La falta de respuesta del Ministerio de Justicia avoca a los LAJ a nuevos paros

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) hicieron huelga el 29 y el 30 de noviembre como medida de presión para que el Ministerio de Justicia atienda a sus reivindicaciones. La única contestación que parecen haber recibido del Departamento que dirige Pilar Llop es que la huelga no tiene justificación y que el Ministerio ha cumplido con diez de las once propuestas de acuerdo alcanzadas el pasado mes de abril. Esto los ha llevado a ratificar la convocatoria de paros prevista para los días 14 y 15 de diciembre.

Los LAJ, que anuncian que, si el Ministerio sigue sin oír sus reclamaciones va a acometer una huelga indefinida a partir de enero, llaman la atención en un comunicado sobre el hecho de que “cuando una mayoría tan abrumadora de los integrantes de un colectivo de profesionales vuelve a ponerse en huelga por tercera vez este año, es evidente que existe un grave conflicto y que subyacen razones de mucho peso para ello”.

Según este colectivo, “la ministra de Justicia ha incumplido sus propios compromisos y ha faltado a la palabra dada generando un importante problema al servicio público”. También habría incumplido “la obligación legal de negociar la solución al conflicto con el comité de huelga, sin hacer el más mínimo intento de evitarla y asumiendo nuevamente el perjuicio a los ciudadanos”, lo cual califican como “un ejercicio de dontancredismo impropio e intolerable en cualquiera que ostente algún tipo de responsabilidad política”.

Pilar Llop, ministra de Justicia. (Foto: Congreso de los Diputados)

“Con la huelga indefinida en el horizonte, Pilar Llop tiene la urgente obligación de explicar qué vale la palabra de una ministra. Y esa explicación se la debe no ya sólo a las letradas y letrados de la Administración de Justicia, sino también al conjunto de la opinión pública, al resto de funcionarios y profesionales que han visto alterada su actividad laboral cotidiana, y a los ciudadanos a los que se les haya podido suspender un juicio que probablemente llevarían esperando mucho tiempo”, destacan los LAJ en el comunicado.

Entre los incumplimientos a los que hacen alusión los LAJ están la promulgación del decreto de sustituciones, “que entre otros beneficios, supone un ahorro para las arcas públicas de 14 millones de euros; la reforma de los decretos de retribución de los LAJ, para asimilar el complementos general del puesto al de otros funcionarios de la misma categoría (A1); la inclusión en la Ley de Eficiencia Organizativa de una enmienda que estableciera una cláusula de enganche de la retribución de los LAJ a la de los jueces; el avance en el nuevo Reglamento Orgánico, cuyo borrador ya está hecho o la definición y concreción del modelo de carrera profesional.