La Subcomisión Concursal del CGAE alerta de la necesidad de contar con abogados especializados que gestionen las insolvencias de terceros

La abogacía institucional ha levantado la voz de alarma ante el elevado número de concursos en nuestro país, y la aparición de plataformas y profesionales, que sin la experiencia adecuada, se presentan con el ánimo de gestionar las deudas de empresas y particulares.

Un trabajo muy delicado que necesita de abogados especializado en materia de segunda oportunidad o concursal a fondo, porque un descuido puede hacer que esa exoneración del pasivo no se pueda llevar a cabo. Los profesionales cualificados pueden salvar empresas y profesionales de la insolvencia.

Federico Bravo, decano del ICA de La Rioja es el actual presidente de esta Subcomisión de Derecho Mercantil y Concursal que arrancó en mayo del 2022 otro decano, Jesús Sánchez, del ICAB. “La estadística del CGPJ de los dos primeros trimestres es concluyente. La tendencia es relevante es el crecimiento de concursos que se viene produciendo desde el 2016, donde había 7.000 concursos; y en el 2023 a 42.000; y a 56.0000 este año. Lo que más llama la atención son los relacionados a persona física. Se ve en el incremento de un trimestre a otro. Es un dato que hay que analizar”, señala Bravo.

Otro dato llamativo para este jurista es que “se ha producido un vuelco cada vez más evidente en los datos. Desde ese año 2016, el concurso de personas jurídicas era el escenario habitual en el ámbito concursal, un 70% eran este tipo de concursos. Esta situación se revierte en el 2019 y hay equiparación práctica entre ambas modalidades de concurso. Ahora en el 2023, el concurso de persona física supone el 85%. Con los datos del 2024 ya el 90% de los concursos que se tramitan son concursos de persona física”.

Federico Bravo advierte que el papel del abogado especializado en insolvencias y refinanciaciones es clave. (Imagen: CGAE)

Al mismo tiempo recuerda que “cada vez se conoce más el mecanismo de segunda oportunidad, donde el papel del CGAE y los colegios de abogados está siendo clave para la persona física. Esta exoneración del pasivo pasa por un concurso previo y ese puede ser un elemento que justifique que cada vez crezcan los concursos de personas físicas”.

Junto con esto, este experto no es ajeno a “la avalancha de plataformas en redes sociales que ofrecen servicios en materia de segunda oportunidad, otro dato muy a tener en cuenta. Nosotros desde el CGAE y esta Subcomisión queremos trasladar la conveniencia a los consumidores de que deben utilizarse de forma correcta estas herramientas, pero es conveniente que estén supervisadas por profesionales la abogacía, expertos en estos temas concursales. Es muy importante que cuenten con asesoramiento especializado en esta materia. Se juegan mucho en este tipo de asuntos”.

En su opinión, resulta fundamental contar siempre con opiniones especializadas en este tipo de asuntos “no podemos olvidar que muchos de estas personas físicas que se ven en un concurso donde se juegan su patrimonio no son empresarios, con lo cual tienen menos conocimiento de los que les puede pasar si realizan alguna irregularidad en este tipo de procedimientos. En estos momentos hay muchos abogados especializados en estos asuntos que pueden dar este servicio de forma profesional y personalizada”.

Crecen los concursos de segunda oportunidad

Desde su punto de vista “ahora mismo la tendencia es ésta. En el mundo de la persona jurídica hay dos cuestiones que pueden explicar esta cuestión; en primer lugar que desde la última reforma concursal se ha establecido unos mecanismos preconcursales para las personas jurídicas que se están utilizando de forma notable. Es la abogacía preventiva para reaccionar a una situación grave de insolvencia. Eso ha hecho que el uso de los planes de reestructuración y otros elementos se estén utilizando en lugar de los concursos tradicionales”.

Bravo explica que, además de los órganos políticos, el Consejo General de la Abogacía Española modificaba puntualmente su organigrama para crear en mayo del 2022 la Subcomisión de Derecho Mercantil y Concursal. Presidida por Jesús Sánchez, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, depende de la Comisión de Estudios, Informes y Proyectos del Consejo, que dirige el decano de Cáceres, Juan José Flores; y nacía la vocación de impulsar la mejora de las instituciones concursales.

Esta Subcomisión constituida completa el organigrama de la Comisión de Estudios al sumarse a las subcomisiones de Penal, Civil, Contencioso-Administrativo y Laboral, que ya venían trabajando desde hace muchos años. El Consejo creó hace ya más de dos años una subcomisión sobre la especialidad Concursal ante el auge que esta materia está viviendo en nuestro país y las crecientes perspectivas de cara a los próximos años.

Esta entidad de la que Bravo es su actual presidente está formada una veintena   profesionales de reconoció prestigio en esta práctica, que a través de sus respectivos colegios de abogados han querido incorporarse a la misma. Está integrada, además de por Jesús Sánchez, por Martí Batllori, abogado del Colegio de Barcelona; Mireia Labarias y Miguel Ángel Salazar, del Colegio de Terrassa.

Junto a ellos, Yvonne Pavía, tesorera de Colegio de Barcelona; Jose María Puelles, del Colegio de Cádiz; Adrián Thery, abogado del Colegio de Madrid; Irene Romea, del Colegio de abogados de Zaragoza; Jorge Fernández, del Colegio de Cantabria; Carolina González, vinculada al ICA de A Coruña, al igual que Idoia Azpeitia, coordinadora sección concursal de ICAMUR, entre otros.

“Son profesionales muy cualificados, algunos además de abogados expertos en la materia son administradores concursales que lo que hacen es que el nivel que tiene la propia Subcomisión sea muy alto. Por otro lado, las novedades que se están introduciendo en materia mercantil y concursal en los últimos meses hace que este grupo de expertos tenga un protagonismo importante”.

A su juicio, las reformas que se han hecho en los últimos años han sido importantes y en todas de ellas, desde el CGAE y los colegios profesionales, hemos podido aportar nuestro punto de vista y enriquecer las propuestas normativas”, indica Bravo.

Yvonne Pavía, Martí Batllori y Marta Bergadà en el ICAM junto a otros dos miembros de la Subcomisión, Miguel Ángel Salazar y Jose María Puelles. (Imagen: IICAM)

Abogados asesores de terceros

Jose María Puelles, otro de los integrantes de esta Subcomisión, detalla a E&J que “los informes que hacemos llegan al Consejo de la Comisión de Estudios e Informes, del que ahora dependemos. En función del interés acaba el tema en el Pleno del CGAE. Así hemos informado de la última reforma concursal; del Reglamento de la Administración Concursal; del Reglamento de Estadística Concursal; el Reglamento del Registro Público Concursal; entre otros. También mantenemos relación con los juzgados mercantiles, que tiene cada uno su criterio, para poder entender sus fallos y darles difusión en la abogacía”.

Con estos informes “la abogacía deja clara su sentir y opinión en los trámites de audiencia pública que se abren como órgano técnico del CGAE a los distintos problemas que hay en el mundo concursal. También estamos en contacto con compañeros de distintos colegios de abogados para resolver cualquier tipo de consulta que necesiten aclarar. Hay ocasiones en las impartimos jornadas de formación sobre todo en cuestiones de segunda oportunidad. En otras, si nos piden algo por correo electrónico, lo resolvemos vía email”.

Esto ha hecho que “los abogados expertos en estos temas de insolvencia hayamos podido dar nuestra opinión sobre la última reforma concursal que supone la trasposición de la directiva correspondiente e incluso la reforma del mecanismo de segunda oportunidad, haya hecho que se haya oído nuestra voz de profesionales. Ahora volvemos a dar nuestra opinión de una cuestión importante que ya se planteo en el 2015 y que ahora es clave, como es Reglamento del Administrador Concursal, clave en la nueva normativa concursal”.

“Precisamente son las reuniones mensuales, casi siempre telemáticas, donde abordamos junto a nuestras cinco líneas de trabajo que van desde la nueva ley concursal a los programas de alerta temprana, otra área importante, como es la formación interna en materia financiera para los abogados que se dedican a esta práctica; y la otra parte es la de dar informes al CGAE sobre cuestiones claves normativas, que mantenemos desde hace tiempo”, comenta Bravo.

Federico Bravo explica a Economist & Jurist que tienen dos proyectos a abordar, “como es el organizar unas jornadas de abogados y abogadas en materia mercantil y concursal para poder fijar, tras estos debates un punto de vista de la abogacía institucional de aquellos temas que están siendo más importantes y problemáticos. Siempre es un foro de debate no se trata de fijar un criterio apriorístico sobre nada en concreto”.

Al mismo tiempo señala que “como trabajo a futuro se está estudiando crear un Observatorio sobre Insolvencia a nivel general, somos conscientes que este tipo de iniciativas están funcionando en lo que es la segunda oportunidad, como estamos viendo las iniciativas de Madrid y Barcelona, algunos de sus miembros de estas entidades están en nuestra Subcomisión. Se trata de que este nuevo Observatorio sea un Foro de Debate y sobre todo de captación de datos porque en este ámbito del Derecho Concursal disponer de esa información es importante”.

Al igual que el resto de los informes que elaboran los miembros de la Comisión de Estudios, Informes y Proyectos y sus correspondientes subcomisiones, los redactados por la Subcomisión de Concursal y Mercantil —tanto de legislación como de proyectos, anteproyectos, propuestas de reformas legislativas o enmiendas que plantea la abogacía u otro tipo de informes— son de acceso público para contribuir a mejorar el trabajo de los juzgados mercantiles y facilitar la práctica de los colegiados que trabajan en esta área del Derecho.