La digitalización basada en datos, la mejor inversión para tener un sistema judicial eficiente

Este miércoles, 14 de junio, ha dado comienzo el Gran Foro anual del Sector de Justicia en la cultura del dato, la digitalización y el humanismo, que aúna a las instituciones, la academia y al sector privado. El acto contará con numerosas y relevantes figuras del sector durante la jornada de hoy, mañana, 15 de junio, y el viernes 16 junio, fecha que finaliza el evento.

Juan Mora Sanguinetti, abogado y economista Senior del Banco de Francia y del Banco de España, ha participado en el Foro exponiendo la conexión que existe entre la Justicia y la complejidad d El letrado ha hecho alusión a que España, pese a tener unos datos que posicionan su sistema judicial dentro de la media europea, debe avanzar y mejorar en algunos problemas. Pues, si bien es cierto que en nuestro país se realiza una cuantiosa inversión en las Administraciones de Justicia, hay que replantear la manera de cómo se invierte en ellas, ya que se necesitan más medios, pero estos no han de implementarse de manera indiscriminada.

Como solución para seguir mejorando la Justicia española, Sanguinetti ha expuesto que España debería invertir en la digitalización basada en datos. La razón de ello es que este tipo de tecnología permite diseñar políticas que mejoren las vías de gestión de la Justicia. El letrado afirmaba que el análisis de datos es bueno porque facilita información muy valiosa, en concreto, permite medir cómo está la complejidad de la normativa española.

“Los datos posibilitan abordar las políticas de better regulation. Una buena regulación tiene impactos en el funcionamiento de la Justicia, descongestionándola”, alegaba, “la mejora de las regulaciones normativas de un país permite tener un sistema judicial que funcione mejor”.

En la línea de que el desarrollo del país ha traído consigo la necesidad de nuevas regulaciones que se adapten a las demandas sociales, económicas y sociales, el letrado ha afirmado que “no hay desarrollo sin regulación”. Pero aquí se haya un gran problema: si dicha regulación no está bien diseñada, puede provocar efectos indeseados.

“Una de las fuentes de ineficiencia es la excesiva complejidad. La complejidad se relaciona con la cantidad, la estructura de red de la regulación o su ambigüedad. Los pilares de la complejidad regulatoria o de un marco normativo se puede medir objetivamente con datos”, exponía Sanguinetti. El letrado ha aplicado la medición con datos de las normativas españolas desde tres perspectivas: cantidad de volumen; relacional; y lingüística.

Juan Mora Sanguinetti (Foto: Juan Carlos Muñoz/ Diario de Sevilla)

Los datos de medición objetiva ayudarán a lograr un mejor sistema judicial

En relación con la primera perspectiva, la volumétrica, Sanguinetti ha afirmado que cuantas más normas existan, hay más posibilidades de que estas se incumplan. Aludiendo datos que el letrado ha expuesto, España ha publicado 414.272 normas entre los años 1979 y 2022, es decir, la aprobación de regulación se ha cuadruplicado desde 1978. “Se ha pasado de una cifra entre 3.000 y 4.000 normas anuales en 1978, a 12.000 anuales en 2021”.

Esto, a juicio del ponente, afecta al comportamiento de los ciudadanos e incluso de las empresas, especialmente cuando quiere montar empresas en diversas comunidades autónomas y los abogados carecen de qué normas son las que hay que aplicar en cada caso, ya que cada autonomía ha gestionado su marco normativo como ha querido.

En la medición con datos de las normativas españolas desde la perspectiva relacional, Sanguinetti expone como las nuevas normas autonómicas que se van aprobando, en su propio contenido hacen alusión a otras normativas antiguas necesarias de comprender para su correcta aplicación. Esto supone que en media, las normas autonómicas realizan 11 enlaces a otras normas, es decir, para entender una norma es necesario que lean otras 11. “En casos concretos, hay marcos autonómicos muy complejos, como Aragón que tiene de media 18 enlaces, mientras que Navarra tiene 3 enlaces”.

En la tercera y última perspectiva, la lingüística, el letrado ha asegurado que la dificultad del lenguaje de las normas permite construir indicadores de complejidad lingüística para la ciudadanía. Como ya se mencionó al principio del acto, pese a que España intenta desarrollar un sistema judicial eficaz y competente, existen altos niveles de complejidad a la hora de entender la gramática de las regulaciones legales.

“La cuestión es que con estos datos de medición objetiva se pueden observar efectos posteriores, concretamente, la complejidad lingüística y relacional tiene efectos en el funcionamiento de la justicia y en la productividad de los trabajadores. Un aumento en el 1% en el número de enlaces se relaciona con un aumento del 0,02% en la congestión judicial. Y además, una caída en el 1% en la legalidad se relaciona con una disminución del 0,07% de la productividad por hora trabajada”, ha expuesto el letrado.

“Asimismo, el volumen de las normas también importa. Es cierto que cuanto mayor desarrollo económico tenga un país, mayor volumen de regulación se necesitará”, no obstante, Sanguinetti afirma que “un mayor volumen de regulación se relaciona negativamente con el volumen total de empresas en España, pues un incremento del 1% en el volumen de regulación se relaciona con 0,05% menos de empresas”.

Es más, Sanguinetti ha manifestado que la regulación normativa esperada se relaciona negativamente con la capitalización de las empresas nuevas, empresas entrantes. “Un incremento del 1% en el volumen de regulación se relaciona con una reducción de entre 1,4% y 1,8% en el capital de las entrantes. Además, la complejidad regulatoria, en cuanto a volumen, se concentra en las empresas pequeñas y jóvenes. Un 10% de nueva regulación supone la caída del 0,5% de ocupados en empresas pequeña”.

(Foto: E&J)

Las nuevas tecnologías no son enemigas del sistema judicial

El Gran Foro ha sido inaugurado a las 09.00 horas de la mano del Secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodriguez. Seguidamente, la Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y del Presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estevéz, han tomado la palabra para hablar sobre la abogacía y la procura ante los retos de siglo XXI.

Ortega ha destacado que, los últimos 30 años han sido de cambios en todos los ámbitos de la abogacía. Ha destacado la tendencia que está marcando el empleo y uso de tecnologías en el sector, ayudando en la automatización de tareas, e incluso, en la automatización de los procesos judiciales. No obstante, también ha mencionado los riesgos a los que los abogados se enfrentan diariamente, reseñando fundamentalmente el sistema de explotación de datos y la importancia que recae en la profesión a la hora de asegurar la seguridad y protección de la información. Asimismo, Ortega ha insistido en el compromiso de la abogacía en seguir trabajando en los retos que se presentan para salvaguardar los datos personales.

Estévez por su parte ha querido aclarar que los procuradores no se oponen al uso de la Inteligencia Artificial, pese a los posibles problemas que pueden surgir entre la tecnología y las personas. No obstante, “las tecnologías son una herramienta al servicio de las personas, una herramienta que facilita la vida y el progreso a la Justicia”, reseñaba el presidente del CGPE.