La Abogacía hace un llamamiento para un pacto de Estado por el futuro de la Justicia

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha mantenido una reunión durante el XIII Congreso de la Abogacía en la que ha aprobado un documento donde hace un llamamiento para un pacto de Estado por la Justicia, un idea, la del pacto, que ya lanzó la presidenta de la institución, Victoria Ortega, en la inauguración del congreso.

Comienza el documento estacando que “en un Estado social y democrático de Derecho es imprescindible contar con una Justicia de calidad que trasmita credibilidad y confianza a la ciudadanía en la tutela y defensa de sus derechos e intereses legítimos. Sin Justicia no hay democracia y no hay libertad. Por ello, resulta evidente que La Justicia es una cuestión de Estado”.

Partiendo de esta base, señalan que “desde hace tiempo y de una forma más acuciante hoy en día, la Justicia sufre una grave crisis reputacional en la que se multiplican los conflictos, se cuestiona su independencia, y no se procede a la normal y legalmente prevista renovación de sus órganos de gobierno”. Esto está llevando a un deterioro en el funcionamiento de la justicia y de su imagen institucional que provoca “una grave afección a la ciudadanía, que ve cómo existen miles de procedimientos paralizados y unos tiempos de respuesta que no resultan asumibles”.

Recuerda la Junta del CGAE que “desde hace muchos años, la Abogacía ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar de forma definitiva una reforma profunda y duradera de la Justicia, como verdadera solución de los problemas de la ciudadanía y la sociedad y ha tratado, siempre de manera proactiva, de impulsar un gran Pacto de Estado que exige, por su naturaleza, una firme voluntad de acuerdo que deje al margen cualquier tipo de interés político-partidista y/o corporativo”.

Victoria Ortega (Foto: CGAE)

Con todo, entienden que se hace necesario abordar y resolver los problemas puntuales y las legítimas reivindicaciones de quienes intervienen en la administración de justicia. En la pirámide de estas reivindicaciones se encuentra “conseguir una mejora en las condiciones en las que se presta el turno de oficio”, sin que ello signifique “ocultar u olvidar la imperiosa necesidad de abordar todas y cada una del resto de cuestiones de fondo que permitan transformar nuestro sistema de justicia, en un sistema moderno, creíble y reconocido como un servicio público de calidad, capaz de generar confianza en la ciudadanía”.

Señala el documento que “nuestra Constitución prevé el ejercicio de la defensa por abogadas/os para obtener una tutela judicial efectiva sin indefensión”. Asimismo, destaca que “el Estatuto General constituye a la Abogacía en garante de los derechos y libertades de las personas y nos atribuye a los abogados y a las abogadas el deber de velar siempre por los intereses de aquellos cuyos derechos y libertades defendemos con respeto a los principios del Estado social y democrático de Derecho constitucionalmente establecido”.

Teniendo esto en cuenta, señalan que “ni podemos ni queremos mirar para otro lado y, desde nuestra responsabilidad como Abogacía, pedimos a cuantos intervienen en la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia, Consejerías de las Comunidades Autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, grupos políticos, jueces, fiscales, letrados y personal al servicio de la Administración de Justicia, procuradores y otros profesionales de la Justicia, un esfuerzo de responsabilidad y de generosidad, para alcanzar, entre todos, con participación también de los sindicatos, consumidores y otros colectivos ciudadanos, un gran Pacto de Estado que nos permita disponer de una Administración de Justicia que preste el servicio de calidad al que la ciudadanía y la sociedad en su conjunto tienen derecho”.

A partir de estos planteamientos, el documento difundido por el CGAE detalla qué debería incluir ese pacto de Estado:

• Abordar un cambio profundo de organización y de actitud de la Administración de Justicia y, sobre todo, “que cuente con un compromiso político que permita realmente construir y ofrecer un servicio público, que tiene por destinatarios finales a toda la ciudadanía, la protección de sus derechos y libertades”.
• Todas las medidas que puedan adoptarse tienen que ir encaminadas a “una mejora permanente en la calidad de las resoluciones judiciales, para que la respuesta que reciba la ciudadanía sea justa en un tiempo adecuado”.
• Debe incluir “mecanismos que fortalezcan la credibilidad en todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales, en sus órganos de gobierno y en las instituciones relacionadas con la Justicia, con una exigencia fundamental de respeto a la independencia judicial”.
• Mejora de los “mecanismos de coordinación de cada una de las instituciones y administraciones con competencias en la Administración de Justicia y los mecanismos de participación de quienes intervenimos en ella y de la ciudadanía destinatarios del servicio público”.
• Mejora del Gobierno de la Justicia, “garantizándose la independencia en el ejercicio de su función al Consejo General del Poder Judicial, con la finalidad de conseguir una cierta y real despolitización de la justicia”, además de garantizar una presencia más proporcional y representativa de la Abogacía conforme al espíritu del artículo 122 de la Constitución Española”.
• Revisión del marco legal del sistema de justicia gratuita “de forma que garantice, estrictamente a la ciudadanía que carecen de recursos económicos, un servicio de calidad, con profesionales debidamente formados”. Asimismo, debe certificar “una digna compensación a la Abogacía que ampare todas las actuaciones efectuadas por designaciones de Oficio.

Concentración de abogados del Turno de Oficio en Madrid. (Foto: E&J)

• Mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia “racionalizando los métodos de trabajo y revisando su organización territorial y funcional, mediante una transformación estructural que supere el marco actual”.
• Impulso de mecanismos alternativos de solución de conflictos (mediación intrajudicial, conformidades, arbitraje) fomentando la cultura del acuerdo.
• Previsión de inversiones para abordar todas las reformas estructurales que la Administración de Justicia necesita en ámbitos tecnológicos, organizativos y de recursos humanos.
• Conseguir la implantación efectiva e inmediata en todo el territorio del expediente judicial electrónico, con el que puedan interactuar todos los intervinientes en el proceso y posibilite trámites on-line para la ciudadanía.
• Reconsideración del conjunto del sistema legal de recursos, armonizando, en lo posible, los trámites y requisitos en todos los órdenes jurisdiccionales y generalizando la segunda instancia como garantía efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía.
• Culminar la promulgación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoja un moderno sistema de instrucción y “un enjuiciamiento adaptado a las exigencias jurídicas constitucionales e internacionales, homologable a los países de nuestro entorno”.
• Revisión de los procedimientos, “con tendencia a la uniformidad, la simplificación, la flexibilidad y el antiformalismo, y la reconsideración del criterio de imposición o condena en costas a fin de que el principio del vencimiento no suponga una limitación en el acceso real a la tutela judicial efectiva”.
• Mejora de la ejecución de las resoluciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales, dotando a la Administración de Justicia de todos los medios de los que otras Administraciones disponen para su ejecución.
• Revisión del actual sistema de acceso a la Abogacía a fin de garantizar la acreditación de las habilidades prácticas precisas para el ejercicio profesional, así como la actualización de la formación profesional permanente y especializada.
• Que posibilite la conciliación de la vida personal y familiar de todos cuantos intervienen en la Administración de Justicia, sin merma de los derechos de los justiciables.