Las CCAA piden a Justicia que pague los planes de reactivación tras la huelga de los LAJs

El día después tras la huelga de los LAjs está siendo más problemático de lo que se pensaba. En una reunión telemática celebrada antes de Semana Santa, las Comunidades Autónomas con competencias en Justicia le pidieron al Ministerio que se haga cargo de los gastos que habrá que hacer en planes de refuerzo y otras actuaciones para recuperar los retrasos que se han producido en los tribunales como consecuencia del conflicto.

Al mismo tiempo, los sindicatos CCOO, CSIF, UGT Y STAJ, que han convocado paros de los funcionarios de Justicia a partir del próximo 17 de abril, han enviado una circular a sus 45.000 afiliados, funcionarios de justicia de los juzgados, conminándoles a que no participen en los planes de actuación que e pongan en marcha.

La situación es de lo más convulsa, porque hay que añadir que jueces y fiscales, en reuniones por separado, han reclamado al Ministerio que se convoque la Mesa de Retribuciones de ambos colectivos para fijar una subida salarial adecuada a sus reivindicaciones. El Ministerio de Justicia, representado por Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia, y Manuel Olmedo, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia han quedado en contestar esa propuesta en los próximos días.

En dicha reunión, los responsables de Justicia, viceconsejeros y subdirectores de CCAA mantuvieron un diálogo con un subdirector de estadística del Ministerio, con nula capacidad de decisión, a quien trasmitieron sus peticiones en esa materia. La decepción ha sido nota preponderante de dicho encuentro telemático. “Hemos avanzado muy poco, aunque queremos que el Ministerio financie la reactivación”, resumen

Ibarrola se reúne con abogados y procuradores

En el caso de la Comunidad de Madrid, su viceconsejera de Justicia y Víctimas, Yolanda Ibarrola se ha sentado ya con la procura y abogacía madrileña para escuchar por dónde debe ir ese plan de refuerzo y cómo dosificar las notificaciones escuchando la propuesta de Sebastián Lastra, secretario de gobierno del TSJ de Madrid “no tiene sentido que este subdirector haya estado en la reunión y puede reflejar el poco compromiso del Ministerio a comprometerse en este tipo de asuntos”.

Yolanda Ibarrola. (Foto: CAM)

En este primer encuentro con las CCAA parece que queda claro que no se va a habilitar el mes de agosto para recuperar el tiempo perdido y tampoco se habilitarán las tardes para que se produzcan más juicios, porque, según parece, las asociaciones de jueces ya habrían transmitido al Ministerio su opinión en contra a dicha medida, centrada en la saturación que tienen de los juzgados y que no pueden asumir más asuntos en este momento.

Según Ibarrola, el primer encuentro de trabajo que ha mantenido con abogados y procuradores, que ha desarrollado “para contar con información de primera mano para saber dónde están los puntos negros, en cuanto a juzgados más saturados. De momento no sabemos si el Ministerio apoyara nuestros planes de contingencia con inversiones, sabiendo que el problema de los LAJs lo crearon ellos por su falta de diálogo”.

También reclama que “se debería establecer prolongaciones de jornadas de los LAJs en aquellos juzgados donde hubiera más problemas y que pagara dichas prolongaciones, que ayudarán a sacar el trabajo adelante”.

Otra cuestión que demanda es que “debería traer jueces de refuerzo a determinados juzgados y hacerse cargo de sus retribuciones, así como apoyar los planes por objetivos que tendremos que poner en marcha las CCAA. Pero parece que no está por la labor de gastar ni un euro. Si la huelga ha durado dos meses ha sido por su culpa y falta de voluntad negociadora”.

Ibarrola explica que “hay muchos documentos que están a la firma del letrado, pero tienen fecha de 20 de enero, entre otras, el letrado por lo normal no lo quiere firmar alegando que ha pasado mucho tiempo, Habría que dictar una instrucción para que el trabajo dictado por los funcionarios no se tire a la basura y se empiece de cero”.

Una de las soluciones a este problema causado por la huelga de los LAJs radica precisamente en que, de forma específica y en cada CCAA con competencias transferidas, exista una reunión de este tipo. Economist & Jurist ha confirmado que ya se han producido encuentros, parecido al de Madrid, entre los responsables de Justicia y presidentes de TSJ en Aragón, Andalucía, Murcia, Galicia, Asturias y Comunidad Valenciana, y que en los próximos días se extenderán al resto.

Bixquert pide apoyo financiero para Valencia

Desde Valencia, Angels Bixquert, directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat, cree que “el problema que tenemos entre manos es importante. Hay que ver cómo se reactiva la Administración de Justicia y luego cómo gestionar la otra huelga que está sobre la mesa, la de los funcionarios de la Administración de Justicia. Cuando no hay voluntad negociadora se juntan los asuntos”.

Ángels Bixquert. (Foto: E&J)

Sobre la reunión telemática “ha generado mucho descontento. Ya la pedimos hace varias semanas cuando tuvo lugar la Conferencia Sectorial de Justicia en Palma de Mallorca. La reunión llega tarde, sin los deberes hechos. No nos han podido decir realmente el impacto de la huelga a nivel de Administración de Justicia ni tampoco han hecho un estudio económico para poder determinar que coste va a tener las medidas de refuerzo que se tengan que poner en marcha”.

Bixquert recuerda que con la Covid solo en la Comunidad Valenciana hubo que poner planes de refuerzo por valor de seis millones de euros para atender los más de 50.000 juicios pendientes en aquella autonomía. “Ahora parece que el esfuerzo va ser mayor. Sin embargo, en esta reunión han faltado el secretario general y la directora del servicio público para poder hablar realmente de lo que vamos a hacer”.

Desde su punto de vista “hubiera sido preferible que hubieran movido la fecha de nuestra reunión para estar ellos y al menos poder tomar decisiones. El grupo de trabajo llega tarde y debe ponerse en marcha lo antes posible y necesitamos financiación para poner en marcha estos planes de refuerzo. El conflicto lo ha generado el Ministerio de Justicia por su falta de diálogo y las CCAA no hemos tenido ninguna participación en el mismo. El cuerpo de LAJs pertenece al Ministerio de Justicia de forma exclusiva”.

Sin embargo, Bixquert destaca que “pese a ello, hemos pagado las consecuencias de más de dos meses de huelga general. No se nos escuchó cuando nuestra consejera de Justicia y Función Pública, Gabriela Bravo, pidió que se abriera al diálogo. Por eso el coste de cualquier plan de refuerzo deberían pagarlo ellos”.

Aragón habla con su TSJ del impacto de la huelga

Por su parte, Ángeles Julvéz, directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, hablaba con Economist & Jurist momentos antes de la reunión que iba a mantener con el presidente del TSJ y secretario de Gobierno de Aragón para definir la forma de actuación del citado plan de refuerzo “hemos reclamado todas las CCAA la disponibilidad económica del Ministerio para implantar nuestros planes de refuerzo. Esos refuerzos tendrán que ver con los juzgados más castigados por esa huelga general”.

A falta de conocer el impacto real del conflicto, Julvéz destaca el gran problema que hay en los Registros Civiles. “En todo Aragón, especialmente en las capitales Zaragoza, Huesca y Teruel, eso está haciendo que la jura de nacionalidades estén muy atrasada, lo que impide que muchos inmigrantes puedan trabajar en España. Al mismo tiempo, el cambio de sexo por la Ley trans recientemente aprobada también tiene problemas”.

Ángeles Julvéz. (Foto: Cortes de Aragón)

En el transcurso de la reunión telemática con el Ministerio, las CCAA comentaron en público la sensación que el impacto de esta huelga de los LAJs había sido muy importante. “Tras esta reunión mantenida con el presidente del TSJ de Aragón nos reuniremos con abogados y procuradores para escuchar su parecer. Gracias a nuestra tecnología acceden en tiempo real al estado de los procedimientos. En Aragón contamos con el expediente digital totalmente electrónico”, aclara.

Ese expediente digital electrónico ya está implantado además de Aragón, en Navarra, Cantabria y País Vasco, lo que se llama técnicamente la “comunidad Avantius”. “Los profesionales de la justicia en esas CCAA pueden conocer en tiempo real cómo está cada procedimiento judicial, un elemento importante en estos momentos de reactivación de la justicia que les va a poder ayudar en cómo gestionar su actividad en aquellos temas que estén más parados que otros”.

Sin embargo, la representante del Gobierno de Aragón, como el resto de los participantes en dicha reunión telemática, mostraron su sorpresa cuando el interlocutor del Ministerio en ese momento fue un subdirector de estadística. “La verdad es que poco pudimos avanzar en la reunión porque su capacidad de decisión es escasa. Sí dijo que iba a trasladar nuestras propuestas a la cúpula del Ministerio, pero la reunión por ello creo que estuvo desaprovechada”.

La directora general de Justicia aragonesa destaca que, al final, ese grupo de trabajo que Justicia iba a crear para abordar este tema está configurado por todas las CCAA preocupadas por buscar una solución a este tema “no nos propusieron nada en dicha reunión de trabajo y no aclararon quién iba a soportar estos gastos extraordinarios derivados de la huelga de los LAJs. Son los dos datos imprescindibles para poder continuar adelante en este deseo de recuperar el tiempo perdido por dicho paro general”.

Desde esta perspectiva, los próximos días van a ser cruciales para la justicia española. La reactivación de la justicia en todo el país es una necesidad y los expertos consultados creen necesario una mayor voluntad negociadora para que Justicia evite una nueva huelga, en este caso de los funcionarios de Justicia, que tendrán una primera concentración este miércoles 12 de abril.