La Comisión Europea autorizará la congelación y el embargo de cuentas en toda la Unión
La Comisión Europea autorizará la congelación y el embargo de cuentas en toda la Unión
El debate ha sido intenso, Domingo Sánchez Ruiz, uno de los coordinadores de la Plataforma de Interinos del sector público, en el uso de la palabra. (Imagen: E&J)
La Comisión Europea se encuentra ultimando una orden continental de congelación y embargo de cuentas bancarias para garantizar el cobro de deudas entre empresas y consumidores. Esta propuesta legislativa pretende poner en marcha una orden europea de aplicación de decisiones judiciales sobre congelación y embargo de cuentas en toda la Unión Europea. El objetivo, luchar contra la morosidad, acelerar y garantizar el cobro de deudas entre empresas y consumidores de diferentes Estados comunitarios. La iniciativa está liderada por la vicepresidenta del Gobierno comunitario y titular de la cartera de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding. Según previsiones de Bruselas la propuesta estará lista el próximo mes de junio.
Según información recogida por el Diario El Economista, el jefe de la Unidad de Derecho Civil de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea, Salla Saastamoinen, ha desvelado ya los primeros detalles sobre la propuesta. A través de esta orden europea los acreedores podrán congelar dinero que el deudor tenga en una o varias cuentas bancarias en el territorio de la Unión Europea para garantizar el cobro de la deuda. El procedimiento será aplicable a toda reclamación de pago derivada de una transacción comercial. La orden podrá ejecutarse sin notificación previa al deudor y ser entregada al banco con la mayor rapidez posible para mantener el efecto sorpresa.
No obstante, y para salvaguardar los derechos del deudor, Bruselas asegura que se garantizará su derecho a la defensa y a presentar alegaciones. Para evitar abusos, el tribunal que lleve el caso podrá obligar a que el acreedor presente garantías que sirvan para cubrir su responsabilidad e indemnizar al deudor si se descubriera que la orden no estaba justificada y hubiera causado daños y perjuicios.
