La necesaria mejora, ahora más que nunca, de los cuidadores de los dependientes

1. Introducción

La pandemia del coronavirus ha resaltado la necesaria solidaridad conjunta y reacción efectiva e inmediata por parte del tejido social y económico en España. Uno de los colectivos más vulnerables, los dependientes de edad más avanzada ,son los más castigados por esta crisis sanitaria y los responsables de sus cuidados ven impotentes como, ante la falta de recursos y de coberturas sociales en distintos niveles de este sector, el sentido de toda una vida trabajando desaparece en cuestión de semanas. La crisis del COVID-19 ha sacado a la luz los innumerables problemas del sector de la dependencia; un sector que, lejos de quedar en el olvido, cada vez está más en auge, aunque con una gestión deficiente.

La figura del cuidador profesional en el mercado de trabajo lleva haciéndose hueco en el sector sociosanitario desde hace varios años por propia inercia y con el motivo principal del envejecimiento demográfico, las nuevas pautas migratorias y la baja natalidad en España. Y el problema se agudiza aún más, pues “la tasa de reposición (que teóricamente mantendría la población total sin migraciones en el nivel inicial) suele colocarse en 2,05 hijos por mujer, pero en España el número de hijos por mujer ha estado muy por debajo de ese nivel desde 1981 hasta ahora y no es previsible, al menos a corto y medio plazo, un repunte sostenido del mismo”[1].

A pesar de que la figura del cuidador cada vez está cobrando más protagonismo, es evidente la falta de regulación y de un adecuado encaje en el sistema de muchas personas cercanas a los dependientes que realizan estos cuidados efectivos y la cobertura no es la adecuada. Los obstáculos existentes en distintas autonomías en cuanto a las regulaciones, así como las evidentes condiciones a las que últimamente están viéndose abocados los cuidadores precisan de una atención y una cobertura urgente por parte de los organismos competentes. En el presente texto será analizado, brevemente, el contexto actual de estos cuidadores, cada vez más profesionalizados, para exponer, en general, los principales beneficios y los mayores retos a los que se enfrenta este vital oficio para la sociedad.

2. Últimos años de la dependencia en España.

Hemos de tener en cuenta que, en España, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, (en adelante, LD) constituyó una gran novedad en lo que a protección social de las personas dependientes se refiere. El catálogo de servicios que recoge su artículo 15, ha venido a colmar un nicho que, hasta ese momento, se encontraba huérfano de protección pública: el de las personas que sin encontrarse -necesariamente- en la tercera edad o poseer algún tipo de discapacidad, padecían alguna incapacidad personal, entendida esta como la imposibilidad o dificultad de realizar los actos esenciales de la vida diaria y que precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para gestionar con garantías su propia existencia (art. 2 LD).

En ese contexto, la loable intención de la LD es que las prestaciones se hagan efectivas, preferentemente, a través de servicios técnicos y asistenciales. No obstante, habida cuenta de las características habituales de la familia en nuestra sociedad, con una fuerte presencia del cuidador informal, ha derivado, indefectiblemente, hacia una preponderancia en el otorgamiento de prestaciones de tipo económico.

El sistema de competencias en la materia, diseñado por el Estado y cedido a las Comunidades Autónomas (de las que depende su gestión y ejecución en función al art. 148 CE), garantiza a través del poder central la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos que otorga la LD (art. 149.1 CE). Esta concurrencia de competencias ha sufrido fricciones, derivadas, fundamentalmente, del periodo de grave crisis económica que atravesó nuestro país allá por el año 2012 y que coincidió con el alumbramiento de esta norma social, terminando, por tanto, implicando a su plena implantación. Clara muestra de ello fue el endurecimiento de los requisitos que se produjo en aquella etapa para acceder a las prestaciones, elevando el rigor valorativo de la situación de dependencia y reduciendo la calidad de las prestaciones, a su vez que incrementando la cuantía económica que debía aportar el sujeto al que se reconocía el derecho.

Los recortes introducidos en 2012 y 2013 (RD Ley 20/2012 y RD 1050/2013), la reducción del gasto público y las discrepancias sobre qué Administración debía sufragar mayor porcentaje del coste de las prestaciones previstas, desembocaron en una cierta paralización en la aplicación efectiva de la LD. Esta situación se hizo patente con el retraso en el calendario oficial de aplicación de la norma, ya que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante, SAAD) que entró en vigor con la LD, comenzó atendiendo a los dependientes más severos pero con la intención de extender su catálogo de servicios hacia los dependientes moderados en 2013, retrasándose el reconocimiento de prestaciones a los dependientes de los niveles más bajos -en un inicio hasta 2014 y, posteriormente, hasta julio del año 2015-. De esta manera, se provocó un incremento excepcional en la lista de espera de beneficiarios, lo que se ha denominado “el limbo de la dependencia”, es decir, personas que son sujetos del derecho pero que no han percibido prestación o subsidio alguno.

Con independencia de lo anterior, es de resaltar que, en los últimos años, los presupuestos de las Comunidades Autónomas han reflejado una ligera mejora que puede incidir positivamente en el SAAD[2].

3. La importancia de los cuidadores en la dependencia: hacia una profesionalización.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de población de mayores de 65 años, actualmente, se sitúa en el 18,7%, alcanzando el 25,6% en 2031 y el 34,6% en 2066.[3] En ese sentido, el propio Preámbulo de la LD llama la atención sobre un hecho incontestable y de la mayor trascendencia: el significativo crecimiento de la población de más de 65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años, pasando de 3,3 millones de personas en el año 1970 a más de 6,6 millones en el año 2000 (16,6 % de la población) y situándose, en la actualidad, en cifras superiores al 19%. Partiendo de estos datos, y de la elevada esperanza de vida en España, es evidente el aumento progresivo de población envejecida y, por ende, la necesidad cada vez mayor de contar con recursos humanos para ofrecer asistencia a este colectivo.

Estos recursos humanos se identifican con la figura del cuidador, una figura que tiene dos perspectivas: la no profesional (esto es, cuando la persona dependiente esté siendo atendida por su entorno familiar o persona próxima) y la profesional (quien, de acuerdo con la Ley, debería encontrarse vinculado por una relación contractual establecida entre la persona atendida y el cuidador o cuidadora). Generalmente y, en la medida en que se cumplan los requisitos de laboralidad del artículo 1.1 del Estatuto de los trabajadores (en adelante, ET), esa relación se caracterizará por la sujeción a un horario previamente acordado y la prestación de unos cuidados especializados que permitan mejorar la calidad de vida de la persona dependiente. En ese sentido viene a garantizar unos cuidados que los familiares cercanos, si es que existen, no pueden o no saben prestar y, en consecuencia, ese profesional debería contar con la formación sociosanitaria específica respecto de las funciones que desempeña.

El perfil habitual del cuidador del personal dependiente, según un estudio de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, es de mujer –88,5 %– en torno a 55 años –un 82,5% se encuentran entre 31 y 60 años– con estudios secundarios o superiores –82,5%– que compagina cuidados y trabajo –63,5%–. Un 52,5% no tiene relación de parentesco, mientras que en el 47,5% de los casos el cuidador es un familiar. En esos supuestos, casi en el 20 % de los casos el cuidador es la madre o el padre, en el 14 % se trata de otros familiares y casi en el 10 % son los hijos los que cuidan. Generalmente los cuidados son prestados por el cuidador principal, pero en la mayoría de los casos –69 %– recibe ayuda complementaria de otras personas (predominantemente familiares). El 70% de ellos lleva más de tres años realizando esas tareas, dedicando más de seis horas diarias a tan necesaria actividad (un 62% de la muestra) y, por todo esto, pueden apreciarse notas de laboralidad y profesionalización, en la especial dedicación a este vital oficio[4].

Según hemos apuntado anteriormente, el periodo de crisis económica propició la aprobación de medidas legislativas con el objeto de contener el gasto público. Una de ellas, afectó, directamente, a la LD y así, a través del artículo 22 del RD-ley 20/2012, se modificó la Ley 39/2006. En ese sentido, se produjo una supresión de la tutela social de los cuidadores familiares, ya que, desde entonces y en relación con el convenio especial de la seguridad social, este deberá suscribirse entre cada cuidador y la TGSS, pasando a ser voluntario y cotizando, exclusivamente, a cargo del cuidador no profesional que así lo desee.

En lógica consecuencia, las cotizaciones de los cuidadores sociales no profesionales han caído drásticamente. El descenso de cotizantes ha continuado en tendencia negativa, de manera que, en noviembre de 2016, menos de 10.000 cuidadores cotizaban frente a los más de 170.000 registrados en diciembre del año 2011[5]. En definitiva, el 94% de los cuidadores no profesionales de personas dependientes no cotiza en España. Desde el sector de los servicios sociales, en concreto según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el recorte acumulado para el gasto público en dependencia ya alcanza los 4.600 millones de euros para el periodo 2012-2017, cifras que ponen de manifiesto la magnitud de la situación[6].

Lo cierto es que la mayoría de las personas dependientes preferirían que su cuidador fuera una persona de su familia o de su entorno próximo[7], si bien, parece razonable a resultas de la tesis expuesta en el párrafo anterior, aquellos servicios destinados a la atención de personas dependientes (tales como: centros sociosanitarios, residencias, centros de día, o similares) estén experimentado un aumento de los usuarios. El crecimiento de la demanda debe conducir al incremento de las ofertas de trabajo para los profesionales del sector. En este sentido, trabajos como los de cuidador y gerocultor parecen vislumbrarse como muy demandadas de cara al futuro y, a priori, tendrían mayor salida profesional que otros sectores (sin tener en cuenta las condiciones laborales). Las referidas profesiones, conocidas comúnmente como “auxiliar de geriatría”, desempeñan la labor de asistencia y ayuda a las personas privadas de su autonomía y dependientes en sus actividades esenciales de la vida diaria (como pueden ser comer, controlar la medicación, ayuda en el vestir, asear, levantar o acostar a los dependientes, entre muchas otras) y su función no se circunscribe exclusivamente a personas de la tercera edad, sino a cualquiera que necesite el apoyo para realizar las labores básicas de su vida diaria (personas con enfermedades crónicas o discapacidades físicas o psíquicas).

Teniendo en cuenta esta realidad, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia estableció que a partir del 31 de diciembre de 2018 todos los trabajadores encargados de realizar tareas de atención a la dependencia deberían disponer de una cualificación profesional mínima: el Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. Es por ello que, el referido Certificado, es una titulación muy demandada actualmente dentro del sector sanitario, a causa, como decíamos, del aumento en la demanda de dicho perfil profesional por el incremento de la población dependiente[8], a pesar de que las condiciones de trabajo hayan sido muy cuestionadas estos días[9].

En base a lo expuesto, es evidente que nos encontramos con una realidad a la que los poderes públicos deben dar oportuna respuesta, toda vez que la población mayor va a demandar atenciones en materia de dependencia que, por la naturaleza demográfica de nuestro país, irán incrementándose paulatinamente, debiendo ser atendidas. En este sentido, la puesta en marcha de la LD plantea la necesidad de dotar al sistema de un importante número de profesionales que garanticen unos cuidados de calidad a las personas que los requieren. En la última década, se aprecia un incremento en las ofertas de empleo de estos profesionales, cuyas perspectivas en el futuro son esperanzadoras.

Parece, a resultas de lo expuesto, que el modelo tradicional de cuidador familiar o no profesional está cediendo en representatividad frente al auge de los cuidadores profesionales. Lo cierto es que ambos modelos son importantes e, incluso, deberían ser complementarios cuando esto sea posible. Con independencia de ello, es claro que el modelo profesional aporta una serie de ventajas que podemos resumir en las siguientes:

• Cualificación acreditada mediante una formación en materia sociosanitaria, higiénico-alimentaria y psicosocial específica que le permite conocer las necesidades del dependiente y proporcionarle las atenciones más adecuadas a su estado.
• El certificado de profesionalidad (titulación requerida de forma obligatoria) del cuidador profesional garantiza que este tiene las capacidades y conocimientos necesarios para desempeñar la profesión con garantías.
• Permite crear nuevas oportunidades de empleo, lo que contribuye a reducir la tasa de desempleo del país.
• El aumento en la contratación produce un Incremento de las cotizaciones sociales, tan necesarias para las arcas públicas.
• El modelo profesionalizado descarga, -al menos parcialmente- a los familiares de la persona dependiente de aquellos esfuerzos físicos y posturales que se necesitan realizar cuando se atiende a las personas que conforman este colectivo, evitando los riesgos de lesiones derivadas del manejo de personas con movilidad reducida por personas inexpertas en esta labor.
• La existencia de ayudas y complementos económicos que ofrecen algunas administraciones para contratar a cuidadores profesionales es beneficioso para las economías familiares e, indirectamente, cuando la relación laboral sale a la luz, se contribuye a luchar contra la economía sumergida. Sirvan a modo de ejemplo, los nuevos complementos económicos que ofrece la Junta de Castilla y León para que las personas con dependencia puedan comprar servicios de atención en su domicilio habitual[10], así como la ampliación significativa de las existentes que, según el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, han sido aprobados en los últimos años[11].

4. Conclusiones

A pesar de la inercia que está adquiriendo el sector sociosanitario en España con la progresiva demanda de cuidadores de dependientes por las causas expuestas, la crisis del COVID-19 ha sacado a la luz muchas de las carencias e insuficiencias demandadas desde hace años por este sector.

El sector sociosanitario, aunque este en auge por el contexto demográfico tendente al envejecimiento –y sin una suficiente adecuada tasa de reposición–, así como por los beneficios indicados, sufre un olvido desde hace varios años por parte de las autoridades competentes en detrimento de las personas dependientes. Estas carencias llevan siendo años resaltadas por parte del propio sector y han sido agudizadas con la crisis sanitaria del COVID-19: precariedad salarial, falta de regulación o –especialmente–, de equipos de protección necesarios y de plantilla ante la pandemia del coronavirus.

La evidente necesidad de más cuidadores profesionales, adecuadamente regulados y en unas condiciones laborales optimas, así como la regularización y el adecuado ajuste de aquellos que realizan estas funciones sin el debido reconocimiento, puede aportar muchos beneficios a una sociedad que cada vez demanda más estos servicios. Sin duda los innegables avances normativos de la última década no pueden verse obstaculizados por crisis económicas o sanitarias como la existente, que evidencian, todavía mas la necesidad de mejorar el servicio dado a las personas dependientes en España.

Sobre el autor: Alvaro San Martín Rodríguez es doctorando en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de León, Abogado laboralista Bufete Casadeley.

BIBLIOGRAFÍA

[1] DEFENSOR DEL PUEBLO: La situación demográfica en España. Efectos y consecuencias, Madrid, 2019, pág. 98

[2] JIMENEZ-MARTÍN, S. y VIOLA, A.  Estudios sobre la Economía Española 2017/22. Observatorio de dependencia, Madrid (FEDEA), 2017, pág. 5.  

[3] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nota de Prensa 994, Madrid, 2016, pág. 1, Fecha de consulta: [03/04/2020].

[4] AA.VV.: Estudio de investigación sociosanitaria sobre cuidadores de personas mayores dependientes, Madrid (IMC), pág. 27, Fecha de consulta: [03/04/2020], disponible en: http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/Estudio-Cuidadores-segg.pdf

[5] MARCOS, J.: “El 94% de los cuidadores no profesionales de personas dependientes no cotiza”, Web: El Pais [en línea], [Fecha de consulta: 03/04/2020], disponible en:

[6] SANCHEZ, L.J.: “Los recortes del Estado en dependencia alcanzan los 4.600 millones de euros entre 2012-2017”, Web: Confilegal [en línea], [Fecha de consulta: 03/04/2020], disponible en:

[7] AA.VV.: Estudio de investigación sociosanitaria sobre cuidadores de personas mayores dependientes, cit., pág. 24.)

[8] ESTRELLA DIGITAL: “La atención sociosanitaria, una salida profesional en auge”, Web: Estrella Digital [en línea], [Fecha de consulta: 03/04/2020], disponible en:

[9] PEINADO, F.: “Los cuidadores de personas mayores: mal pagados, sobrecargados y ahora, en pánico por el coronavirus”, El Pais [en línea], [Fecha de consulta: 03/04/2020], disponible en: https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-17/los-cuidadores-de-personas-mayores-mal-pagados-sobrecargados-y-ahora-en-panico-por-el-coronavirus.html

[10] ASTORGA REDACCION: “La Junta prevé la profesionalización de los cuidadores de dependientes”,  Web: Astorga Redacción [en línea], [Fecha de consulta: 03/04/2020].

[11] GOBIERNO DE NAVARRA: “El Gobierno incrementa entre un 45 y un 140% las ayudas para contratar cuidadores o cuidadoras profesionales para personas dependientes”, Web: Navarra.es [en línea], [Fecha de consulta: 03/04/2020], disponible en: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/12/12/incremento+ayudas+contrato+cuidadores+profesionales+para+dependientes.htm