La Fiscalía cree que la trama de criptomonedas de Arbistar podría haber defraudado hasta 1.901 millones de euros

El fraude de Arbistar, considerado la mayor estafa piramidal de criptomonedas en España, inicia su vista oral este lunes en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares. Las sesiones se celebrarán del 10 al 13 de marzo, del 24 al 28 de marzo y del 7 al 11 de abril de 2025, con una gran expectación ante la naturaleza del asunto y las repercusiones que puede genera su fallo en otros procesos abiertos.

Por indicación del tribunal, las acusaciones se han organizado en 12 agrupaciones procesales para una mejor gestión de la misma y de los espacios de la Audiencia Nacional. La del despacho Aránguez Abogados, la número uno, representa a 3.829 afectados para los que piden el resarcimiento de más de 3.500 millones de euros.

Desde el despacho indican a Economist & Jurist que se han amparado en el artículo 109 bis. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para constituir una plataforma y presentar una misma denuncia, en la que se han ampliado de forma progresiva los denunciantes y las cantidades reclamadas. Al final es una única acusación en nombre de 3.829 perjudicados.

El caso tiene grandes dimensiones al implicar a más de 32.500 cuentas afectadas —tras las que hay personas físicas y jurídicas, pequeños y grandes inversores— para un total de 6.000 afectados personados, aunque se da por descontado que hay más perjudicados.

Por su parte, la abogada grancanaria Conchi Viera representará los intereses de 1.789 afectados de 38 países en el caso Arbistar. Esta abogada fue una de las primeras que se personó en la causa que empezó a tramitarse en el Juzgado de Instrucción 3 de Arona, puesto que el investigado tenía su base de operaciones en el sur de Tenerife sobre esta posible estafa piramidal.

En cuanto al tribunal de este asunto en la Audiencia Nacional ha quedado compuesto por Francisco Javier Vieira, que sustituye a Felix Alonso Guevara como presidente —Vieira fue muchos años presidente del TSJ de Madrid—; junto a él van a estar como ponente Eduardo Gutiérrez; y el otro magistrado será Carlos Fraile, que tendrá que impartir justicia en un asunto donde las pruebas periciales de uno y otro bando serán claves para aclarar si se produjo realmente la estafa.

Francisco Javier Vieira será el presidente del Tribunal que enjuiciará este asunto, apoyado en los magistrados Eduardo Gutiérrez y Carlos Fraile. (Imagen: Poder Judicial)

Según expertos consultados por Economist & Jurist, las causas penales de criptomonedas tienen un componente internacional “donde los jueces deben instar comisiones rogatorias en el extranjero para recabar información. La instrucción se inició en Arona en el 2020 y concluyo el año pasado con las deliberaciones del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional”.

Las claves del asunto pueden estar que desde el punto de vista probatorio cada acusación pueda demostrar el perjuicio de sus clientes. Para ello habrá que demostrar la inversión y el vínculo con Arbistar; y segundo, que se puede acreditar el perjuicio sufrido por cada cliente. En principio los 17 días de juicio parece que serán suficientes.

Según fuentes de la Audiencia Nacional, la primera semana será para las pruebas testificales; la segunda de periciales; y la última para los informes orales de las acusaciones y defensas y las conclusiones. El tiempo parece suficiente para aclarar este asunto que ha afectado a la economía de unas 6.000 personas entre empresarios o consumidores individuales, aunque los afectados podrían llegar a los 53.000 en varios países.

El principal acusado, Santiago Fuentes Jover, actualmente en prisión, desde junio del 2023 se enfrenta a una petición de condena de 30 años de cárcel como CEO de la empresa y principal responsable de la trama, a la que la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, representada por Aránguez Abogados, exige la devolución íntegra de los fondos defraudados a los afectados, que superan los 3.500 millones de euros.

Durante tres semanas la Audiencia Nacional albergará una de las vistas más esperadas del año. (Imagen: Poder Judicial)

Lo que pide la Fiscalía

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este medio, los delitos cometidos por los principales responsables de Arbistar son los de estafa continuada agravada (arts. 248, 249 y 250.1. 5.º del Código Penal); organización y dirección de organización criminal (arts. 570 bis y 570 quáter); participación activa en organización criminal (arts. 570 bis y 570 quáter); y falsificación en documento mercantil (arts. 390.1. 2.º, 392.1 y 74.1).

Por todos estos delitos mencionados, la Fiscalía pide para uno de los acusados las siguientes penas:

Santiago Fuentes Jover (CEO de Arbistar y principal responsable)

• 18 años de prisión por estafa agravada.
• 8 años de prisión por organización y dirección de organización criminal.
• 3 años y 9 meses de prisión por falsedad documental.
• Multa de 30 meses con una cuota diaria de 200 euros.
• Inhabilitación especial de 20 años adicionales para ejercer cualquier actividad mercantil.

Diego Felipe Fernández Nojarova (socio fundador y director de operaciones)

• 18 años de prisión por estafa agravada.
• 6 años de prisión por organización criminal.
• 3 años y 6 meses de prisión por falsedad documental.
• Multa de 30 meses con una cuota diaria de 200 euros.
• Inhabilitación especial de 15 años adicionales.

Álex Castro Fernández e Iván Grima Extremera (directivos y administradores de Venus Capital Trade S.L.)

• 18 años de prisión por estafa agravada.
• 6 años de prisión por organización criminal.
• 3 años y 6 meses de prisión por falsedad documental.
• Multa de 30 meses con una cuota diaria de 200 euros.
• Inhabilitación especial de 12 años adicionales.

Lester Zarabozo González (jefe de exchange y captación de clientes)

• 12 años de prisión por estafa agravada.
• 4 años y 6 meses de prisión por participación en organización criminal.
• 3 años y 3 meses de prisión por falsedad documental.
• Multa de 15 meses con una cuota diaria de 200 euros.

Laura Concetta Barone (responsable de recursos humanos)

• 10 años de prisión por estafa agravada.
• 3 años y 6 meses de prisión por participación en organización criminal.
• 3 años y 3 meses de prisión por falsedad documental.
• Multa de 15 meses con una cuota diaria de 200 euros.

Según indicó el juez que investigó este caso, la organización prometió a sus clientes una rentabilidad de entre un 8% y un 15%, pero en realidad “vendió humo”, ya que no se registraron operaciones de compraventa de activos digital. (Imagen: E&J)

Los orígenes de un gran problema

Fuentes cercanas a este asunto explican a E&J que todo comenzó en 2019 cuando la empresa Arbistar 2.0 S.L. se presentó como una firma especializada en arbitraje de criptomonedas. Su producto estrella, el Community Bot, aseguraba generar beneficios constantes para sus inversores mediante operaciones automatizadas de compra y venta de bitcoin en diferentes mercados.

La promesa de rentabilidades de entre el 8% y el 15 % mensual, junto con una agresiva campaña de captación de clientes en redes sociales, permitió a Arbistar acumular miles de inversores en España, otros países europeos y Latinoamérica. Sin embargo, el 13 de septiembre de 2020, la empresa anunció el cierre repentino del Community Bot, alegando un “fallo informático” que había provocado un descuadre en las cuentas. Los clientes, que hasta ese momento podían ver en la plataforma cómo su saldo de criptomonedas aumentaba constantemente, se encontraron de un día para otro con sus fondos bloqueados y sin posibilidad de retirar el dinero invertido.

En cuestión de horas, miles de afectados comenzaron a denunciar lo que pronto se confirmaría como un esquema Ponzi, en el que los nuevos inversores financiaban los rendimientos ficticios de los antiguos.

En junio de 2023, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, decidió procesar a 7 presuntos integrantes, con su CEO Santiago Fuentes a la cabeza, de una trama criminal vinculada a la plataforma de criptomonedas Arbistar, que habría defraudado más de 92 millones de euros a cerca de 32.000 inversores. Además, imponía una fianza solidaria de 123 millones de euros para afrontar posibles responsabilidades económicas derivadas de una eventual condena.

Según el juez, estos programas de inversión se basaban en un supuesto algoritmo de inteligencia artificial que garantizaba beneficios mediante el arbitraje de criptomonedas. “Sin embargo, dicho algoritmo nunca existió y, por tanto, únicamente se vendía humo”, aseguraba. Arbistar se presentaba como una inversión segura, prometiendo rentabilidades regulares y automáticas gracias al supuesto robot de arbitraj.

La acusación que se plantea

Aránguez Abogados mantiene que Arbistar operó desde el inicio como un fraude planificado, creando una estructura empresarial sin actividad mercantil real, destinada únicamente a captar fondos y ocultar el destino del dinero mediante sociedades pantalla. En realidad, la plataforma nunca llevó a cabo operaciones de arbitraje de criptomonedas, y los fondos de los inversores eran desviados hacia cuentas privadas y otras empresas vinculadas a los acusados.

El caso implica a más de 32.500 cuentas afectadas, tras las que hay personas físicas y jurídicas; pequeños y grandes inversores, de los cuales 3.820 están representados por Carlos Aránguez y su firma Aránguez Abogados. (Imagen: Aránguez Abogados)

“Aquí nadie va a perder dinero”, llegó a afirmar en una de sus últimas intervenciones públicas el fundador de la firma legal, Carlos Aránguez. El perjuicio global en euros estafado a las víctimas de la plataforma Arbistar 2.0 S.L. asciende, en fecha de 16 de abril de 2024, a 3.500.543.857,52 euros.

Este despacho de abogados ha solicitado la devolución de los fondos defraudados en bitcoin o su equivalente en euros. En su escrito argumentan que los afectados no solo perdieron su capital, sino que también se vieron perjudicados por la manipulación psicológica ejercida por Arbistar, lo que los llevó a reinvertir constantemente sin retirar beneficios. Por ello, la acusación reclama un incremento del 45 % en la indemnización por daño moral y patrimonial.

Además, la acusación ha solicitado la disolución de Arbistar y el decomiso de todos los bienes y activos de los acusados, incluyendo criptomonedas, cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias.

El caso Arbistar marca un precedente en la regulación de las criptomonedas en España. La falta de supervisión permitió que miles de personas invirtieran en la plataforma sin garantías ni respaldo legal. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había advertido que Arbistar no contaba con autorización para operar, pero el vacío legal en el sector impidió una intervención más rápida.

Otra de las acusaciones está integrada en la agrupación procesal 10 en la que resalta Miguel Ángel Fernández-Salinero, abogado con 20 años de experiencia en temas mercantiles y penal- económico. Este jurista conoce bien lo que son las estafas piramidales. Acaba de publicar una obra en Dykinson bajo el nombre Las estafas piramidales y su trascendencia jurídico penal. “No hay en España un tipo penal para el estilo de estafa piramidal que disuada a los delincuentes de hace estas estafas, como hace Colombia, donde en su artículo 316 de su Código Penal hay un tipo específico”, señala Fernández-Salinero.

Otra acusación particular la lidera Miguel Ángel Fernández-Salinero, que junto con otros abogados implicados, defenderá a 104 implicados. (Imagen: cesión propia)

En declaraciones a Economist & Jurist este abogado revela que “somos la agrupación procesal décima. Encabezada por el procurador Antonio de Palma y un servidor como letrado. En esta acusación se han integrado voluntariamente otros tres grupos de abogados y otro de oficio.  Defendemos a 104 afectados y las cantidades que se reclama son de 118,08 unidades BTC, que en euros son 9.458.727,33 euros en total. Se reclamará el daño emergente, el importe equivalente a bitcoins que valía la inversión en el momento de su compra en el 2020 y el lucro cesante, el incremento que han tenido esos bitcoins desde ese compra hasta el momento actual”.

Sobre el escrito de acusación del fiscal, Fernández-Salinero dice estar de acuerdo con sus peticiones, salvo en un tema concreto como es “la forma de cuantificar la responsabilidad civil de este delito. Se trata de definir mejor lo que tienen que devolver a las víctimas por esa comisión del delito. Ahí discrepo con fiscal Joaquín Herrero porque hay que diferenciar el daño emergente del lucro cesante. Una sentencia del Tribunal Supremo (2109/219) de 20 de junio, con el ponente Pablo Llarena, va en la misma dirección de mis tesis”.