Justicia cita a los sindicatos de funcionarios este martes tras anunciar éstos que iban a denunciar a Llop ante la Fiscalía del Supremo

Cuarenta días después de la última reunión, que acabó sin acuerdo y con reproches mutuos, el Ministerio de Justicia y los sindicatos CCOO; CSIF, UGT y STAJ que protagonizan una huelga de seis semanas, la última semana de corte indefinida volverán a reunirse este martes en la sede del Ministerio, un día que puede ser clave en este conflicto.

Las organizaciones sindicales, que reclaman mejoras salariales importantes porque consideran que realizan actividades en la nueva oficina judicial que no se les retribuyen, se han encontrado con que el adelanto ha hecho decaer muchos proyectos de ley entre ellos la propia Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, caballo de batalla del colectivo porque no contempla sus puntos de vista y podría amortizar muchos puestos de trabajo con los nuevos tribunales de instancia.

El cambio de opinión del Ministerio de Justicia, que solo ha mantenido contactos con los huelguistas para modificar los decretos de servicios mínimos, el último del pasado 1 de mayo, ha venido provocado por el anuncio de los sindicatos que denunciarían a Pilar Llop, ministra de Justicia y a Tontxu Rodríguez, secretario de Estado, ante la Fiscalía del Supremo por incumplir el RD 17/1977 que recoge la necesidad que las partes se sienten a negociar una vez la huelga en marcha.

La última reunión entre ambas partes se produjo el pasado 24 de abril y terminó sin acuerdo ante la falta de propuestas firmes de los ministerios de Justicia y el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Desde entonces, el panorama ha cambiado mucho. Se salía de la huelga de los LAJs, que acabó con acuerdo el 28 de marzo; jueces y fiscales lograban arrancar un pacto tras cinco jornadas de negociación y con la amenaza de una huelga que no cumplieron, mientras que los funcionarios eran ignorados a lo largo de la última semana de abril y todo el mes de mayo.

El Ministerio parecía no tener en cuenta las manifestaciones en Madrid, la primera el 19 de abril, donde la serpiente multicolor de funcionarios procedentes de toda España circuló entre el Ministerio de Justicia y sus aledaños y la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Igual pasó hace una semana, cuando otra manifestación de los cuerpos generales de Justicia reclamaba una negociación que no llegaba. Ahora, parece que esa negociación se va a producir el próximo martes.

En este contexto, el alcance de la huelga general ha ido creciendo y el conflicto radicalizándose ante la falta de dialogo del equipo ministerial, algo que ya también pasó en la huelga de los LAS. Pese a las declaraciones públicas de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, el 5 de mayo, donde señalaba que la reunión con los funcionarios sería pronto, ha tenido que pasar un mes para el próximo encuentro.

Rueda de prensa de Comité de Huelga. (Foto: E&J)

El adelanto electoral despierta alarma

Fuentes consultadas por Economist & Jurist consideran la reunión del martes clave para el desarrollo del conflicto. Al final, con un Gobierno casi en interinidad, sólo quedan dos opciones. La primera es que se cierre la negociación con un acuerdo salarial que satisfaga a los funcionarios, con un montante de 220 millones de euros, con subidas medias de 430 euros para los 45.000 profesiones.

La otra hipótesis es que en esa mesa formada por Justicia y Función Publica el Gobierno podría descolgarse señalando su falta de competencia en el conflicto por dicha interinidad, de tal forma que la subida salarial quedara pendiente para el próximo Gobierno que saliera de las urnas.

Lo que sí confirman fuentes sindicales es que de momento no se va a seguir con la denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la propia ministra de Justicia y su secretario de Estado. “Vamos a ver qué nos ofrecen. No es el momento de crispar más la situación, pero confiamos en que planteen una propuesta económica para que podamos discutirla”, apuntan.

En medio de este conflicto, la convocatoria de elecciones generales anticipadas realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejaba en suspenso la aprobación en las Cortes de casi 60 normas, entre las que se encuentran las tres leyes orgánicas de eficiencia; la procesal, la organizativa y la digital.

En esta situación de casi interinidad, tanto funcionarios de Justicia, tras un debate interno importante, como los propios inspectores de trabajo y seguridad social, vertebrados en una plataforma sindical, han mantenido sus protestas y huelgas pese a que la autoridad y capacidad de actividad del Gobierno ha bajado sensiblemente en estos días.

Concentración de funcionarios de Justicia en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. (Foto: Comité de Huelga)

Una huelga con paros desiguales

A lo largo de este último mes, la huelga de funcionarios ha tenido un comportamiento irregular con paros que, según los convocantes, rondan el 80%. Una de las principales consecuencias de este paro es que los planes de refuerzo que se estaban elaborando en las distintas Comunidades Autónomas se han detenido porque no se puede cuantificar de manera real la influencia de esta nueva huelga.

Al mismo tiempo, desde algunas Comunidades Autónomas, como Valencia, Andalucía, Aragón o Madrid, han reclamando al Ministerio una nueva Sectorial de Justicia ante la avalancha de aplazamientos que se están produciendo, pero por el momento el Ministerio ha hecho también caso omiso a las peticiones de dichas autonomías.

Las voces del decano del ICAM, Eugenio Ribón, del propio presidente de los procuradores Juan Carlos Estévez, y de las asociaciones de abogados agrupados en la Plataforma Abogacía y Turno de Oficio han pedido que cese la huelga y en el caso de este colectivo que Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, medie en este conflicto que tanto daño está haciendo a la economía de abogados y procuradores.

En este contexto merece la pena señalar la carta que, firmada por Javier Román, decano del Colegio de Abogados de Salamanca y Diego Sánchez, decano del Colegio de Procuradores de la misma ciudad, han enviado al Ministerio de Justicia reclamando una urgente solución al conflicto. “A fecha de hoy, no nos consta ni siquiera que hayan intentado negociar con los propios funcionarios”.

También destacan la labor de estos 45.000 profesionales en los juzgados españoles “cuyo papel es clave en la tramitación de todos los asuntos que llegan a los juzgados, por lo que es esta huelga y no las anteriores las que mantienen colapsados los juzgados españoles”.

En dicha carta recuerdan el “perjuicio que se está ocasionando al ciudadano en la vulneración de sus derechos como justiciables” y denuncian como no admisible “la desigualdad de trato, impropio de cualquier Gobierno, entre la atención de las reivindicaciones de según que estamentos judiciales”

Los decanos firmantes subrayan la situación crítica de algunos despachos de abogados y de procuradores que podrían verse abocados a realizar algún tipo de ERE para poder subsistir en esta situación de falta de ingresos.

Desde esta perspectiva, estos decanos señalan que “ustedes conforman el Gobierno y tienen la obligación, ya no sólo legal, sino también moral de acabar de forma inmediata con esta situación, en otro caso nos obligaría a emprender distintas movilizaciones antes del próximo 23 de julio”.

Otra de las voces que se ha oído es la del decano del colegio de Málaga, Salvador Gonzalez, que ha pedido también a Pilar Llop que se movilice. “Resulta incomprensible que el Ministerio de Justicia no esté trabajando ya en poner sobre la mesa una solución”, afirma. En este sentido, recuerda que la huelga de los letrados de la Administración de Justicia ya hizo una mella importante en lo que respecta a la ralentización de los procedimientos. “Y ahora le sumamos esta otra huelga», añade.

“Nos estamos viendo obligados a comunicar a nuestros clientes que las vistas se están suspendiendo, incluso en la propia puerta de los Juzgados”, se queja González al tiempo que pide, como tantas otras voces una solución urgente a este conflicto. Asimismo, señala que esta situación también está ocasionando un importante perjuicio a los abogados. “No podemos trabajar, no cobramos”, resume.