La AF reclama a García Ortiz que se abstenga de nombrar fiscal de Sala de delitos contra la administración pública
Entre la materia que deberá atender este cargo se encuentra el delito por el que está investigado el fiscal general
(Imagen: RTVE)
La AF reclama a García Ortiz que se abstenga de nombrar fiscal de Sala de delitos contra la administración pública
Entre la materia que deberá atender este cargo se encuentra el delito por el que está investigado el fiscal general
(Imagen: RTVE)
La Asociación de Fiscales (AF) reclama al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se abstenga de hacer nombramiento alguno para la plaza de fiscal de Sala de delitos contra la administración pública, para «no comprometer más la imagen de la institución» y «no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad».
Considera que el fiscal general «tiene un claro interés personal directo en ese nombramiento que podría, en su caso, beneficiarle en la causa penal en la que está siendo investigado por un delito de revelación de secretos, incardinado entre los delitos contra la administración pública», según declara a Economist & Jurist la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.
«Y aunque no le beneficiara, la duda está sembrada y con ello empaña, una vez más, la imagen de imparcialidad de la Fiscalía General del Estado», agrega.
Dexeus destaca que «el fiscal designado tendrá como funciones la coordinación de la persecución de los delitos contra la administración pública, entre los que se encuentra el de revelación de secretos, puede impartir criterios interpretativos y, en definitiva, afecta al delito por el que está siendo investigado el fiscal general del Estado».
«Si hace ese nombramiento atentará, de nuevo, contra la imagen de imparcialidad y neutralidad de la Fiscalía General y de la carrera. Hacer este nombramiento atenta contra el principio de confianza de la ciudadanía en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas», sentencia.
La asociación mayoritaria de fiscales ha hecho este llamamiento al fiscal general este lunes, en una misiva. En ella, le reclama que saque del orden del día del próximo Consejo Fiscal, fijado para este martes, la propuesta de este nombramiento, «una necesidad que debe contribuir a la mayor credibilidad» de la institución.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. (Foto: Asociación de Fiscales)
Existe un «interés personal» del fiscal general en el nombramiento, según la AF
La Asociación de Fiscales precisa en su misiva que Álvaro García Ortiz tiene un «interés personal» en la propuesta de nombramiento del cargo de fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública, que se hace evidente «desde el punto y hora en que, por el propio contenido de la función institucional que le ha de corresponder a la persona titular de este cargo —la de coordinar la actuación y consiguiente persecución de los delitos contra la Administración Pública en todo el territorio del Estado—, le corresponderá, también, en su caso, la intervención en ese procedimiento, por ser de especial trascendencia, así como la coordinación de la actuación del Ministerio Fiscal en relación con el específico proceso penal actualmente en trámite de instrucción ante la Sala Segunda» contra García Ortiz como investigado por un delito contra la Administración Pública (artículo 417 del Código Penal).
La AF afirma que Álvaro García Ortiz debe abstenerse de realizar propuesta alguna de nombramiento para la indicada plaza «atendiendo al principio de confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones democráticas y al principio de imparcialidad que sirve como presupuesto de la actuación objetiva de la administración pública».
(Imagen: CGPJ)
«El deber de abstención hay que enmarcarlo en el principio constitucional por el que la Administración debe servir con objetividad los intereses generales», subraya esta asociación.
La presidenta de la AF manifiesta que “es evidente que la persona que formalmente sea propuesta, puede adoptar, en el desarrollo de sus funciones, decisiones interpretativas, entre otros, del delito de revelación de secretos, en la medida en que las decisiones y opiniones que proceden de las áreas especializadas de la Fiscalía, sin constituir doctrina de la Fiscalía General del Estado, ni considerarse jurídicamente vinculantes, sirven de guía de actuación del conjunto de quienes integramos la Carrera Fiscal en atención a la especialización, la alta cualificación, rigor y auctoritas de quien asume las funciones de coordinar una materia».
“Desde la necesaria neutralidad que deben mantener las instituciones no parece en modo alguno adecuado que el fiscal general, investigado, haga la propuesta de nombramiento de esta plaza. No resulta ni ético ni estético”, sentencia Dexeus.
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