La Inspección de Trabajo pregunta a la ministra Díaz cómo va a reforzar el colectivo ante la nueva exigencia de la reducción de jornada

“Yolanda Díaz es nuestra empresaria y llevamos desde el 2021 para que se apruebe en Plan Estratégico sin que las guardias se abonen. Estamos abandonados y necesitamos un refuerzo”, reflexiona Ana Ercoreca, presidente del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, quien ha estado de guardia esta semana en Huesca. Este colectivo de 900 profesionales se pregunta cómo va a reforzar Trabajo el servicio si se aprueba la reducción de jornada.

Como recordarán la Inspección de Trabajo, organizada en una plataforma con diferentes organizaciones sindicales, realizó una serie de paros el pasado año para reclamar la mejora en sus condiciones laborales. Los paros indefinidos mensuales concluyeron un mes antes de las últimas elecciones generales. Sin embargo, por lo que cuenta Ercoreca a E&J, la situación no ha cambiado demasiado.

Las noticias señalan que esa reducción de jornada va por buen camino. A las declaraciones que hizo Joaquín Pérez, secretario de Estado del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la entrega de los premios ASNALA a este medio sobre la negociación, hay que añadir las efectuadas tras la reunión del Ministerio con Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores: “Pedimos a la CEOE que presente alguna propuesta, de momento no tenemos nada y tiempo se acaba”, indica a los medios.

Tras concluir la nueva Mesa de Diálogo Social, Joaquín Pérez Rey, ha avisado a la CEOE de que esperarán hasta el próximo lunes, 1 de julio, para que la patronal eleve una propuesta por escrito a Trabajo sobre la reducción de la jornada laboral o, de lo contrario, pactarán con los sindicatos llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas en 2025, sin merma salarial.

«Si nosotros fuéramos al lunes próximo sin ninguna propuesta alternativa de la patronal, pues tendremos que tomar alguna decisión», así lo ha trasladado Pérez Rey tras la reunión de este lunes con UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, para negociar el borrador sobre la reducción de la jornada laboral, que el pasado viernes Trabajo remitió a agentes sociales.

En declaraciones a los medios, el ‘número dos’ de Yolanda Díaz ha avisado a CEOE y Cepyme de que antes de la próxima reunión para avanzar en la reducción de jornada, que se ha convocado para la semana que viene, deben trasladar los criterios y elementos de los que hacen depender un acuerdo para reducir el tiempo de trabajo, aunque ha indicado que «no pueden ser muchos, porque el documento es muy nítido en cuál es su propósito, que es rebajar la jornada de manera razonable y escalonada».

Inspectores y subinspectores de Trabajo se quejan de que la vicepresidenta Yolanda Díaz habla de los hitos de la Inspección pero no hay avances. (Imagen: Ministerio de Trabajo)

Hay que contar con la CEOE

En este debate Ignacio Hidalgo, socio responsable de laboral de la firma de servicios profesionales RSM en España, tiene las cosas claras: “Cualquier reforma de calado, como es esta reducción de la jornada, sin acuerdo tripartito en el marco del Diálogo Social, va a generar más problemas que beneficios. Se debe buscar el acuerdo en este tema de la reducción de la jornada, donde esté presente la patronal CEOE. Es fundamental que se busque ese acuerdo con los interlocutores sociales sin excluir a nadie. Puede generarse un problema importante».

Hidalgo, también cree en el importante papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para controlar esta nueva obligación legal: “No podemos olvidar que la reducción de trabajo se controla desde el registro de jornada, al mismo tiempo los tribunales dictan sentencias donde dejan claro que la no tenencia del registro perjudica al empresario. Si se reduce la jornada a nivel global y se utiliza estos registros de jornada como herramienta de gestión, el papel de la Inspección es importante aunque en el futuro utilice herramientas de gestión. Eso hará que se pueda tener acceso vía online a los registros de cada empresa”.

Para este jurista “la combinación de estos tres factores —el propio humano de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que necesita realmente medios, el uso de las herramientas telemáticas y de IA, y las propias sentencias de los jueces— hacen que sea disuasivo para el empresario realizar irregularidades. No olvidemos que ahora con la nueva normativa las multas serán por trabajador y no por empresa. Es previsible que en este escenario se incremente la litigiosidad por esta obligación legal de nuevo”.

Desde su punto de vista “este tema de convertir las sanciones por empresa a las que realice el trabajador, se habla de 10.000 euros por trabajador, puede ser algo disuasivo. La modificación de la LISOS es un cambio muy importante. Ahí de nuevo el papel de los inspectores y subinspectores de Trabajo será clave. Un registro informático donde estamos hablando de códigos al final lo puede controlar un informático al final. Habrá que ver cuando se pongan en marcha estas herramientas cuál va s ser su funcionamiento”.

Ignacio Hidalgo, cree que este tipo de negociaciones son sectoriales y no se pueden dejar fuera a la CEOE. (Imagen: RSM)

A juicio de este experto en relaciones laborales “otra cuestión clave es que esta negociación de la jornada de trabajo no puede ser uniforme. Cada sector tiene sus particularidades y especificidades. Habrá que trasladarlo al convenio colectivo correspondiente de cada actividad económica. Hay que darse cuenta que hay sectores de actividad donde prima el trabajar el fin de semana, como puede ser los casos del comercio, hostelería, o tiene su trabajo nocturno. La negociación tiene una gran complejidad. Este planteamiento de la jornada debe ser sectorial.

En su opinión “en esta reducción global de la jornada hay que darle herramientas y pautas al empresario para que pueda flexibilizar su jornada laboral. Se trata de atender a la demanda en un marco donde se han eliminado contratos temporales para que las empresas se adapten a sus cambios, estamos eliminando otras medidas de flexibilidad. Vamos al final a un contexto laboral cada vez más rígido lo que pueda generar un problema. Si además lo hacemos sin contar con la CEOE, el problema se acrecienta”.

Para Hidalgo, “la reducción de jornada a 38,5 horas, o más tarde a 37,5, realmente en si no es un problema. Lo que supone un problema es imponerlo de un lado o de otro del propio diálogo social y generalizarlo a nivel de todos los sectores cuando cada actividad económica tiene su casuística. Pero lo más importante es darse cuenta que en esa negociación, junto con los sindicatos tienen que estar las organizaciones empresariales”.

Multas disuasivas que llegan

Para Ercoreca, la situación del colectivo es bastante compleja: “El Ministerio tiene que darse cuenta que somos una pieza clave si al final se aprueba la reducción de jornada y el nuevo registro digital para comprobar la misma para que se paguen esas horas y se coticen. Todas las modificaciones legislativas sobre el fraude de jornada es competencia nuestra, algunas se compensan con descanso pero en otras ocasiones tenemos que intervenir”.

Según el borrador del anteproyecto de ley para la reducción de la jornada ordinaria de trabajo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere multar con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima a 38,5 horas en 2024, y a 37,5 horas en 2025, lo que supondría un endurecimiento de las sanciones, ahora serán por trabajador y no globales y el importe de las multas por infracción grave pasaría de 7.500 euros a 10.000 euros.

Así, de acuerdo con el borrador, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada; trabajo nocturno; horas extraordinarias; horas complementarias; descansos; vacaciones; permisos; registro de jornada; y, en general, el tiempo de trabajo, se sancionarán en su grado mínimo con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros; y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.

En la legislación actual de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, conocida como LISOS, la cuantía de las multas por transgredir los límites legales del tiempo de trabajo se sanciona con 751 a 1.500 euros en su grado mínimo; con 1.501 a 3.750 euros en su grado medio, y con 3.751 a 7.500 euros en su grado máximo.

A juicio de esta inspectora de Trabajo que acaba de ser reelegida en Ginebra, secretaría general de la Asociación Internacional de la Inspección de Trabajo (IALI), “el prestigio de la Inspección fuera de España es importante pero lo que no saben es la precariedad de medios existente “no sabemos qué medios vamos a utilizar además del software del que poco sabemos pero que nos ayudará en nuestro trabajo. Necesitamos que se refuerce la inspección de trabajo con la estructura de la que carecemos y que venimos pidiendo desde el pasado 2021 cuando se aprobó el plan estratégico nuestro”.

La Inspección de Trabajo, con Ana Ercoreca a la cabeza, se ha movilizado para mejorar su situación. (Imagen: Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social)

Los inspectores quieren cambios

Más de un millón de personas trabajadoras, en concreto 1.030.949, han visto mejoradas sus condiciones laborales tras las actuaciones llevadas a cabo en 2023 por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), según ha informado secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la reunión del pleno del Consejo Rector de este organismo celebrada este lunes. Este colectivo tiene previstas realizar 624.000 actuaciones durante 2024, un 4% menos que el pasado año.

A juicio de Ercoreca “urge un golpe de timón en la gestión de nuestra actividad, la ultima evaluación de riesgo psicosociales que se hizo para todo el colectivo de inspectores, subinspectores y personal de apoyo salió mal. La excesiva carga de trabajo está ahí y no podemos más. Yolanda Díaz quiere mejorar la vida de la gente y también debe hacerlo “de los que somos su colectivo, somos su gente y necesitamos un plan de choque inmediato para atender todo lo que se nos viene encima en estos momentos”.

Para los inspectores y subinspectores de Trabajo es un contrasentido que no entienden que la ministra Díaz en su comparecencia hable de mejoras en la lucha contra el fraude, como lo hizo el pasado viernes, al presentar el Plan Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para este próximo verano, pero “ no haga nada por mejorar nuestras condiciones de trabajo. Necesitamos una infraestructura para poder trabajar. Nuestro colectivo tiene también derecho a conciliar y tener mejor calidad de vida”.

A nivel económico, estos profesionales demandan una subida salarial fuera del IPC ante todas las nuevas obligaciones que llegan: “Hay todavía compañeros con nivel 26 pese a que una sentencia del Supremo nos da a los inspectores de trabajo el nivel 27, con lo cual muchos pierden dinero. No les pagan esa diferencia. Sobre las guardias, la instrucción es del 2007, pese a que estamos toda la semana trabajando solo nos pagan el fin de semana. Si hay un incidente salimos con nuestros coches en cualquier momento”.

Al final Ana Ercoreca resume esta conversación con una frase tan clara como contundente: “Queremos que realmente se apuesta por la Inspección, de verdad. Todos son felicitaciones, pero nadie se ocupa de nosotros como merecemos. Estamos desbordados de trabajo. Así es imposible tener una vida personal digna”.