La Abogacía pide un cambio urgente de la Ley de asistencia jurídica gratuita para incluir la violencia sexual

La Abogacía ha instado al Gobierno para que en el plazo de un año haga una modificación de la Ley de asistencia jurídica gratuita e incluya la violencia sexual cumpliendo el mandato de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de las XI Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, que se han celebrado ayer y hoy en Granollers, bajo el lema “Ni un paso atrás contra la violencia de género”.

Además, se ha recomendado a todos los órganos jurisdiccionales que cumplan con la aplicación de la perspectiva de género en la toma de decisiones. Por tanto, si hay un encausado en un proceso penal por violencia de género, en virtud del artículo 94 del Código Civil, la regla general deba ser la suspensión del régimen de visitas.

También se pidió una ley específica contra la trata y un turno especializado para sus víctimas: “La trata es un delito de alta complejidad que afecta a los derechos fundamentales de las mujeres, a la igualdad, y a la sociedad en general”, incluyen las conclusiones.

Por otra parte, se señaló que “hay que facilitar la integración de las españolas víctimas de violencia de género en el exterior a su regreso en el sistema de protección español”. En esta misión, “es importante mejorar la coordinación entre las distintas instituciones nacionales, autonómicas y locales”.

Además, el documento final reivindica “la formación en trauma a los equipos psicosociales y a los equipos forenses a la hora de interpretar o no esa violencia de género”.

En las jornadas también se ha puesto de relieve que “es necesario trabajar para desarrollar apps al alcance de las víctimas que recojan evidencias digitales de audio y vídeo con altas garantías legales gracias a las garantías blockchain y el sello de tiempo cualificado (QTS)”.

Sobre el turno de oficio especializado en violencia de género, se pidió “dotarle de más medios de manera que se conceda a los colegios el número de letrados de guardia para que puedan cubrir con garantías todo su ámbito territorial en beneficio de las mujeres víctimas de malos tratos”.

Además, se volvió a exigir “la preceptiva asistencia letrada a las víctimas antes y en la formulación de la denuncia, que además de un derecho sea una obligación legal, a fin de que la víctima tenga conocimiento del procedimiento que se va a iniciar, de sus consecuencias y de su posibilidad de éxito”.

Estas conclusiones fueron leídas por Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer de la Abogacía Española; Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española y Joan Martínez García, decano del Colegio de Abogados de Granollers.