La presidenta del CGPJ denuncia el ataque del poder político tildando de ‘complot judicial’ las causas contra el Gobierno
Destaca que el Estado de Derecho requiere que los jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones atendiendo únicamente al imperio de la ley, "sin presiones"
Isabel Perelló, presidenta del TS y del CGPJ. (Imagen: Poder Judicial)
La presidenta del CGPJ denuncia el ataque del poder político tildando de ‘complot judicial’ las causas contra el Gobierno
Destaca que el Estado de Derecho requiere que los jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones atendiendo únicamente al imperio de la ley, "sin presiones"
Isabel Perelló, presidenta del TS y del CGPJ. (Imagen: Poder Judicial)
«La crítica de las actuaciones de los poderes públicos es inherente a la democracia y es, además, un modo en que las instituciones pueden mejorar su funcionamiento. La labor de los jueces y magistrados puede, y en su caso debe, ser criticada, pero lo que no cabe es cuestionarla de forma generalizada y permanente, atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos». Así lo ha subrayado este viernes la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.
Y ha recordado que «tal forma de proceder menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia, causando con ello un grave daño institucional».
«El Estado de Derecho requiere que los jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones atendiendo únicamente al imperio de la ley, sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder, público o privado», ha subrayado.
La presidenta del Supremo y del CGPJ asistirá este viernes al acto de entrega del premio Fórum Europa 2024 a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que le ha sido concedido por su compromiso con el fortalecimiento de la Unión Europea y de sus valores.
Isabel Perelló recuerda que la independencia judicial constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho
Con ocasión de ello, Isabel Perelló ha recordado que entre esos valores se encuentra el de «la independencia judicial, que constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho». Destaca que «es precisamente esa independencia lo que garantiza que la potestad jurisdiccional y la política discurran por caminos separados».
Los ataques verbales a los jueces son una constante por parte de ciertos políticos, incluso miembros del Gobierno. El propio presidente, Pedro Sánchez, acusa de connivencia a jueces y PP: «Juega con las cartas marcadas». Lo ha dicho este miércoles en la tradicional copa de Navidad con periodistas en Moncloa.
Estas últimas semanas han sido sonadas las declaraciones tildando de «complot judicial» las investigaciones contra el Gobierno y la esposa y el hermano del presidente. En esos términos se ha pronunciado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y desde la televisión pública, en el programa La noche en 24h, afirmando que «hay un frente judicial evidente» contra el PSOE y el Gobierno», a los que «no se les ataca políticamente, sino judicialmente». Además, aseguró que «hay magistrados que hacen activismo político».
Patxi López, en ‘La noche en 24h’. (Imagen: RTVE)
Más aún, el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirma que «hay una estrategia para amedrentar a políticos progresistas y sus familias». Así lo ha declarado en una reciente entrevista en La Vanguardia.
Quien también viene cargando contra los jueces es la eurodiputada de Podemos Irene Montero, pero incluso siendo exministra de Igualdad. La exministra de Igualdad habla de «machismo» en la Carrera Judicial, y de jueces «reaccionarios, clasistas y profundamente ignorantes» en materia feminista y violencia machista, exigiendo que se formen de forman continuada. «Si no hubiese jueces que preguntan cuánto has cerrado las piernas o por qué te fuiste con un desconocido o que desprotegen a la mujer en el sistema de justicia no haría falta que el feminismo defendiera ese derecho», manifiesta Montero. Al parecer, desconoce que los jueces sí tienen formación en violencia de género y delitos sexuales.
«Las palabras de la presidenta, aun siendo las correctas, son insuficientes», afirma Jesús Villegas
«Las palabras de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, aun siendo las correctas, son insuficientes, porque hay una dimensión que se escapa, y es que las declaraciones de los políticos en sí mismas pueden constituir un ataque a la independencia judicial», declara a este diario el magistrado Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
Y ello, «porque, como tienen establecido Naciones Unidas y los tribunales supranacionales europeos, dichas declaraciones al venir del poder político pueden equivaler a una presión, injerencia o influencia indebidas, en tanto que resulten intimidatorias o incluso amenazantes».
Jesús Villegas señala que «una cosa es la libertad de expresión y otra muy distinta prevalerse de la posición de preeminencia que proporciona el cargo político para intentar alterar el curso de los procedimiento judiciales». «Es el momento de preguntarse si están cruzando esas líneas rojas», concluye.
El magistrado Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
El constante cuestionamiento de su labor por parte de los otros dos poderes del Estado es «la máxima preocupación de los jueces»
Numerosos jueces, magistrados, juristas y fiscales han expresado a Economist & Jurist, en diversas ocasiones, su preocupación a que los ciudadanos pierdan el respeto a los tribunales porque el poder político es el primero que no les respeta, entre ellos la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco; el portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva Parrilla; el magistrado Fernando Portillo, presidente de la asociación judicial Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo.
También el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo José Luis Requero; el magistrado Tribunal Constitucional José María Macías; el magistrado Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial; la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus; el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés.
«La máxima preocupación de los jueces es el constante cuestionamiento de nuestra labor por parte de los otros dos poderes del Estado». Así lo ha manifestado a este diario la magistrada María Jesús del Barco en una entrevista preguntada acerca cuáles son los desafíos más críticos que enfrentan los jueces en la actualidad.
María Jesús del Barco. presidenta de APM, la asociación mayoritaria en la Carrera Judicial, y decana de los jueces de Madrid. (Imagen: APM)
«Asistimos a una crítica hiriente, irracional, permanente y ausente del más mínimo respeto institucional. No se cuestiona una decisión judicial en concreto sino todo el sistema; los jueces independientes nos hemos convertido en un estorbo para los que entienden el poder de una forma autoritaria y ajena a los principios básicos de una democracia», denuncia la presidenta de la APM, quien sostiene que «el Estado de Derecho en España está en crisis».
Para el portavoz nacional de AJFV, «los ataques al poder judicial forman parte de un calculado plan de deslegitimación del tercer poder del Estado, con el fin de socavar la confianza de la ciudadanía en la independencia e imparcialidad de los jueces», según ha declarado hoy a Economist & Jurist preguntado por todos estos embistes que sufre el poder judicial por parte del poder político.
Sergio Oliva advierte que «este peligroso proceso de deslegitimación del poder judicial pone en riesgo los derechos y libertades de la ciudadanía, y las propias bases de nuestra democracia». «Aunque los políticos intenten llevarnos a sus trincheras, la sociedad tiene que saber que puede confiar en sus jueces», sentencia.
«El Gobierno querría una justicia cómplice, como no es así, se revuelve contra ella», ha denunciado también en este diario Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente. «Las declaraciones de Patxi López de que hay un frente judicial contra el PSOE y el Gobierno son muy graves», destaca Portillo.
Sergio Oliva, portavoz nacional de AJFV. (Imagen: Archivo)
Añade que lo hacen «sin importarles el daño que hacen al país arrojando a los jueces a los pies de ciudadanos enfadados, poniendo por delante sus intereses partidistas y personales sobre los de la nación, cuya salud democrática depende de la existencia de un poder judicial fuerte e independiente». Algo que, insiste, «claramente los molesta hasta el punto de usar burdos argumentos que en verdad se reducen a: El profe me tiene manía». Este magistrado subraya que «los responsables políticos y cargos institucionales deberían medir bien sus manifestaciones públicas, aunque les afecten esas investigaciones».
Asimismo, señala los «falsos argumentos jurídicos» esgrimidos desde el PSOE, «como lo de que no se pude iniciar una causa penal con recortes de prensa». Patxi López asegura que está «prohibido, según la doctrina del Supremo», que recortes de periódico abran una causa, en referencia a las denuncias de Manos Limpias sobre el caso del hermano y la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para Portillo, «eso es tocar de oídas, haber escuchado algo y no haberlo entendido». Recuerda que «el caso Gürtel comenzó con unos recortes de prensa de El País».
La preocupación de que los ciudadanos pierdan el respeto a un colectivo porque «el poder político es el primero que no la respeta» no queda aquí. También existe este pesar en la abogacía. En concreto, para la presidenta del sindicato de Abogados Venia, Belén García, según declaró en una entrevista en Economist & Jurist, en la que denunció que los profesionales del turno de oficio son los ‘riders’ de la Administración, y reclamó regular la relación laboral, así como una pasarela al RETA para todos y con reconocimiento de todos los años cotizados.
Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) y magistrado decano de los juzgados de Melilla. (Imagen: Fernando Portillo)
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