La huelga de los LAJ inicia su tercera semana paralizando la mayor parte de los juzgados y actos judiciales

La tercera semana de la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que arrancó el pasado 24 de enero convocada por las tres asociaciones que les representan, mantiene la crispación vivida hasta la fecha por la falta de diálogo entre los interlocutores en conflicto.

Según diversas fuentes consultadas por Economist & Jurist, los LAJ están dispuestos a seguir la huelga hasta el final, pese a que cada día se les descuenta una cantidad que ronda los 150 euros. “Después de tanto tiempo ha llegado el momento de reivindicar nuestro estatus como funcionarios A1 y se haga la adecuación salarial que está pendiente”, afirma uno de los LAJ.

Dos comunidades autónomas con tanta litigiosidad como Madrid y Andalucía arrojan datos, según el Comité de Huelga, muy ilustrativos sobre le impacto de la huelga. En el caso de Madrid hay 5.399 juicios pendientes; 73.800 escritos; 567 conciliaciones suspendidas en el orden social; 5.664 actuaciones procesales suspendidas y 18.437 demandas demoradas, de ellas 1.223 concursos de acreedores.

Por su parte, el impacto en Andalucía también es notable. Se han suspendido más de 10.000 juicios y unas 12.000 actuaciones 12. Al mismo tiempo han quedado pendientes 500.000 firmas y otros tantos tramites y notificaciones. Hay, además, cerca de 125 millones de euros que están congelados entre indemnizaciones o pensiones alimentarias.

Los LAJ de Melilla han protestado colgando sus togas. (Foto: Comité de Huelga)

En el comunicado de prensa de este lunes, los convocantes de ese paro denuncian la estrategia de desgaste impuesta por Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia, quien ha señalado, que “nunca abriría la mesa de huelga y que nosotros y nuestros hijos pasaríamos hambre”

“Una estrategia indiferente a las graves consecuencias para el servicio público, ignoraba o no era consciente de que, por primera vez en mucho tiempo, este Cuerpo ha dejado atrás una etapa de sumisión y aquietamiento y ha comenzado otra de decidida defensa de sus derechos y dignidad” afirman en el comunicado.

La nota se cierra con una arenga a colectivo: “Que le quede bien claro al Ministerio que no vamos a ceder y preferimos dar a nuestros hijos una lección de orgullo y dignidad. Hemos sacrificado ya mucho y no hay marcha atrás”.

El Comité de Huelga, muy activo

Luis Toribio, vicepresidente del CNLAJ, una de las organizaciones convocantes del paro y miembro del Comité de Huelga, lleva más de 40 años como LAJ en los juzgados de Sevilla. Afirma que nunca ha visto una situación igual a lo largo de su carrera profesional. “Mantenemos el seguimiento del 80% a nivel global, el Ministerio lo cifra en el 29,6%. Creo que va a ser una semana clave”, asegura.

Para los convocantes de este paro, no se entiende que Tontxu Rodríguez haya accedido a reunirse con los secretarios de Gobierno de las diferentes CCAA. “No tienen capacidad de negociar y su función solo es institucional. Sus funciones no tienen nada que ver en el aspecto de negociar nuestras retribuciones” aclaran.

A este respecto, insisten en la representatividad del Comité de huelga y en todo caso el Consejo del Secretariado que se elige por los propios LAJ. “Hay que tener en cuenta que estos secretarios de Gobierno son nombrados por el propio Ministerio de Justicia. En esa reunión del miércoles faltamos nosotros. Tenía que haber citado al Comité de Huelga”, aclara Toribio.

Para este colectivo sería necesario cambiar de interlocutor y que Rodríguez fuera reemplazado por otra voz autorizada del Ministerio de Justicia. “Nos ha negado legitimidad e insultado públicamente. En este contexto la negociación queda lastrada y no se ve una solución al conflicto. La verdad es que sorprende que el Ministerio no tenga un Plan B y busque un acuerdo para revocar esta situación”.

Pasillo de los juzgados de Cádiz vacío durante la huelga de LAJ. (Foto: Comité de Huelga)

Los convocantes la huelga recuerdan que “hemos dado al Ministerio de Justicia opciones durante todo este año de evitar este paro. Pero no han reconsiderado la situación ni se han sentado a negociar con nosotros. No sabemos por qué los acuerdos suscritos con Justicia en abril del 2022 no se han cumplido hasta el momento”.

El Ministerio no empatiza con los LAJ

Juan Manuel Ávila, LAJ adscrito a la sala civil del Tribunal Supremo, miembro de la Unión Progresista de Administración de Justicia y cercano también al Comité de Huelga, revela la falta de empatía del Ministerio de Justicia por resolver este conflicto.

“Llevamos 14 años reivindicando nuestra situación, pero entre la pandemia, la crisis económica y otras cuestiones, nunca han atendido nuestras reclamaciones. Esas funciones adicionales que nos dieron en el 2009 no han venido acompañadas por la adecuación salarial correspondiente”, apunta.

Ávila recuerda que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2021 se incluyó una disposición para que el Ministerio negociase “con nuestro colectivo dicha adecuación salarial, pero no se ha hecho. Eso generó algunas movilizaciones y el acuerdo que llegamos con el Justicia de abril del 2022, que se ha incumplido por parte de ellos de forma incomprensible”.

En su opinión, parece claro que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha vetado el acuerdo por falta quizá de recursos económicos. Al mismo tiempo lamenta que Pilar Llop, ministra de Justicia, no se haya incorporado a las negociaciones de forma directa en un conflicto que está afectando a otros operadores jurídicos como abogados y procuradores, amén de a los propios ciudadanos que ven paralizados sus escritos.

Respecto a la reunión del miércoles con los secretarios de Gobierno “estamos a la expectativa de qué efectos va a tener. Pero lo que debe quedar claro es que el Ministerio se siente con ellos no significa que lo haga con todo el colectivo de LAJ que está en huelga. El único interlocutor válido para estas negociaciones es el Comité de Huelga y eso no lo tienen claro. Esos secretarios son designados por Justicia, con lo cual capacidad de negociación tienen muy poca”.

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. (Foto: Ministerio de Justicia)

A este profesional le ha sorprendido la reacción del Ministerio de Justicia que ante un conflicto de esta magnitud ha optado por no negociar con las organizaciones que convocan esta huelga pese a todos los actos procesales que están paralizados. “Sorprende que el Ministerio de Justicia mire para otro lado como si no fuera con él este conflicto. Señala su falta de sensibilidad con los servicios públicos y con esos ciudadanos que tienen asuntos pendientes ahora paralizados”.

La abogacía no presiona al Ministerio de Justicia

Otro LAJ, este vinculado a los juzgados de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y a la ejecución de resoluciones, que prefiere estar en el anonimato, subraya que “se paralizan las entregas de dinero, al igual que la práctica y aseguramiento de embargos. Lo que supone retrasos en la percepción de pensiones por alimentos o compensatorias periódicas que perjudican a las personas que lo esperan como ingreso necesario para subsistir”.

En la actualidad “no se puede incoar nada porque los secretarios de cada juzgado están en huelga y no se pueden preparar esas resoluciones para que las firmen. Al final se produce un perjuicio, no solo para el ciudadano sino también para los abogados y procuradores. Los juzgados de lo penal y de lo social están suspendiendo muchas vistas en estos días de huelga”, apunta

Esta situación puede hacer que “la vista judicial de los despidos se retrase cuatro o cinco meses, pero en otros juzgados de lo social de capitales como Sevilla o Valencia están señalando las vistas a tres años. Que se suspenda el turno genera un perjuicio importante para el ciudadano. Igual pasa con los juicios penales que, salvo los de violencia de género, se están suspendiendo.

Este LAJ subraya el comportamiento aún tibio de la abogacía a nivel de colegios de abogado y procuradores “creo que deberían pronunciarse de forma más rotunda para forzar al Gobierno a que se siente a negociar con nosotros. Estos profesionales a nivel individual nos mandan escritos quejándose de las suspensiones, pero a nivel global no vemos que presionen para que se solvente esta situación”.