoce que hay cierta expectación por las próximas actuaciones del nuevo letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, que ya ha tomado posesión, que estaba en activo en el Ministerio de la Portavoz de Gobierno y que tendrá que validar la futura ley de amnistía. “Habrá que seguir de cerca su actuación porque la Mesa del Congreso en 2021, ante la proposición de ley de ERC, dijo que no era constitucional”.