Sonia Gumpert, ex decana del ICAM y socia de Monereo Meyer Abogados, desacreditada por los tribunales
"Ante la solidez de los datos planteados por la defensa y la inconsistencia de la acusación, culmina este proceso, obviamente haciéndose justicia"
Sonia Gumpert (Foto: Carlos Capa/Lawyerpress)
Sonia Gumpert, ex decana del ICAM y socia de Monereo Meyer Abogados, desacreditada por los tribunales
"Ante la solidez de los datos planteados por la defensa y la inconsistencia de la acusación, culmina este proceso, obviamente haciéndose justicia"
Sonia Gumpert (Foto: Carlos Capa/Lawyerpress)
La sentencia adelantada por Economist & Jurist por la que la justicia asestaba un duro golpe a Sonia Gumpert Melgosa, exdecana del ICAM y socia de Monereo Meyer Abogados, ya es firme. La contundencia del fallo en la Audiencia Provincial ha diluido la interposición del correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tras adquirir firmeza, la sentencia pone fin a una larga campaña de desprestigio, donde sin duda se ha lesionado el honor de los acusados y lesionado la institución que lideraba la exdecana Gumpert.
Además de lo estrictamente jurídico, este caso nos obliga a reflexionar sobre la instrumentalización de la cuestión de género hacia fines personales. Y es que los denunciantes intentaron construir la imagen ficticia de que «una mujer indefensa había sido agredida», cuando nada más lejos de la realidad -y ya demostrado en sede judicial-, crearon una serie de ardides para simular la supuesta agresión.
Ambas resoluciones, tanto la de primera instancia como la de la Audiencia Provincial, han sido inapelables. «Tan irrebatible fue el fallo de primera instancia, que dos de las partes de la acusación –Antonio Albanés Paniagua y José Ramón Antón Boix-, ni siquiera se unieron a Gumpert en la apelación a la Audiencia Provincial, quedándose esta literalmente sola. Lo mismo sucedió con la Fiscalía, que no apoyó la tesis acusatoria en la segunda instancia, así como el Consejo General de la Abogacía, en un principio acusación popular, que incluso retiró su presencia antes de segunda instancia, dadas las evidencias de que no existió agresión alguna», rezaba la información publicada por Economist & Jurist el pasado 28 de junio.
Lo que parece ganar enteros es la tesis de que la socia de Monereo Meyer podría tenía la intención de perjudicar a la institución que había apoyado al ganador en la contienda electoral del Ilustre Colegio de la Abogacía -a la sazón «de Abogados»- de Madrid, pues ella era patrona de la candidatura alternativa, la de Javier Íscar de Hoyos, quien acabó perdiendo en los comicios.
En cuanto a lo sustantivo del caso, no solo se ha podido probar que los acusados no agredieron a Gumpert, sino que era materialmente imposible que lo hicieran, tal y como demostró el perito Francisco Galadi: “atendiendo a las dimensiones del ascensor, entiende que al entrar la Sra. Gumpert la primera, es lógico que se sitúe al fondo, quedando delante de ella sus dos acompañantes, no puede quedarse en el medio porque el ascensor es muy pequeño”, y esto conduce, según puede leerse en la sentencia, “a que el principal acusado no llega ni a entrar” siendo “imposible que llegue a alcanzarla con su brazo”.
A mayor abundamiento, y en otra de sus tantas contradicciones, Gumpert y sus acompañantes sostuvieron, primero que la exdecana fue agredida tanto el hall como en el interior del ascensor del hotel, para luego defender que únicamente pudo ser agredida en el ascensor, ya que era el único habitáculo en el que, dada la confusión de las imágenes, podrían sostener la coartada.
Algunos testigos, que pese a no formar parte del procedimiento sí estuvieron en el lugar de los hechos y tuvieron constancia de lo acontecido, consultados por Economist & Jurist, manifiestan que «es curioso que la señora Gumpert decidiera visitar al médico a las tres de la mañana, horas después de la supuesta agresión, y que lo hiciera en un hospital sito a varios kilómetros del lugar de los hechos, cuando había varios justamente al lado del hotel Novotel Center». Esta misma fuente señala que «es igualmente anómalo que Gumpert se negara a realizarse la prueba que podría haber atestiguado la supuesta agresión».
Seguros de su inocencia, los acusados pidieron a la dirección del hotel -muy conectados con Sonia Gumpert, pues ella había celebrado actos del ICAM cuando era decana- que retuvieran las grabaciones para que fueran entregadas íntegramente a las autoridades judiciales. Pero el hotel incumplió la cadena de custodia seleccionando unos fragmentos de la grabación que favorecían al relato de Gumpert, dando pie a unas especulaciones y campaña mediática que sin duda hicieron resentir la imagen pública de los acusados.
Tampoco se presentaron en el procedimiento las imágenes que había en el ascensor, ni las que grabaron lo acontecido justo enfrente del mismo, que hubieran demostrado lo que realmente ocurrió: que no existió agresión alguna. Y es que parte de la confusión creada se debe al juego de cámaras, tendentes al engaño, y a las grabaciones que se filtraron a numerosos medios de comunicación, tal y como se puede observar en el siguiente vídeo.
Por si no fuera poco, el único testigo de cargo presentado por la acusación manifestó textualmente: “El principal acusado ni agredió a la Sra. Gumpert ni estaba si quiera en posición de hacerlo”.
Ante la solidez de los datos planteados por la defensa y la inconsistencia de la acusación, culmina este proceso, obviamente haciéndose justicia.
Una decana bajo sospecha y un colegio para generar presión
Varios son los escándalos que envolvieron a la exdecana Gumpert. Según señalaron medios como ABC [consultar pieza 1; consultar pieza 2], el propio Javier Íscar, candidato públicamente apoyado por Gumpert y miembro destacado de junta, envió cartas a muchos de los grandes despachos de abogados de Madrid para que a cambio de dar clases en el ICAM, introdujeran en las cláusulas de los contratos que en caso de que de controversia, no se sometieran al arbitraje del Colegio de Abogados, sino al del tribunal arbitral al que pertenecía Javier Íscar, aprovechando así su labor institucional para obtener beneficios netamente personales. El diario ABC fue demandado por el propio Íscar, que recibió también un revés de los tribunales, al entenderse que la información era veraz y que respondía a un evidente interés público.
La transparencia que prometía, cuando llega al poder, ya no la considera necesaria: no informa voluntariamente las numerosas dimisiones de miembros de su Junta (tesorera, dos secretarios, entre otros), que no se producen por casualidad, sino por el rumbo que sigue su gestión. Su vicedecano denuncia diversas irregularidades. Los medios de comunicación se hicieron eco de estos incumplimientos, sirva de ejemplo la publicación de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas; de Diario Público, que subraya la división creada en el seno de su Junta, así como Libre Mercado, que notició las diligencias que un Juzgado abrió contra Gumpert por mala praxis en su gestión al frente de la institución.
Gestión que no pasó inadvertida por los miles de colegiados del ICAM que acabaron retirando su confianza a la actual socia de Monereo Meyer Abogados que, de igual modo, pudo haber aprovechado su influencia en la abogacía institucional para, precisamente, «arreglar cuentas» atropellando el honor y dignidad de a los que en su momento acusó, ya definitivamente absueltos.