Jueces y fiscales arremeten contra Montero por sus críticas a la absolución de Alves: «En un país serio hubiera sido cesada»

«Las declaraciones de María Jesús Montero sobre el caso Alves suponen pasar ya todos los límites. En un país serio hubieran provocado el fulminante cese en sus responsabilidades públicas». Así lo declara a Economist & Jurist María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) sobre las críticas de la vicepresidenta del Gobierno a la absolución del futbolista Dani Alves. 

La ministra ha calificado de «vergüenza» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) que revoca la condena de agresión sexual y ha cuestionado que la presunción de inocencia prevalezca sobre el testimonio de mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas.

Para la presidenta de la APM, la asociación mayoritaria de jueces, tales declaraciones suponen «desconocer el derecho a la presunción de inocencia como un derecho fundamental, reconocido en la declaración universal de los derechos del hombre, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 24 de nuestra Constitución», así como desconocer «qué es una democracia, los derechos y libertades que se tutelan en nuestra Constitución y lo que separa la civilización de la barbarie, la democracia de la dictadura».

«Quien desconoce los derechos de los ciudadanos no puede tener una responsabilidad política en un país democrático, y cuando alguien no es cesado, debería tener la responsabilidad de marcharse y dimitir», sentencia.

María Jesús del Barco señala que «por desgracia, en este país ya nos hemos acostumbrado a escuchar a miembros del Gobierno atacar las resoluciones judiciales» cuando afectan al Ejecutivo o personas vinculadas al mismo, llegando incluso a utilizar como  «el altavoz» de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para cuestionar las decisiones de los jueces.

María Jesús del Barco, presidenta de la APM y decana de los jueces de Madrid. (Imagen: Cedida)

Unos ataques ante los que también alzó la voz la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, el pasado mes de diciembre, al tildarse de «complot judicial» las causas contra el Gobierno.

Las asociaciones de jueces y fiscales han publicado este lunes un comunicado conjunto frente a las declaraciones de Montero, en el que piden piden «respeto a la independencia judicial», subrayan la importancia de la importancia de la presunción de inocencia y advierten de que «cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios».

A jueces y fiscales les preocupa que la ciudadanía pierda el respeto a los tribunales porque el poder político es el primero que no los respeta

Además, reconocen la importancia de proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales; destacan que «esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto» e instan a «los representantes públicos a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales».

«Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas, ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el estado de derecho», subrayan.

A jueces y fiscales les preocupa que la ciudadanía pierda el respeto a los tribunales porque el poder político es el primero que no los respeta. Las asociaciones APM, AJFV, JJpD, PCIJ , AF y APIF abordan en este diario este problema, la UPF, por su parte, remite al comunicado.

Jesús Villegas, secretario general de PCIJ. (Imagen: Archivo)

Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), considera que «ante la gravedad del ataque contra los principios más elementales del Estado de Derecho que implican las manifestaciones de la ministra, es urgente que jueces y fiscales salgan a la escena pública para defender los derechos humanos».

«No olvidemos que la presunción de inocencia está reconocida en la declaración de los derechos del hombre. Es más, la jurisprudencia supranacional europea establece el derecho y el deber de los magistrados de manifestarse ante sus conciudadanos cuando la democracia esté en peligro», recuerda Villegas.

En este contexto la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial celebra el comunicado conjunto de las asociaciones, al tiempo que expresa su «preocupación por el declive de las libertades en nuestro país hasta unos límites que nos retrotraen a épocas dictatoriales».

A Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera fiscal, le causan «estupor» las declaraciones de Montero. «Resulta sorprendente escuchar a la vicepresidenta del Gobierno de España, un Estado de Derecho, afirmar que la presunción de inocencia ha muerto y que cede en beneficio de las declaraciones de ciertas víctimas», declara a este diario.

Cristina Dexeus, presidenta de la AF. (Imagen: Archivo)

Dexeus recuerda que «el Estado de Derecho se fundamenta en tres poderes independientes: Un poder judicial independiente que aplica las leyes y los otros dos poderes, que están sometidos al control de éste». A su juicio, «el desgaste al que se está sometiendo al poder judicial por parte del Gobierno y de los partidos en los que se apoya no parece casual y pretende anular al poder judicial, impedir que se pronuncie de forma independiente». 

«Claro que las resoluciones de los tribunales, pueden ser objeto de crítica, pero una crítica razonada, fundada. No puede llegar al nivel del populismo, arrojando dudas sobre el poder judicial y sobre los tribunales, concluye.

Para Edmundo Rodríguez Achutegui, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), las palabras de la vicepresidenta del Gobierno «han sido muy desafortunadas».

«La presunción de inocencia es una de las garantías fundamentales del Estado de Derecho y un derecho fundamental de toda la ciudadanía, que supone que sólo con prueba de cargo suficiente en un juicio con todas las garantías puede haber condena», sostiene Rodríguez, indicando que esa garantía no está reñida con la protección de las víctimas de violencia de género o de delitos contra la libertad sexual, que se trata de ofrecer por instituciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Juzgados de Violencia sobre la Mujer».

Edmundo Rodríguez, portavoz de JJpD. (Imagen: E&J)

Sergio Oliva Parrilla, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), hace hincapié en que «la autonomía del Poder Judicial es un pilar clave del Estado de Derecho y es esencial que tanto las instituciones como los representantes públicos respeten y respalden el trabajo de los jueces, evitando hacer comentarios que puedan socavar la confianza en el sistema judicial».

En este sentido, las recientes declaraciones de la Vicepresidenta Montero son completamente inasumibles en un Estado de Derecho, ya que trasladan un mensaje distorsionado y muy peligroso a la ciudadanía. La presunción de inocencia es un derecho fundamental que garantiza que nadie sea considerado culpable hasta que se demuestre su responsabilidad con pruebas legales y suficientes, lo que asegura la equidad y las garantías procesales en los juicios. No todo vale para obtener réditos políticos.

Como siempre hemos defendido, la protección de los derechos de las víctimas es de gran relevancia, especialmente en casos de violencia sobre la mujer y en los delitos contra la libertad sexual, donde es crucial que las víctimas reciban el apoyo adecuado y que sus testimonios sean tratados con la seriedad que merecen. Sin embargo, esta protección no debe vulnerar los derechos fundamentales de los acusados, y es necesario mantener un equilibrio justo que garantice la justicia para todas las partes. En este contexto, es aún más necesario que los representantes públicos actúen con responsabilidad y mesura en sus declaraciones, particularmente en relación con decisiones judiciales, ya que comentarios infundados pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y poner en peligro el estado de derecho».

Sergio Oliva, portavoz nacional de AJFV. (Imagen: Archivo)

En el mismo sentido se pronuncia Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Califica de «muy desafortunadas» las declaraciones de la vicepresidenta y advierte que «pueden erosionar el Estado de Derecho y la confianza que deben tener los ciudadanos en los órganos judiciales españoles».

La APIF se ha unido al comunicado conjunto de todas las asociaciones judiciales y fiscales fundamentalmente porque entiende que las resoluciones judiciales son criticables, pero «no es admisible que la crítica no se haga con el respeto que requiere la independencia del poder judicial, en definitiva, la separación de poderes, como un pilar esencial de un Estado de Derecho».

Resalta «que el respeto al principio de presunción de inocencia es una pieza clave en el procedimiento penal y es un derecho fundamental que deben garantizar y preservar todos los tribunales».

Miguel Pallarés, presidente de la APIF. (Imagen: E&J)

A Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), le parece «increíble» que la vicepresidenta «haya arremetido contra uno de los pilares de todo Estado Democrático y de Derecho, como es la presunción de inocencia, obviando de esta manera el papel de jueces, fiscales y tribunales que, según parece, no serían necesarios. «Si basta con la denuncia, para qué queremos procesos judiciales, para qué queremos jueces», plantea Portillo, quien considera «una tremenda irresponsabilidad lanzar desde el estrado público mensajes que confunden la necesaria lucha por la igualdad con el sacrificio de los derechos humanos». 

«No hay incompatibilidad alguna en ello y, de hecho, toda reivindicación de progreso se construye sobre los derechos y libertades fundamentales, no a pesar de ellos», declara el presidente de FJI. Además, señala que «cualquier movimiento que, en pos de un fin superior, relaje la protección de los derechos humanos se sitúa al margen de los estándares democráticos, y cualquier declaración política que haga bandera de ello es, consiguientemente, profundamente antidemocrática».

A Portillo le da por pensar que «éste y otros exabruptos se han expelido sin haber leído la sentencia, que califican de ‘vergüenza’ cuando, en realidad, es muy respetuosa con la víctima, mucho, pero claro, también lo debe ser con los derechos humanos». «Atacar decisiones judiciales sin haberlas leído es como opinar de una película sin haberla visto, solo porque te han contado el final», concluye.

Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) y magistrado decano de los juzgados de Melilla. (Imagen: Cedida)