La Fiscalía Europea archiva la investigación contra el hermano de Ayuso por el contrato de mascarillas

La Fiscalía Europea (EPPO) ha archivado la investigación del contrato de mascarillas de la Comunidad de Madrid. Un acuerdo por valor de 1.512.500 euros que adjudicó en marzo de 2020 el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid a la empresa Priviet Sportive S.L., vinculada estrechamente a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la actual presidenta madrileña.

En un comunicado emitido por la propia Fiscalía Europea, ésta declaraba que el pasado 6 de marzo había archivado el procedimiento. Una decisión tomada por la correspondiente Sala Permanente, a propuesta de los tres Fiscales Europeos Delegados y con el acuerdo de la Fiscal Europea supervisora, Concepción Sabadell. Cabe recordar que las Salas Permanentes de la Fiscalía son un elemento clave en la garantía de la independencia de las investigaciones, encargadas de supervisarlas y de emitir las decisiones más relevantes.

El organismo confirma que no es posible acreditar que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado. De igual modo, tampoco se ha podido verificar que la compra de dicho material sufriera un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. “Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid”.

Para archivar el procedimiento, justificado por la no concurrencia de indicios suficientes de la comisión de un delito, la Fiscalía realizó una profunda investigación recabando información suficiente por varias vías.

“Los Fiscales Europeos Delegados tomaron diversas declaraciones; analizaron la documentación aportada por los declarantes; comprobaron la autenticidad de las fotografías de las mascarillas entregadas; requirieron información a diversas entidades como la Agencia Tributaria, el SERMAS y la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR); recabaron informes de la Guardia Civil y nombraron un perito que examinó la documentación”, recoge el comunicado.

El caso mediático de las mascarillas

La noticia sobre la posible ilegalidad del contrato saltó a los medios cuando el entonces líder del Partido Popular, Pablo Casado, hizo en la Cadena COPE unas declaraciones acusando a los hermanos Díaz Ayuso de beneficiarse económicamente de la pandemia epidemiológica que sufrió España para hacer dinero. “La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar a tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio para vender mascarillas”, dijo el presidente de los conservadores.

A partir de entonces y pese a que a Casado le costó su puesto en el Partido Popular, se conoció de la existencia del contrato por valor de 1,5 millones de euros que había firmado en 2020 la Comunidad de Madrid con la mercantil Priviet Sportive, empresa sin experiencia ninguna en la exportación de material sanitario, a cambio de 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3 y, por el cual, el hermano de la presidenta habría cobrado supuestamente una comisión superior a los 230.000 euros, según cálculos de la Fiscalía española.

No obstante, Isabel Díaz Ayuso defendió su inocencia y la de su familiar alegando que todo ese dinero que había recibido su hermano correspondía a la suma total de cuatro trabajos que había realizado para esa mercantil, sin guardar relación ninguna con la administración regional.

Investigación archivada, otra vez

La adjudicación de contrato se realizó sin concurso público y por un procedimiento de urgencia a través del régimen excepcional de tramitación de emergencia previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, debido a la situación epidemiológica que estaba viviendo España y, en concreto, la Comunidad de Madrid por la infección por Coronavirus.

Según el art. 120 de la ley citada, la tramitación de emergencia habilita a la Administración la posibilidad de actuar de forma inmediata a causa inmediata cuando se den catástrofes o situaciones que supongan un grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. Ante tales circunstancias, la Administración se sujetará al régimen excepcional pudiendo contratar sin obligación de tramitar expediente de contratación y/o contratar libremente su objeto sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley.

Cuando se conoció la noticia, los partidos de la oposición interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la posible ilegalidad del contrato, y ante la Fiscalía Europea, por considerar que se había podido haber un mal uso de fondos públicos europeos.

La Fiscalía de Anticorrupción abrió una investigación en marzo de 2022 hasta verano de ese mismo año con el objetivo de determinar si la operación que se realizó fue ilegal. La Fiscalía archivó el caso al concluir que no se podía concretar ilegalidad alguna al respecto ya que, pese al cargo que ocupa, Ayuso no favoreció para influir en la adjudicación del contrato y, además, también se confirmó que ni la presidenta ni el Consejo de Gobierno que preside hubiesen intervenido en el procedimiento.

Ahora, nuevamente, el caso ha sido archivado por parte de la Fiscalía Europea tras una exhaustiva investigación que tampoco ha podido acreditar que el precio que se abonó por el suministro de las mascarillas fuera desproporcionado, ni que el precio sufriera un incremento injustificado e ilegal.

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