La contribución de la abogacía es de 1,6 billones de dólares al PIB mundial, aunque solo el 54% de la población reconoce su labor

La mayor asociación mundial del sector legal, Intenational Bar Association (IBA), ha presentado el primer estudio sobre el impacto socioeconómico de la profesión legal, en el que se cuantifica, con la contribución de McKinsey & Company, el papel de la abogacía para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este primer estudio revela que la profesión legal realiza una contribución de 1,6 billones de dólares al Producto Interior Bruto (PIB) mundial.

Es necesario mejorar el acceso a la representación legal; reforzar la defensa pública de cuestiones de interés social; fortalecer la educación sobre el sistema legal; y perseguir los más altos estándares éticos, ya que las amenazas al Estado de Derecho se están intensificando en muchas partes del mundo.

Si bien la profesión legal emplea a más de 20 millones de personas y aumentó su facturación en un 20%, a casi 800 mil millones de dólares en el período de cinco años hasta 2022, el estudio exhaustivo de la IBA, que representa a más de 80.000 abogados, bufetes y colegios en más de 170 países, encontró grandes diferencias en la disponibilidad y acceso a la prestación de servicios legales.

La International Bar Association, la mayor asociación mundial del sector legal con más de 80.000 miembros de la profesión legal y más de 190 colegios de abogados de 175 países, estima que su contribución a la fortaleza del Estado de Derecho ayuda a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en campos tan importantes como la salud, la igualdad e inclusión, la educación y la sostenibilidad ambiental.

Almudena Arpón de Mendivil y Luis de Carlos, a los extremos, junto Iñigo Méndez de Vigo, Víctor Olea y María Cermeño. (Imagen: IBA)

En un informe presentado por su actual presidenta, la española Almudena Arpón de Mendivil, socia de Mercantil y responsable de TMT de Gómez-Acebo & Pombo; y Alejandro Beltrán, senior partner at McKinsey Iberia en el IE Law School, destacaron el impacto social y económico de la profesión legal. Una profesión legal que genera el 1,6% del PIB mundial.

Sin embargo, existe una brecha de percepción respecto de la contribución de la abogacía a la sociedad: sólo el 54% del público en general cree que los abogados tienen un impacto económico y social positivo, en comparación con una percepción positiva del 78% entre los propios profesionales del Derecho.

La contribución más relevante de la profesión legal se refiere al apoyo del Estado de Derecho. Los países que defienden el Estado de Derecho obtienen grandes beneficios en áreas como la protección de derechos humanos; la elaboración de políticas gubernamentales; las normas medioambientales y crecimiento económico; así como en educación y salud y bienestar.

Seguridad jurídica

Estas son algunas de las conclusiones del informe de la IBA sobre el impacto social y económico de la profesión legal, el primer estudio de esta índole elaborado con la aportación de McKinsey & Company en la recopilación y análisis de datos que se ha presentado este lunes en la IE University, en un acto inaugurado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Jose Luis Martínez-Almeida señaló que los abogados son imprescindibles para dar seguridad jurídica. (Imagen: IBA)

El propio alcalde de Madrid en su doble condición de dirigente y de abogado del Estado en excedencia, recordó la importancia de la seguridad jurídica y de que las democracias ayuden a los inversores a realizar sus operaciones.  “No somos un mal necesario, sino un bien imprescindible. Creo que una comunidad autónoma como Madrid ofrece esa certidumbre y ese escenario de normativa previsible y trámites empresariales ágiles para que seamos la Comunidad Autónoma con mayor atracción de inversión extranjera en estos momentos”.

Por su parte, en su turno de presentación, Soledad Atienza, decana del IE Law School y una de los impulsoras del Centro LawAhead de la Abogacía del IE, recordó que ese es un lugar de debate de la profesión jurídica. En esta entidad, el estudio de la internacionalización, el desarrollo de la IA y la gestión del talento son tres de las directrices de esta entidad que preside desde enero de 2023 Luis de Carlos, también socio presidente de Uría Menéndez durante muchos años.

En esta convocatoria estuvieron presentes juristas como Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas; Carlos Rueda, senior partner de Gomez-Acebo & Pombo; Cesar Albiñana, socio director de CMS Albiñana; Costanza Vergara, directora corporativa de Pérez-Llorca; Segismundo Álvarez, presidente de Hay Derecho; Isabel Winkels, vicedecana del ICAM; Pilar Menor, presidenta de Forelab, global Co-chair, Laboral de Dla Piper y senior partner DLA Piper Spain.

Otros abogados que también acudieron fueron Guillermina Esther, socia del departamento de Litigación y Arbitraje de Pérez-Llorca; Javier Fernández-Lasquetty, socio de Elzaburu; Raquel Flórez, socia de Freshfields Laboral, Co-Head Global Markets, Negocio Responsable; Carolina Pina, socia   corresponsable del departamento de Propiedad Industrial e Intelectual y del área de Telecomunicaciones & Media; y Carolina Moreno, socia de propiedad industrial de ECIJA, entre otros juristas.

La IBA en el centro del debate

Almudena Arpón de Mendívil, presidente de la IBA, señaló que durante su mandato, que ahora concluye, ha priorizado cinco ejes programáticos que abordan los retos esenciales que enfrenta a día de hoy la abogacía.

En primer lugar, aspira a poner en valor la profesión y su impacto en la sociedad. Para ello la asociación ha culminado —tras año y medio de trabajo para poder cuantificar la contribución de los abogados al PIB— su papel en materia de probono o en el funcionamiento de la Justicia, y su influencia como softpower.

En segundo término, la organización priorizará el impulso de una macroradiografía de la situación de la mujer en los despachos de abogados de todo el mundo. Un estudio se extenderá durante los próximos 9 años, pero cuyos primeros resultados se conocerán en 2024.

“El tercer eje es implicar a la abogacía en la agenda ESG, contribuyendo al esclarecimiento de la confusión que existe en esta área; mientras que el cuarto ha sido anticiparse a los restos que plantea la digitalización, especialmente en lo relativo a su impacto en el ámbito de los derechos humanos”.

Y, la quinta y última, es preparar a la profesión legal para el futuro, enfocándose con mayor énfasis en los jóvenes y en las necesidades que tienen para desarrollarse con éxito en el mundo del Derecho de los negocios.

Para el desarrollo de este ambicioso programa, Arpón de Mendívil expuso que requerirá una estrecha colaboración de las firmas, así como de los colegios de abogados de todo el mundo. “Los letrados tenemos mucho que decir en el funcionamiento del Estado de Derecho y la democracia; nuestra contribución es fundamental”, para lo cual, destacó que es fundamental que la IBA actúe como “la voz del sector legal en todo el mundo”.

El informe muestra también cómo la esperanza de vida a nivel global aumenta hasta 13 años (de 62 a 75 años) cuando se alcanzan los índices más altos del Estado de Derecho, contribuyendo también a reducir la mortalidad por maternidad: permite la supervivencia de 350.000 madres y disminuye la malnutrición infantil en 520 millones.

Efectos en los jóvenes, en la igualdad e inclusión

El impacto social de la abogacía se refleja también en el presente y el futuro de los jóvenes. El preocupante número de jóvenes que no estudian ni reciben formación, destinados a convertirse en parias sociales, podría reducirse en 34 millones, según el informe de la IBA.

La inclusión social de los jóvenes, la defensa de la igualdad de género y la protección de minorías, como las comunidades LGTBI, son áreas en las que el trabajo de los abogados tiene un efecto importante. Un dato impactante es que, en general, la desigualdad podría nivelarse en un 5% con un elemento fundamental, el aumento en la ayuda legal.

Un Estado de Derecho sólido puede ayudar a los países a lograr una mayor esperanza de vida; aumentar en un 30% el número de niñas que terminan la educación secundaria; conseguir un 53% menos de contaminación; reducir en 34 millones los jóvenes que no estudian, trabajan, ni reciben formación; y alcanzar una mayor protección de las minorías, incluidas las comunidades LGBTQI+.

La presidenta de la IBA cree que la abogacía ayuda a ofrecer cohesión social y estabilidad a las democracias. (Imagen: IBA)

Los niveles de innovación son más altos en los países que se encuentran en el tramo superior del índice del Estado de Derecho, lo que podría generar 83.000 millones de dólares adicionales de inversión en I+D.

La mejora de la eficacia de la justicia civil puede reducir el empleo irregular de 34 millones de personas a nivel mundial.

En la propia sala se hicieron varias preguntas telemáticamente a los asistentes que acudieron a este evento. Sobre las prioridades de los abogados, entre las cuatro opciones un 42% se perfilaba por proteger independencia judicial, la libertad de prensa y otros derechos; otro 22 sobre la independencia judicial, un 2% la libertad de prensa y un 1% otros derechos.

Beltrán recordó que en el estudio se habla que estas mejoras en la profesión de la abogacía deben hacerla en un 70% los colegios de abogados, y el otro 30% abogados y despachos profesionales. “Hay que trabajar en mejorar el acceso en los servicios legales, en la defensa de la diversidad y minorías, potenciar la educación y la comunicación y apostar por la ética”.

Para Almudena Arpón de Mendívil, presidenta de la IBA y socia del despacho Gómez Acebo & Pombo, “este estudio objetiva, por primera vez, la verdadera contribución de la profesión legal. Ahora, los hechos están claros: el trabajo de los más de 12 millones de abogados del planeta impacta, directa o indirectamente, en las vidas, la salud y el bienestar de los ciudadanos de todo el mundo.

“Nuestra contribución al Estado de Derecho genera riqueza; promueve la innovación y la educación; limita el abuso de poder de los gobiernos; nivela la desigualdad y mejora la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, el Estado de Derecho sufre constantes amenazas, incluyendo erosiones sutiles en países con gobiernos democráticos. No podemos decaer en su defensa”.

La reforma mexicana, a debate

El acto contó con un debate con destacadas figuras jurídicas a nivel internacional. Entre ellas, Íñigo Méndez de Vigo, quien presidió la Delegación del Parlamento Europeo en la Convención encargada de la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Convención Constitucional sobre el futuro de la Unión. En su intervención explicó las negociaciones que se llevan en Bruselas y el papel del Derecho Comunitario como elemento de primacía con el Derecho Nacional.

En esta mesa redonda Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, tras la reciente reforma constitucional mexicana sobre el poder judicial que erosiona gravemente su independencia, explicó la situación actual y cómo la abogacía esta siendo un contrapeso a las reformas del presidente López Obrador en un momento clave para el país.

Por su parte María Cermeño, directora de la asesoría jurídica de Telefónica en España, con su experiencia desde los departamentos legales de la empresa, también intervino para explicar la evolución de la abogacía de empresa en las organizaciones y cómo cada vez más su papel y consideración social ha crecido tanto en el seno de las entidades como a nivel social.

Fueron la presidenta de la IBA y el presidente del centro LawAhead de la Abogacía del IE, Luis de Carlos, quienes actuaron como moderadores de este debate sobre el papel de los abogados en esta sociedad del siglo XXI donde la inteligencia artificial viene a convertirse en una herramienta y aliada para los propios profesionales de la abogacía.

El colofón lo puso el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, que cerró el evento para destacar el papel clave de la abogacía en el Estado de Derecho sobre la independencia judicial: “Donde hay un abogado existe siempre un defensor de los derechos humanos de los ciudadanos. Nuestra contribución como colectivo es clara sobre el 1,6% del PIB mundial, y en estos momentos los 20 millones de abogados que hay en el mundo trabajamos por una sociedad mejor y contrapeso al poder político”.