La Fiscalía del Estado propone modificar algunos artículos del Código Penal
La Fiscalía del Estado propone modificar algunos artículos del Código Penal
El debate ha sido intenso, Domingo Sánchez Ruiz, uno de los coordinadores de la Plataforma de Interinos del sector público, en el uso de la palabra. (Imagen: E&J)
La Fiscalía del Estado ha propuesto modificar algunos artículos del Código Penal, como el delito de provocación al odio, la violencia y la discriminación recogido en el artículo 510 del Código Penal.
Según informa el Diario El Economista, en su informe sobre el anteproyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación reconoce que son múltiples los problemas suscitados sobre su apreciación y que afectan al alcance del concepto provocación, recomendando incorporar al tipo penal los términos incitar o difundir.
Considera que con ello se permitiría «perseguir conductas de incitación a la violencia, generación o difusión del discurso del odio efectuadas recurriendo a los modernos sistemas de comunicación e información (Internet, correos electrónicos masivos?)».
Asimismo, estima que la normativa comunitaria prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de motivación discriminatoria, lo cual permitiría clausurar, disolver o suspender empresas, locales o establecimientos, asociaciones o fundaciones.
Así sería posible prohibir la realización en el futuro de actividades, operaciones o negocios en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto delitos de naturaleza discriminatoria.
Además, la Fiscalía considera problemático que el anteproyecto extienda sus efectos a los derechos de las personas jurídicas públicas.
El texto, en su artículo 1.2, reconoce derechos a las personas jurídicas públicas, lo que choca frontalmente con la línea jurisprudencial consolidada del Tribunal Constitucional (TC) que delimita el ámbito subjetivo del derecho a la igualdad, reconociendo que es aplicable a las personas jurídicas privadas pero no a las jurídico-públicas (sentencias 139/2005 de 26 de mayo, y 211/1996 de 17 de diciembre).
