La ministra de Vivienda acude al sector privado para atajar el grave problema habitacional de nuestro país

Los problemas que resolver en torno a la vivienda parecen claros: altos precios y baja oferta que acaban lastrando las posibilidades de emancipación de los jóvenes, como ya ha comentado Economist & Jurist en distintas ocasiones. Y en el Congreso Nacional de Vivienda, celebrado en Málaga, tanto los constructores como las administraciones han parecido llegar a un punto común de la forma de abordarlos por vez primera.

El encuentro se celebra en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga durante este pasado lunes y el martes, con el lema ‘Construyendo el futuro de las ciudades con inteligencia’ y organizado por la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE).

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido una gran alianza de país, que no sólo incluya a los partidos políticos, sino también al sector implicado, con el que remar todos a una.

Durante su intervención, la titular de Vivienda y Agenda Urbana ha reiterado la importancia de la colaboración entre administraciones y con el sector privado para buscar y proponer soluciones, y ha recordado que la vivienda es el principal problema para el 50% de la población de los países de la OCDE.

“Ante la dimensión del problema que tenemos, reclamo una Alianza de País”, ha insistido la Isabel Rodríguez, quien ha comentado que “esta situación no sólo nos afecta a nosotros, sino que se observa en países de nuestro entorno y el fenómeno es observable en las principales capitales europeas”.

“Se enuncia la solución, pero se obvia la dificultad”, ha añadido la responsable del Ejecutivo Central, quien ha recalcado en que “tenemos que ver de dónde venimos para tener hoy en día esta situación en materia de vivienda”, en alusión a años donde no se construía vivienda pública en nuestro país.

Isabel Rodríguez ha aludido que “desde el Ministerio, estamos trabajando para que ninguna familia tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos para tener acceso a una vivienda digna”. “Nuestro compromiso es con el artículo 47 de la Constitución y con la sociedad española”, ha comentado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana.

Promotores de la APCE, autoridades autonómicas y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana posan para los medios informativos. (Imagen: Ministerio de Vivienda)

Ayudas a la construcción de viviendas

Por ello, la ministra ha enfatizado en que se han puesto en marcha diferentes programas de ayudas e inversiones para fomentar la construcción y rehabilitación del parque de vivienda público y privado en España, y también en la agilización administrativa “que tanto se ha demandado”.

Isabel Rodríguez ha enumerado las medidas, entre las que se encuentran la modificación de la Orden ECO que incorpora las licencias básicas o abreviadas; la puesta en marcha de la línea de préstamos y avales por parte del ICO para promotores públicos y privados, que suman un total de 6.000 millones de euros de presupuesto, y que, tal y como ha anunciado la propia ministra “ya son más de 57 proyectos los que el ICO está estudiando, por valor de 1.400 millones de euros y que facilitarían la construcción de casi 17.000 viviendas”.

Por último, Rodríguez ha reclamado a los grupos políticos la tramitación y aprobación de la Ley del Suelo en las Cortes Generales, una norma que “se ha trabajado por rigor” y que el sector ha valorado como “útil, necesaria y técnicamente muy buena”.

“Pido que volvamos a hacer ese esfuerzo, que nos acompañemos en las administraciones públicas para reclamar que el Parlamento, en los asuntos que tienen que ver con esta cuestión, llegue a acuerdos cuando, además, no hay debate detrás de esta ley, sino más que un texto magnífico, dispuesto para ser aprobado y servir al sector y a la causa que nos une”, ha destacado la ministra.

También ha hecho hincapié en que el parque público de vivienda es muy deficitario con respecto a otros países «se construyeron 2,5 millones de viviendas con un gran esfuerzo y ahora no están en «manos de los españoles». Con esto ha anunciado que el Gobierno está poniendo «todos los suelos que tiene y la financiación» con la mira puesta en que la vivienda de titularidad pública suponga un 20% del total del mercado «como los países que lideran en Europa y que menos problema tienen de precios».

Hay 4.878 viviendas movilizadas en Málaga a través del Gobierno de España. Entre ellas, destacan la transferencia de más de 493,8 millones de euros del Plan de Recuperación; de 68,4 millones de euros para el Bono Alquiler Joven; de 172,96 millones del Programa PIREP; o más de 120 millones a través del Programa 2% Cultural; además del compromiso de más de 493,5 millones de euros a través de los Planes Estatales de Vivienda 18-21 y 22-25.

Con estas inversiones, entre otros, se ha impulsado la construcción de 11.292 viviendas y la rehabilitación de más de 30.574.

Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía, anuncia una nueva ley autonómica de vivienda para primavera del 2025. (Imagen: Junta de Andalucía)

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha destacado que la nueva Ley de Vivienda «será uno de los instrumentos claves» para romper dinámicas enquistadas entre oferta y demanda.

Moreno ha anunciado que el borrador de la ley está en fase de alegaciones para llevarlo al Consejo de Gobierno el primer semestre de 2025. Asimismo, ha asegurado que este sector genera una «importante actividad económica» y alrededor de unos 250.000 empleos.

Con respecto a la ley, ha indicado que entre sus objetivos está generar suelo a precio asequible e incrementar la oferta poniendo a disposición subvenciones y creando áreas prioritarias en zonas de más dificultad de acceso, concentrando ayudas de la Administración.

«Queremos equilibrar la oferta en venta y alquiler, defendiendo el residencial habitual y permanente. De hecho, la ley incorporará un plan de choque para poner en alquiler 20.000 VPO nuevas en cinco años. Esta nueva norma va a nacer del consenso con colegios profesionales y colectivos implicados, porque el diálogo es clave», ha recalcado.

De este modo, ha insistido en que las administraciones deben poner todos los esfuerzos en reducir el desequilibrio oferta/demanda y la dificultad de acceso a la vivienda, «un tema que preocupa a muchas familias y a muchos jóvenes».

En este sentido, ha señalado que en esta materia se arrastra un problema desde años, agravado a partir del 2010 cuando se construyeron en Andalucía apenas 10.000 viviendas por año frente a los 25.000 hogares que se forman anualmente.

Un problema que crece

Por su parte, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores, ha declarado que el problema de la vivienda por fin se ha puesto como foco en los tres niveles de la Administración y que tienen que trabajar todos juntos para dar una respuesta social a la necesidad de vivienda asequible. «Cada vez hay una brecha aún mayor entre lo que somos capaces de producir y lo que la gente puede pagar«, ha admitido.

La gestión del suelo, la seguridad jurídica y la falta de acceso a la vivienda ha marcado la intervención de Gómez-Pintado, presidente de APCE, que se ha referido a este ámbito como el «sector de sectores», haciendo referencia también a la inteligencia artificial como clave de futuro.

A nivel nacional hacen falta 600.000 viviendas para dar cumplimiento al problema, pero en el sector sólo son capaces de promover 100.000, ha explicado el presidente de Promotores y Constructores, quien también ha declarado que las soluciones se realizan a corto plazo, aunque «nos merecemos como sociedad que se hagan políticas a largo plazo más allá del horizonte temporal que significan unas elecciones».

Según Gómez esta responsabilidad debe ser compartida por todas las administraciones para poner fin a esta problemática, y según ha explicado, se debe comenzar recuperando el programa de vivienda protegida que desapareció en 2008, con mucha más agilidad y una administración y unas empresas modernas.

Juristas, promotores de vivienda y autoridades copan el auditórium Edgar Neville de la Diputación de Málaga. (Imagen: Ministerio Vivienda)

Un Congreso de calado

Además de la ministra, por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, han acudido al evento el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; la directora general de SEPES, Leire Iglesias; el director general de Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martín; y, además, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas, que comentaron las líneas de financiación a la vivienda existentes. Unas iniciativas que los promotores quieren que sean más agiles en su tramitación.

Estos expertos debatieron sobre la línea de préstamos de 4.000 millones de euros a promotores públicos y privados está dirigida a proyectos que incrementen el parque de vivienda en alquiler social o precio asequible energéticamente eficiente vía obra nueva o rehabilitación, y que también incluye la financiación para la compra de suelo o del edificio.

También indicaron que el acuerdo firmado con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa contempla la financiación de operaciones desde el 1 de enero de 2022 que cumplan con las condiciones establecidas en el acceso al préstamo. Estos préstamos se tendrán que solicitar antes del 1 de junio de 2026 y formalizar antes del 31 de agosto de 2026.

Otra cuestión que comentaron es que existen dos vías de acceso a la financiación de los proyectos, que se distribuirán en función de la demanda. En un inicio, está previsto que el ICO movilice 2.000 millones de euros y las entidades financieras adheridas a la línea de préstamos movilizarían los 2.000 millones restantes. No obstante, en función de la demanda esta distribución puede variar.

En el caso de que sea el ICO la entidad que concede el préstamo, la operación solo requerirá de verificar el cumplimiento de los requisitos y el riesgo de la operación, para la posterior concesión del préstamo. Por otra parte, las entidades financieras analizarán el riesgo de la operación conforme a su propia política de riesgos, ya que es la entidad quien asume el riesgo de impago. Si se utilizase la vía de las entidades financieras, una vez la entidad y el promotor acuerden el préstamo y se conceda, el ICO trasferirá el importe de la operación a la entidad financiera para que proceda a su préstamo al promotor.

También subrayaron que aquellas viviendas construidas a través de estos préstamos deberán ser destinadas al alquiler social o asequible, o cedidas para dicho uso, durante período mínimo de 50 años. Asimismo, los proyectos tendrán que finalizarse en diferentes fechas, en función del tipo de proyecto financiado. Concretamente, la financiación del Programa para la construcción del Plan de Recuperación deberá estar terminada antes del 30 de junio de 2026.

La construcción de edificios en suelo urbanizado antes de que transcurran cuatro años desde la formalización del préstamo, con posibilidad de prorrogarlo dos años más. En el caso de suelos no urbanizados el plazo es de ocho años, con posibilidad de solicitar una prórroga que alargue cuatro años más dicho plazo. Y un plazo de cuatro años, con posibilidad de solicitar una prórroga de dos años más, en el caso de la rehabilitación.

Por último resaltaron que los proyectos financiados han de cumplir con unos requisitos climáticos en los cuales los edificios construidos deben alcanzar un consumo de menos del 20% de energía primaria que el establecido para edificios de consumo de energía casi nulo según directrices las nacionales; y, los rehabilitados, deben reducir, al menos, un 30% de la energía primaria no renovable.