La abogacía habla: “El ex decano del ICAMÁLAGA defendió a sus colegiados frente a órdenes que no garantizaban ni mínimamente la salud y la vida”

Como ya es sabido, el ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara Peláez, ha sido recientemente procesado por un supuesto delito de desobediencia previsto en el art. 556.1 del Código Penal.

En síntesis, el Juzgado de Instrucción n.º 6 de Málaga le acusa de dicho delito al suspender, allá por mayo de 2020, la asistencia presencial de los letrados de turno de oficio por una supuesta falta de medidas de seguridad.

A pesar de que el ex decano contó con el apoyo de su Junta de Gobierno, el instructor indica ahora que el mismo desobedeció un requerimiento judicial “de modo consciente y a sabiendas de su deber de cumplimiento”.

En plena pandemia, Lara decidió anteponer la salud de los abogados ya que en esas fechas se sabía muy poco de la enfermedad y la escasez de equipos de protección individual era evidente.

Después de conocerse el procesamiento, toda la abogacía española se ha volcado con el ex decano y su Junta. De hecho, el palmario apoyo es tal que se ha convocado una manifestación en Madrid el próximo 3 de diciembre para hacer aún más visible el respaldo a Lara.

La abogacía habla (I/II)

Ahora sí, puestos en contexto, la Redacción de Economist & Jurist estimaba oportuno alejarse de los protocolarios (y necesarios) comunicados oficiales y plantear a voces autorizadas de la abogacía española cuál es su parecer respecto al procesamiento del ex decano del ICAMÁLAGA.

• En primer término, Salvador González Martín, decano del Colegio de Abogados malagueño desde octubre del pasado año, recalca el inédito escenario sanitario al que se tuvo que enfrentar su antecesor:

“Lamento la situación por la que está pasando el anterior Decano. La verdad es que le tocó vivir unos momentos muy difíciles para los que ni la sociedad, ni ninguno de los que tuvimos que tomar decisiones que afectaban a terceros estábamos preparados”, razona.

Salvador González Martín. (Foto: Economist & Jurist)

“Desconozco los detalles de lo ocurrido el 6 de mayo y del procedimiento, pero estoy convencido de su buena intención”, agrega González Martín.

“Desde que se conoció el inicio de la investigación en el seno de unas Diligencias Previas le mostré mi apoyo personal.  Su actuación al frente del Colegio en aquellas fechas, más allá de su acierto o desacierto, le está ocasionando un daño personal que es digno de todo el apoyo que podamos darle. Sabe que tiene mi apoyo. De hecho, hemos puesto a su disposición una defensa letrada que se ha visto reforzada por la participación de la Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española”, concluye.

• En segundo lugar, Nielson Sánchez-Stewart, decano emérito de la corporación colegial malagueña, subraya la finalidad última de la decisión de Lara Peláez.

“No he tenido acceso al auto que afecta a Javier Lara. No puedo por eso dar una opinión fundada al respecto. Sólo manifestar que me sorprende que se pronuncie sobre un hecho que tuvo lugar hace un año y medio en circunstancias trágicas e inquietantes muy distintas a las actuales. Estoy seguro de que el Decano actuó guiado por su espíritu de servicio y defensa a los compañeros”, razona Sánchez-Stewart.

• En tercer lugar, Mariola Barón Quintero, portavoz y vocal de la Junta Directiva de la Asociación en Defensa de los Derechos de la Abogacía (DEFENDA), recuerda el necesario distanciamiento físico que se aconsejaba en cualquier gestión o acontecimiento social en aquellos inicios de propagación del Covid-19.

En palabras de Barón Quintero, “el procesamiento del ex decano del ICAMÁLAGA es un acto que no se adecua a las circunstancias de espacio tiempo y lugar que se vivió en ese momento y que de considerarse, no nos llevaría a imputar ese delito de desobediencia”.

“La Abogacía en general y especialmente en Andalucía estaba abandonada a su suerte, sin dotación ni medios suficientes para atender el servicio de Guardia en las comisarías y juzgados, y en unas condiciones que en modo alguno garantizaban la seguridad y salud de los Letrados”, advierte.

“El Sr. Lara como Decano del ICAMÁLAGA y garante y responsable de sus colegiados, su salud y sus vidas, tomó la decisión de suspender el servicio de guardias hasta en tanto no se desarrollará con los medios pertinentes, espacios adecuados, mascarillas para todo el mundo y las condiciones necesarias de aislamiento entre personas a fin de garantizará la mínima posibilidad de contagio. No podemos olvidar que esto sucedió cuando el virus estaba en su fase más virulenta y eran miles los muertos por días, cuando las mascarillas escaseaban, cuando no había vacunas y cuando cualquier gestión médica, o administrativa estaba precisamente vetada de contacto físico por ese desconocimiento inicial, y la gran virulencia”, recuerda la portavoz de DEFENDA.

“El Sr. Lara pudo entender que era un Estado de necesidad defender a sus colegiados frente a órdenes que no garantizaban ni mínimamente la salud y la vida”.

En opinión de la representante de la Asociación, “es desproporcionado, es contrario a la legalidad e incluso existe injerencia de vulneración de principios básicos y fundamentales como es el respeto a la vida y a la salud”.

“Podríamos estar ante un abuso de derecho con absoluto desprecio a la vida humana y a un colectivo profesional”, concluye.

La abogacía habla (II/II)

Tras apreciar que la opinión, el aliento y el apoyo de la abogacía es unánime en favor del ex decano del ICAMÁLAGA, esta Redacción le ha planteado a los mismos protagonistas si, a su juicio, este extraordinario acontecimiento podría genera una brecha, un distanciamiento o cierta desconfianza entre el sector de la Abogacía y la Judicatura.

• En primer lugar, el actual decano de la repetida corporación malagueña, Salvador González Martín, reconoce, como no podría ser de otra manera, su plana confianza en la Justicia y en la pronta solución de este incidente.

“Desde luego, espero que no sea así. Hoy, todos queremos que las consecuencias de la pandemia terminen y este proceso también es una consecuencia de la maldita pandemia. Confiamos en la Justicia y en un pronto archivo de la causa”, valora.

De hecho, “recientemente se ha firmado un convenio de buenas prácticas entre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, que supone una mejora en la relación entre operadores jurídicos y puede ayudar a acercar y generar confianza. No recoge todas las aspiraciones de la abogacía, pero creemos que es el camino”, añade.

• En segundo término, Nielson Sánchez-Stewart es tan conciso como claro:

“Las relaciones entre la Judicatura y la Abogacía institucional es buena. Sin embargo, la relación entre jueces y profesionales de la Abogacía es mejorable”.

Nielson Sánchez-Stewart. (Foto: Economist & Jurist)

Aun así, “no creo que este incidente vaya a empeorar las cosas: una golondrina no hace verano por muy grande que sea la golondrina”.

• Por último, Mariola Barón Quintero subraya el carácter aislado de este desgraciado acontecimiento.

“Entendemos que no, y así lo queremos considerar, existen muchos jueces, grandes profesionales y humanistas que respetan el trabajo de los Letrados, entendemos por los antecedentes personales del caso concreto entre juez y procesado que existía algún desencuentro y que el auto de procesamiento es la respuesta a ello, prevaleciendo el carácter subjetivo y personal en el conflicto por encima lo estrictamente legal y humano”

“Desde DEFENDA no lo queremos ver cómo una brecha y si como una situación aislada”.

Entendemos que “el buen funcionamiento de la Justicia se tiene que asentar sobre otros pilares y este es el respeto y la consideración a todos los operadores jurídicos”, atestigua la portavoz de la Asociación.