La figura del criminólogo en un proceso de ruptura conflictiva

Ayer día 22 de marzo, en el CGAE (Madrid) tuvo lugar la sesión “Criminología en la sociedad actual” avalado por la Decana del Colegio de la Criminología de la ciudad de Madrid, Carmen Balfagón junto con la reconocida criminóloga Paz Velasco, jurista y autora de la magistral obra Criminal-Mente así con la intervención de Susanna Antequera, abogada especializada en familia, titular de la firma Antequera de Jáuregui Abogados y nominada al premio Excelencia Práctica Jurídica 2020 por E&J.

La letrada Antequera resaltó la brillante novedad y necesidad de la figura del criminólogo en aquellos procesos de guarda y custodia o rupturas conflictivas, valorando factores de riesgo o espurios que otros profesionales intervinientes no pueden detectar.

Las ponentes resaltaron que la razón de ser de la criminología es evitar el delito. Teniendo en cuenta  que la mayoría de graves sucesos se cometen coincidiendo en procesos de rupturas o post-rupturas siendo los menores las víctimas más vulnerables, de ahí nace la urgente necesidad en la intervención del criminólogo. Como científico, evaluará el contexto de peligrosidad y/o posible reincidencia que rodea al menor, mujer u hombre en una separación que puede resultar pernicioso para uno de ellos.

Susanna Antequera presentó y explicó casos reales, aportando datos y tecnicidad, e invitando a los asistentes entre ellos psicólogos, policías, abogados y criminólogos a la siguiente reflexión: “En un proceso judicial de familia, son admitidas periciales psicológicas de parte, informes de detectives, informes de gabinetes psicosociales de los juzgados -por cierto tardíos y muchos de ellos defectuosos en forma- y otro tipo de pruebas que no arrojan luz. ¿Por qué no un informe de un criminólogo como científico experto en escenarios de riesgo para evitar el delito en un contexto de familia?. Sólo cohesionando a distintos expertos con visiones novedosas, se logrará una justicia más ágil, efectiva y garantista en el derecho de familia ante la falta de jurisdicción propia y especialización,  protegiendo ante todo, a las personas más vulnerables, en especial a los menores”.