La Fiscalía Europea plantea que el TJUE decida quién investiga el contrato del hermano de Ayuso

El caso de la compra de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid en el que el hermano de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, cobró una comisión trae cola. Ya se ha convertido en uno de los más sonados de los últimos tiempos por las implicaciones que ha tenido, pero sobre todo por las que puede tener.

El 22 de febrero pasado, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, abrió una investigación para dilucidar si había indicios de delito en el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con el hermano de Díaz Ayuso.

En esta investigación ha aparecido un nuevo actor inesperado: la Fiscalía de la Unión Europea (la European Public Prosecutor’s Office o EPPO). La Fiscalía Europea ha solicitado a Anticorrupción hacerse cargo de la investigación de la concesión de este contrato. La EPPO alega que se pudieron malversar fondos de origen europeo. Sin embargo, Alejandro Luzón se ha negado a entregar la investigación alegando dos razones.

La primera es que no aprecia que haya podido cometerse un delito de malversación de fondos comunitarios, ya que el dinero público fue empleado en la compra de mascarillas para luchar contra la covid. La segunda es que rechaza que el EPPO sea el que tenga que investigar los delitos conexos con esa malversación, es decir, el tráfico de influencias, prevaricación o negaciones prohibidas a funcionarios que en su caso habrían sido cometidos por ciudadanos españoles.

Alejandro Luzón. (Foto: EFE)

El escrito de la Fiscalía Europea, un órgano de reciente creación, ha sido firmado por la jefa de su delegación en Madrid, Concepción Sabadell, antigua subordinada de Luzón en Anticorrupción e impulsora como fiscal del caso Gürtel. Sabadell envió este escrito después de que el Servicio Nacional de Cooperación Antifraude remitiera un informe a la Fiscalía Europea sobre estos hechos. Este organismo es el encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

Luzón ha presentado un conflicto de competencias ante la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que deberá decidir tras consultar a los fiscales de Sala, que han sido convocados para hoy. Se trata de un órgano de carácter consultivo en el ámbito técnico, pero sus decisiones no son vinculantes.

Este conflicto ha llevado a la EPPO a emitir un comunicado en que “lamenta la controversia surgida en torno a la competencia sobre un caso concreto en España” y señala que aunque “como norma general, la Fiscalía Europea no comenta casos concretos, considera que éste en particular tiene implicaciones más amplias”.

La EPPO explica que el objetivo de todas sus investigaciones es “establecer los hechos y determinar si existen suficientes evidencias de que se ha cometido un delito que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea”. De este modo, “para evitar duplicidades y en interés de los derechos de defensa, el Reglamento de la Fiscalía Europea establece una competencia preferente para que la Fiscalía Europea investigue todos los hechos relacionados con un posible fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea”.

Laura Codruța Kövesi está al frente de la Fiscalía Europea. (Foto: EPPO)

En este contexto, la fiscalía recuerda que, cuando se producen conflictos de competencias, como en este caso, debe considerarse la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de manera que esta mañana ha solicitado a Dolores Delgado que considere esta opción.

La investigación arrancó en la Fiscalía Anticorrupción después de que PSOE, Podemos y Más Madrid denunciaran un contrato por el suministro de mascarillas de más de 1,5 millones de euros adjudicado por vía de urgencia por la Comunidad de Madrid en las primeras semanas de la pandemia.

La Comunidad de Madrid terminó confirmando que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, cobró de la empresa Priviet Sportive SL –a la que el Gobierno autonómico adjudicó el contrato de 1,5 millones de euros en mascarillas– un total de 283.000 euros distribuidos en cuatro facturas.

En su decreto de apertura de la investigación, el fiscal jefe Anticorrupción rechazó remitir estas pesquisas al Tribunal Supremo, tal como habían planteado las acusaciones al ser aforada Díaz Ayuso. Apreción que los hechos denunciados no constituyen «indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada».

Precisamente la polémica sobre este contrato inició la mayor crisis que ha vivido el PP y que ha terminado desbancando al todavía líder de los populares, Pablo Casado, de la presidencia del partido. Casado había pedido a Ayuso aclarar la comisión que recibió su hermano por la compra de las mascarillas.