La Abogacía de Málaga da un paso al frente y modifica sus criterios orientativos de costas para adecuarse al Supremo

“Los colegios de abogados tenemos que tomar decisiones y no crear problemas a nuestros colegiados”, aclara Salvador González, decano de la Abogacía de Málaga, cuando explica a Economist & Jurist que en la Junta de Gobierno de esta tarde se ha acordado aprobar nuevos criterios orientadores en materia de tasación de costas y jura de cuentas.

La medida entrará en vigor de forma inmediata esta tarde y todos los colegiados de la corporación malacitana recibirán el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno con un enlace a estos nuevos criterios orientativos. “No podemos perder más tiempo y tenemos que dar seguridad jurídica a nuestros colegiados y proteger los derechos de los justiciables”, apunta el decano.

En los últimos días, las reuniones de la Junta de Gobierno se han multiplicado con el fin de ajustar dichos criterios orientadores. Hace 48 horas, Álvaro Perea, letrado de la Administración de Justicia, aportaba más luz a esta compleja cuestión con una ponencia que siguieron de forma online abogados de toda España. En su amplia exposición volvió a recoger el concepto de seguridad jurídica y a mencionar cómo el TJUE en varias sentencias hablaba de cierta compaginación entre la fijación de honorarios a tiempo alzado y el interés general.

Salvador González explica que “pese a que pensamos que nuestros criterios actuales de tasación de costas no influyen en la libertad de competencia ni en el mercado de la abogacía, uno de los más competitivos de nuestra economía, hemos hecho un esfuerzo por adaptarnos a los fundamentos jurídicos de las sentencias del Supremo de 19 de diciembre, Las Palmas y 23 de diciembre relacionada con el Colegio de la Abogacía de Madrid”.

Desde su punto de vista, sus criterios ya tenían relación con lo que señala el Tribunal Supremo en esas sentencias “donde se valora para la imposición de la misma, la intensidad del trabajo, su dificultad, las fases de los procedimientos que se han abortado, la complejidad del procedimiento, todo ello lo tenemos en esos criterios orientativos”.

Salvador González, decano de la Abogacía de Málaga (Foto: Abogacía de Málaga)

El decano recuerda que dichos criterios ya tienen una antigüedad de unos 25 años “en ese periodo de tiempo han tenido cierta evolución, al principio eran criterios de honorarios, luego pasaron a criterios orientativos de horarios y hace ya algunos años se quedaron ya en unos criterios solo a los efectos de tasación de costas y de jura de cuentas”.

En este contexto, subraya que “hace ya muchos años que no tienen ninguna alusión ni a contratos ni a actividad prejudicial ni a nada relacionado con estos temas. Son criterios relacionados con las costas y esos criterios se estaban aplicando. En nuestro Colegio no hemos tenido hasta el momento ningún requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Ahora bien, nuestros criterios partían de cuestiones generales donde se hacía alusión a que esos honorarios para tasaciones de costas tenían que ser razonables, calcularse de una forma moderada y en función del trabajo, responsabilidad. A partir de ahí concretábamos lo que dice el Supremo en tablas base por resultados unívocos”.

Apostar por criterios más generales

La idea que ha aprobado la Junta de Gobierno esta tarde es: “Vamos a quedarnos con los criterios generales, vamos a limpiarles de algún porcentaje para que no haya ninguna cuestión cuantitativa. Y a partir de ahí vamos a ponerlos en marcha”.

Salvador González destaca que “cuando creamos estas tablas porcentuales tenían que ver con el trabajo que requiere un asunto, con los importes de esos procedimientos. La idea es hacer una reflexión interna antes de establecer esos porcentajes. Hay que destacar la cuantía, la dificultad del asunto entre otras cuestiones”.

La Abogacía de Málaga ha aprobado los criterios generales “para seguir emitiendo los dictámenes de costas y de jura de cuentas que demandan nuestros compañeros colegiados. No podemos olvidar que etas tasaciones de costas las hacen los letrados de la Administración de Justicia, ahora en huelga indefinida”.

Otra cuestión que indica el decano es que “lo que vamos a hacer en un segundo término de manera simultánea es preparar unos criterios algo más detallados que pueden ser más útiles. Por supuesto que cuando estén configurados lo consultaremos con la CNMC y cualquier administración que muestre interés

Respecto a lo que hizo el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), que ha cambiado los baremos, señala que “Barcelona lo hace en medio de un procedimiento sancionador y dentro de una negociación y en ese contexto se valida por Competencia dichos criterios”.

El decano malacitano recuerda que “nosotros no tenemos abierto ningún expediente, pero lógicamente en un trámite oficial u oficioso sí que haremos por presentarlos y que sean validados”

En cuanto al mensaje que quiere enviar a todos los colegiados de esta entidad, González recuerda que “estamos dispuestos a resolver las dudas que les surjan cuando conozcan ya estos nuevos criterios orientadores. Queremos que tengan la tranquilidad suficiente para que hagan sus minutas como hasta ahora lo venían haciendo. Ahora hay que tener los criterios tal como señala el Tribunal Supremo en estos fallos que acabamos de conocer”.

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Foto: E&J)

Un ejercicio de responsabilidad

Desde su punto de vista “es previsible que el resultado final que se logre con la aplicación de estos criterios más generales no difiera mucho de lo que se viene haciendo. Cuestiones como la dificultad del asunto, el trabajo realizado o la importancia de los intereses en litigio son claves”.

De cara al futuro, reconoce que el Colegio hará un esfuerzo para “que sean principios más generales. Sin embargo, los resultados no serán diferentes. Hay un abogado en cada parte del asunto y a nadie le interesa que las cuantías sean desproporcionadas o altas”.

Al final, Salvador González cree que “todas las partes implicadas hacemos un ejercicio de responsabilidad para que estas tasaciones sean razonables. La jurisprudencia lo ha dejado claro, las costas son del cliente y los honorarios del abogado no tienen que ver con ellas”.

Respecto a si esta iniciativa puede generar un efecto llamada en otros colegios de abogados, nuestro interlocutor indica que “hay un diálogo importante entre las entidades colegiales por la situación inesperada creada por estas sentencias del Supremo. No sabemos la solución que darán en otros colegios, pero seguimos en contacto por este tema”.

El abogado malagueño explica que ha hecho todas las consultas que ha tenido en su mano antes de tomar esta decisión, “tanto a nivel de administración como altos cargos de Competencia. Hemos analizado bien la sentencia, recabado las opiniones del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el propio CGAE; pero era ya el momento de actuar”.

Salvador González tiene claro que la obligación de su entidad colegial es seguir emitiendo dictámenes, ahora más próximos a las tesis del Tribunal Supremo expuestas en dichas sentencias de diciembre.

“Nuestros colegiados tendrán acceso a esos criterios generales que ya teníamos, con lo cual se puede aplicar a los procedimientos en curso. Cuando estos criterios se hicieron ya tenían unos parámetros que ahora tienen en cuenta el Tribunal Supremo”.

“Junto a ello teníamos unos criterios específicos en cada procedimiento que ofrecía una respuesta unívoca y daban seguridad jurídica a las partes sobre cuál era el riesgo que asumían. Pero si no puede ser algo tan matemático tendrá que ser algo más generalista. Esperemos que no genere dificultad con nuestros colegiados”.