La caza en Castilla y León depende de la decisión del TC

PACMA solicitó hace una quincena al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por la modificación aprobada por las Cortes de Castilla y León para esquivar la suspensión judicial ordenada por el TSJ.

El TSJ de Castilla y León considera que la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León vulnera la Constitución. Por tanto, el TSJ dará traslado de la misma al máximo tribunal garante de la observancia de la Constitución.

En febrero de esta año, el TSJ admitió las medidas cautelares solicitadas por PACMA y suspendió la actividad cinegética en toda la comunidad autónoma al considerar que la fauna silvestre, «el interés más sensible, más frágil y vulnerable y, por ello, más necesitado de protección» estaba en peligro por la práctica de la caza.

Tras esta victoria sin precedentes, que por primera vez llevaba a los tribunales la violenta actividad de los cazadores que PACMA lleva años denunciando, las Cortes de Castilla y León aprobaban una modificación de la Ley de Caza para saltarse la decisión judicial. El Partido Animalista considera que con esta maniobra, «los partidos políticos representados demostraron su absoluto desinterés en la protección de los animales y el entorno natural y se rindieron a las presiones de los cazadores«. Según esta modificación, la temporada de caza daba comienzo el pasado mes de marzo.

PACMA ya explicó en ese momento que «esta artimaña, por la puerta de atrás«, era una burla al sistema judicial y que esta nueva ley incumplía igualmente las directivas europeas que vulneraban el reglamento y la orden de caza suspendidos. Ahora, el TSJ da la razón al Partido Animalista y pedirá al Tribunal Constitucional que se pronuncie por la posible inconstitucionalidad de la ley de caza de Castilla y León. Además, la solicitud interpuesta por PACMA en la Oficina del Defensor del Pueblo continúa su curso.

«Una vez más, la perseverancia del Partido Animalista pone a prueba a quienes sustentan políticamente a los cazadores y demuestra que los partidos representados en las Cortes de Castilla y León trabajan para preservar las actuaciones ilegales de la Junta de Castilla y León en materia de caza«, concluyen los animalistas en una declaración.