La COVID-19 hace descender la tasa de litigiosidad un 32,9%

Todas las jurisdicciones han sufrido fuertes disminuciones interanuales en el ingreso y resolución de asuntos e incrementos en el número de asuntos en trámite al final del trimestre
La más afectada, con un descenso del 56,9 por ciento, ha sido la de lo Contencioso-Administrativo

Madrid, 30 de septiembre de 2020.-

La actividad de los órganos judiciales entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados se ha visto claramente afectada por la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y ha disminuido en el conjunto de España un 32,9 por ciento. Los datos, recogidos en el “Informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales” en el segundo trimestre de 2020, han sido difundidos hoy por el Consejo General del Poder Judicial.

La desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales.

Los tres meses con mayor incidencia

El trimestre analizado en este informe corresponde al más afectado hasta ahora por la situación sanitaria y la declaración del estado de alarma. Durante este periodo, tuvieron entrada en el conjunto de los órganos judiciales 1.059.853 asuntos, una cifra que supone una disminución del 32,9 por ciento respecto a igual trimestre del año anterior.

En el mismo trimestre, los tribunales españoles resolvieron un total de 861.445 asuntos, un 45,7 por ciento menos que un año antes; por su parte, los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre sumaron 3.057.356, cifra que, con un incremento interanual del 15,3 por ciento, representa la pendencia más alta registrada desde el cuarto trimestre de 2011.

En la jurisdicción Civil ingresaron 435.452 asuntos, un 26,6 por ciento menos respecto a los ingresados en el mismo trimestre del año anterior. Se resolvieron 303.342 asuntos, un 49,1 por ciento menos, y quedaron en trámite 1.695.446, un 15 por ciento más que al final del segundo trimestre de 2019. De los asuntos pendientes, 262.527 corresponden a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física en los juzgados de primera instancia (cláusulas abusivas).

En la jurisdicción Penal tuvieron entrada 523.748 asuntos, dato que supone una disminución interanual del 35,4 por ciento; se resolvieron 474.312 asuntos (un 42,3 por ciento menos) y quedaron en trámite 806.355 asuntos (un 15,5 por ciento más que en el mismo trimestre de 2019).

La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, la más afectada

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se registraron 28.869 nuevos asuntos, con una disminución interanual del 56,9 por ciento, la más elevada de todas las jurisdicciones. Se resolvieron 36.148 asuntos, lo que supone un 41,4 por ciento menos que el año anterior, y quedaron en trámite 206.547 asuntos, un 6,6 por ciento más.

La jurisdicción Social ingresó 71.763 asuntos, un 34,2 menos que en el mismo trimestre de 2019. Se resolvieron 47.611 asuntos, un 55,5 por ciento menos, y quedaron en trámite 348.948 asuntos, un 22,4 por ciento más.

Canarias, Murcia y Andalucía, los territorios con mayor litigiosidad

La declaración del estado de alarma y la suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la crisis sanitaria también tiene su reflejo en los datos referidos a la litigiosidad. La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 22,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, 11,3 puntos más baja que la registrada en el mismo trimestre de 2019.

(*) Cálculos realizados sobre las cifras de población del INE, provisionales, a 1 de enero de 2020.

Por territorios, las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la media nacional han sido Canarias (31), Murcia (26,1), Andalucía (25,1), Illes Balears y Cantabria (22,9), Madrid (22,7), Comunidad Valenciana (22,6) y Asturias (22,5). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (14,3), y País Vasco (16,2) y Extremadura (17,2) (*).