Justicia habilitará una plataforma ‘online’ que ayudará a ratificar el requisito de procedibilidad de los MASC

Este miércoles el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, reconoció en el Consejo General de Economistas, ante una serie de expertos y medios informativos allí congregados, que faltan más jueces y que con la implementación de dichos tribunales de instancia el Ministerio podrá crear más plazas con menos inversión económica: “Seguiremos invirtiendo en aquellos sitios donde hagan falta más magistrados o funcionarios, pero con menor coste económico”.

En su intervención subrayó que esta reforma “no es un mero cambio de carteles el que se hace con la entrada en vigor de los tribunales de instancia al pasar de 3.931 juzgados unipersonales a 431 tribunales de instancia. Estos tribunales se verán apoyados por las oficinas de justicia en los municipios. Son los antiguos Juzgados de Paz los que pueden apoyar al tribunal de instancia y al ciudadano, que tendría que desplazarse a la cabecera del partido judicial, y ahora va a poder realizarla en esa oficina judicial específica con el uso de las nuevas tecnologías. Se trata que no pierda tiempo en cuestiones varias”.

En cuanto a la polémica generada por los medios alternativos de solución de conflictos, más conocidos como MASC, en los últimos días, Olmedo señaló que “hablamos de métodos extrajudiciales como es la mediación; que pretenden que las partes tengan distinta manera de resolver ese conflicto, junto con la solución judicial, de forma negociada y pactada. De esa forma tiene más posibilidades de cumplirse. Un buen abogado intenta llegar a un acuerdo evitando el pleito, pero no en todos los casos con la negociación directa. Ahora se habla también de la conciliación, de la oferta vinculante o la opinión de un tercero independiente, como posibles soluciones”.

Sobre cómo justificar que se ha presentado este requisito de procedibilidad, el secretario de Estado indicó que “presentaremos esta semana una plataforma llamada ‘el punto de interoperabilidad de los MASC’, de cara a que aquellos procesos que se hayan llevado a cabo a nivel de negociación o conciliación y no sean fructíferos, tienen un acuerdo que si elevan a escritura pública es ejecutable como si fuera una sentencia; pero si no llegan a un acuerdo tendrán que acudir al tribunal de instancia a que les den una solución”. El secretario de Estado aseguró que, “con esta plataforma y un formulario normalizado se podrá acreditar ante el juzgado que se ha intentado utilizar ese MASC”.

Al mismo tiempo indicó que “en la memoria de impacto de la norma se han incluido unas pequeñas unidades MASC donde el ciudadano puede dirigirse para saber cuáles son los sistemas de MASC que puede utilizar en su propio territorio. Para aquellos ciudadanos que tengan reconocida la justicia gratuita esa función estará reconocida también”.

Desde su punto de vista “se trata evitar la judicialización del conflicto como hasta ahora se ha hecho e ir a una solución negociada cuando se pueda. Esta parte de la ley entra en vigor la semana que viene. La Ley, salvo unas excepciones, señala que en el ámbito Civil y Mercantil se obligará a intentarlo por esos MASC. Hay excepciones en derechos fundamentales o menores donde se ha estimado que no hace falta ese requisito de procedibilidad. En el futuro se introducirá en la jurisdicción Contenciosa”.

El propio Olmedo señaló que hay una reforma importante sobre “el sistema de costas. Hasta ahora las costas las pagaba quien perdía el pleito; pero ahora el legislador pide ese intento solido de hacerlo y, si en el pleito si el juez advierte que no se hizo ese intento previo, pese a haber ganado ese asunto, se le impondrán las costas porque se cree que se ha abusado de un servicio público como es la Justicia. Es un cambio fundamental del vencimiento objetivo de las cosas”.

El secretario de Estado cree que la Justicia se va a convertir en un elemento clave para la prosperidad del país. (Imagen: Consejo General de Economistas)

Desarrollo tecnológico

El desarrollo de estas herramientas se ampara en normas que gestionan este tipo de actuaciones. Para eso se aprobó el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, donde se aprobaban una serie de medidas urgentes. No obstante, es una norma que la abogacía ha denunciado en algunas ocasiones, ya que las herramientas no funcionan bien.

“Es el caso del pleito testigo de la jurisdicción Contenciosa a la Civil para temas iguales. Con los tribunales de instancia queremos evitar que una demanda se resuelva en tres meses y otra en tres años. Seguimos el ejemplo de la oficina judicial implantada en el 2010, no en todas las jurisdicciones, pero así se quiere funcionar”, apuntó Manuel Olmedo.

Sobre el Real Decreto-ley 6/2023 indicó que hay un cuerpo normativo claro que define qué actividades pueden tener un desarrollo tecnológico y cuáles tienen que hacer de forma presencial “como hasta ahora”.

Olmedo adelantó que “se pondrán en marcha campañas de sensibilización para que el ciudadano sepa lo que son los tribunales de instancia, donde se buscan plazos de respuesta para todo el mundo. Al mismo tiempo se pondrá en marcha un plan de formación para todo el personal de Justicia, tanto presencial y como online. Y, los altos cargos del Ministerio estamos haciendo una labor de explicación de este proyecto que cambia la Justicia de manera radical”.

El secretario de Estado, invitado por Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, hizo estas afirmaciones en el transcurso de una conferencia con el llamativo título de ‘la justicia que todos queremos: eficiente, sostenible y cercana’. En su intervención indicó que “ahora con estos tribunales de instancia, Justicia podrá saber dónde están los cuellos de botella”. “Iremos viendo si necesitamos más funcionarios o más jueces y lograremos unificación de criterios en primera instancia, que es necesario en estos momentos, eso ayuda a buscar un acuerdo previo”.

A su juicio la transformación de este modelo de Justicia “debe ser uno de los motores de nuestra economía. Así se aprobó la Ley 16/2022 que transponía la directiva correspondiente para acudir a estadios preconcursales y de Segunda Oportunidad para lograr a la exoneración del pasivo insatisfecho. Hemos aportado herramientas digitales para los procesos de liquidación y la venta de unidades productivas. La plataforma Plavi permite la venta de activos en tiempos pequeños”.

En este sentido, Manuel Olmedo recordó la aprobación del Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR), “útil para lucha contra el blanqueo de capitales y que permite trazar quién es el titular en último extremo de esos activos y quién tiene su titularidad real. Registro alineado con los otros europeos e interconectado al mismo tiempo con ellos”.

Olmedo cree que los MASC ayudarán a resolver las cuestiones con más calidad. (Imagen: Pool de Medios/Raúl Salgado Moncloa)

Faltan jueces

En su opinión la falta de jueces es evidente, pese a que la inversión española en Justicia está en la media europea. Este martes la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, pedía más medios y jueces para implementar este despliegue en las jornadas de Audiencias Provinciales de Canarias. Previamente lo pidieron las asociaciones judiciales y los jueces de violencia de género.

Sobre los problemas detectados habló de que unos trabajos de Justicia realizados en el 2020 habían señalado como endémicos de la organización desfasada en primera instancia, que viene del siglo XIX. Esa pequeña organización de juzgados unipersonales se creó en el año 1835, pero en el transcurso del tiempo se ha visto que no funcionaba.

Sobre la segunda cuestión, el exceso de litigiosidad, cree que España puede compararse con países como Francia e Italia. A este respecto Olmedo confirmó que en nuestro país se invierte en Justicia al igual que la media europea, según el Barómetro de la Justicia de la Comisión Europea. Ante esta situación en ese momento se aprueba en el 2020 un proyecto a 10 años, con el objetivo de lograr una justicia del siglo XXI centrada en las personas; una justicia “ágil y eficaz y que dé certezas y respuestas uniformes a respuestas semejantes”.

Para Olmedo este ‘Plan 2030’ —que ha sido consensuado con las comunidades autónomas con competencias transferidas, CGPJ, Fiscalía, entidades locales, así como abogacía, procura y graduados sociales, y con los economistas— tiene tres objetivos. “Es la cogobernanza que debe ir junto a la corresponsabilidad, que es clave para tener un país moderno con una justicia ágil que ayude a crear riqueza, tiene dos elementos claves”.

“El primer problema es reformar la organización actual, que es nefasta y que debe adaptarse a la realidad actual. Así se trata de transformar los juzgados unipersonales en unas estructuras más modernas llamadas tribunales de instancia. A nivel externo hay que facilitar ese acceso a la justicia en unos tiempos de repuesta adecuado, donde el ciudadano entienda las resoluciones judiciales. Junto a ello debe ser un elemento transformador de nuestro país”.

El secretario de Estado desmintió que esta reforma se vaya a hacer a coste cero, como han dicho muchos de los operadores jurídicos consultados por este medio de comunicación, entre ellos el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, que detectaba un coste no previsto de unos 40 millones de euros. “Hay que recordar que tenemos una inversión en justicia que los analistas internacionales sitúan en la media europea”, apuntaba Olmedo.

El secretario de Estado, Manuel Olmedo, entre Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, y Alberto Velasco, secretario técnico del REFOR. (Imagen: Consejo General de Economistas)

Hay fondos europeos

Al mismo tiempo, destacó que desde los fondos Next Generation de la Unión Europea se han destinado 470 millones de euros a esa transformación, una cantidad que se repara en la sectorial de Avilés del 2022 entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. “Los compromisos con Europa se cumplieron en diciembre del 2023. Ahora hay que ejecutar dichos proyectos antes del 31 de diciembre del 2025. De ese dinero hay 60 millones para mejoras energéticas de los edificios; el resto es para mejoras tecnológicas de cara a que nuestros sistemas procesales puedan adaptarse a estos tribunales de instancia”.

La mejora de la justicia cristaliza en tres leyes: una procesal, otra organizativa y una tercera digital, que obliga a las empresas a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, y en el caso de la persona física es una opción. “Lo que se pretende es reducir las brechas que se puedan generar con esta digitalización. A nivel de ciudadanos hay algunos que no saben relacionarse de esa manera tecnológica, con lo cual hay que mantener la presencialidad en estos contextos”.

Con la llegada de los tribunales de instancia Olmedo indicó que los jueces trabajan de forma casi colegiada, “la misma en todo el territorio nacional atendidos por una oficina judicial amplia formada por distinto servicios comunes, uno general de recepción de las demandas, atestados y escritos; otro de tramitación hasta que se dicta la sentencia; y otro servicio común de ejecución que persigue hacer efectiva esa decisión en cualquier orden jurisdiccional”.

Dentro de ese tribunal de instancia habrá distintas áreas “Civil, Social, Contenciosa y Penal. El equipo de ejecución es especializado, igual para una multa que una sentencia, eso supone tener una respuesta única y más rápida. En ciudades grandes como Madrid tendremos equipos en Civil que hagan monitorios, desahucios o cláusulas suelo; temas de gran litigiosidad. Los presidentes de esos tribunales, antiguos jueces decanos, podrán convocar a las juntas de jueces para lograr unificación de criterios”.

En definitiva, pese a las críticas de los operadores jurídicos ante este cambio hacia los tribunales de instancia, Olmedo ha destacado que la llegada de los tribunales de instancia “favorece y posibilita una Justicia más próxima y accesible que abre un nuevo cauce, más veloz y eficaz, que propiciará una mejor satisfacción de los derechos de la ciudadanía”. El tiempo nos dirá si acertó en su diagnóstico.