La mayor indemnización por negligencia médica de la historia: 4,2 millones de euros

La mujer indemnizada quiere absoluta anonimidad y no desea mostrar su rostro ni que se conozca el hospital en el que ocurrió todo.

«Lo terrible no es sólo que cometan esa cadena de errores, que hayan ocultado informes, que dejaran a mi hija como la han dejado, que un embarazo normal haya terminado en una parálisis cerebral… Lo más duro es que ni siquiera me hayan dado explicaciones, que llevemos cuatro años dándonos con una pared, que nadie nos haya informado a la cara de lo que pasó. Que ni siquiera me hayan pedido disculpas. Es que ni eso».

La madre afectada, de Sevilla, acreedora de la mayor indemnización de la historia judicial española, 4,2 millones de euros ( sentencia que aún se puede recurrir), no sólo no quiere ser identificada: es que tampoco quiere que se sepa en qué hospital sucedió todo. Todo ello porque «tenemos que ir constantemente a la Sanidad pública y ni queremos vernos señalados, ni por supuesto que nadie pueda cometer otro error que complique aún más nuestra vida».

El autocontrol que ha tenido que exhibir la madre desde hace cuatro años ha debido de ser titánico: pese a que, tras un parto desastroso, su hija quedó paralítica, epiléptica,  y ciega con un 80% de discapacidad, la madre nunca ha vuelto al hospital donde todo comenzó. La maternidad donde la tuvieron ocho horas esperando, pese a que su hija ya no se movía en su barriga. El lugar en que, cuando procedieron a hacerle una cesárea de urgencia, se terminaron demorando al menos cinco minutos más de lo que prescribe la Sociedad Española de Ginecología. Cinco minutos en los que, como ha esclarecido un juzgado de Madrid, su hija estuvo ahogándose, sin oxígeno.

«ESTABA SEGURA DE QUE HABÍA PASADO ALGO RARO»

«Cuando todo pasó y nació mi hija, yo estaba segura de que allí había pasado algo raro. Así que les pedí mi historial médico. Para mi sorpresa, me lo negaron. Tuvimos que irnos a la Justicia para que nos lo dieran, tuvimos que ganarles un pleito». Sólo entonces la mujer y su abogado, Álvaro Sardinero, se percataron de que en ese informe faltaba información básica sobre el parto: el registro cardiotocográfico, en el que se basó el equipo médico para decidir hacer la cesárea. «Ese registro ni siquiera lo tenemos hoy, ha desaparecido», cuenta Sardinero. El juez, en la sentencia, censura dicha desaparición, y de ella deviene la enorme cuantía de la indemnización.

La mujer ingresó a las 10:30 horas de aquel fatídico día tras romper aguas con bastante meconio. «Ingresé y estuve horas sin que nadie me dijera nada, muy nerviosa porque no sentía a mi bebé, pese a que el embarazo había sido absolutamente plácido, normal. A las 12:50 me inducen el parto, vaginalmente, con una medicina. Nadie me informaba de nada, y a las 16:30, de golpe, cambian de criterio y deciden que van a hacer cesárea».

Ese cambio de tercio, interviene Álvaro Sardinero, «sólo puede realizarse porque el registro cardiotocográfico dice que hay que hacerlo. Ese registro informa sobre el latido del bebé y las contracciones de la madre, y es clave para conducir el parto. Si tomaron la decisión de hacer cesárea debió de ser porque el registro les iba diciendo que algo iba mal, que se había equivocado». Nunca se sabrá, porque el hospital, público, terminó diciendo al juez que no le consta registro alguno. La hipótesis: que los resultados evidenciaban tanto la desatención o el error de juicio por parte de los médicos, que el registro, simplemente, desapareció.

«NI TAN SIQUIERA NOS CONTESTARON»

Antes de denunciar, Álvaro Sardinero se dirigió en dos ocasiones a Zurich Seguros, la aseguradora del Servicio Andaluz de Salud, para tratar de llegar a algún acuerdo. «Ni tan siquiera nos contestaron», dice el Letrado. Esta madre sevillana ha sido asesorada en todo este procedimiento por la Asociación el Defensor del Paciente.

Intentar el acuerdo era clave: «El dinero para intentar mejorar la vida de la niña era fundamental en los primeros meses, que es cuando la ciencia tiene más margen de actuación con un neonato. Todo este dinero había sido importante en ese momento, por eso tratamos de llegar a un acuerdo. Ahora, tras cuatro años, ya no es lo mismo», dice Sardinero, con 20 años de experiencia en derecho sanitario. De tener un 38% de discapacidad, la menor ha pasado al 80%. Un simple defecto visual ha devenido en ceguera. Los retrasos madurativos se han convertido en algo «mucho peor». Nada de esto ha importado para el hospital ni para el Servicio Andaluz de Salud: «Ni una palabra nos han dedicado», dice la madre.

El colofón de todo fue la cesárea. La madre cuenta cómo la vivió: «Pese a que tenían hasta 30 minutos para hacerla de forma urgente, tardaron 35. Yo les veía muy nerviosos, muy nerviosos, como que algo les pasaba, pero en ningún momento nadie me informó de que pasara nada… Esas ocho horas se me hicieron eternas, pero la verdad es que jamás imaginé lo que pasaría más adelante», termina.