Las polémicas que persiguen a Dolores Delgado como fiscal general del Estado

Cuando el presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombró a Dolores Delgado fiscal general del Estado, la decisión fue cuestionada por toda la oposición y buena parte de la carrera fiscal dado que venía de ocupar la cartera de Justicia en el Gobierno. Esta designación salió adelante a pesar de que la procedencia de Delgado podía hacer que fuera puesta en duda su imparcialidad como fiscal general, y de que se hubiera hecho pública una conversación con el comisario José Manuel Villarejo mantenida en 2009 que revela la amistad entre la ahora fiscal general y el ex comisario encarcelado.

El nombramiento de la fiscal no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelta la fiscal general. La última ha sido resuelta por el Tribunal Supremo, que ha tirado para atrás un nombramiento.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado por unanimidad el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala coordinador de Menores. De este modo, el Alto Tribunal ha estimado los recursos de casación interpuestos por la Asociación de Fiscales (AF) y el fiscal de Sala José Miguel de la Rosa, que optaba al puesto ocupado por Esteban.

Fachada del Tribunal Supremo. (Foto: ACN)

Delgado propuso el nombramiento de Esteban al Consejo Fiscal en marzo de 2021. Destacó la “capacidad de gestión demostrada” por éste como fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid y su “talante y disposición para generar sinergias positivas, y el conocimiento y sensibilidad en una materia tan especial, que ha plasmado en su brillante plan de actuación, son méritos indiscutibles que avalan su designación para esta responsabilidad”. A pesar de que la mayoría del Consejo Fiscal votó en contra de la propuesta de la fiscal general, fue nombrado el 30 de marzo y tomó posesión del cargo el 9 de abril.

Falta de motivación

Los argumentos de la fiscal general distan de ser suficientes para justificar el nombramiento de Eduardo Esteban, a juicio del Supremo, que ha anulado dicho nombramiento por falta de motivación, y ha acordado que se retrotraigan las actuaciones para que se motive en forma.

Tanto la Asociación de Fiscales como José Miguel de la Rosa interpusieron recursos contra este nombramiento precisamente porque consideraban que la designación no estuvo lo suficientemente motivada. Además, entendían que el nombramiento fue arbitrario ya que el otro candidato, el propio De la Rosa, tenía una especialización en el área de Menores con la que no contaba Esteban y había recibido seis de los 11 votos del Consejo Fiscal. Es decir, mayor respaldo del órgano asesor que Esteban.

Tras el fallo del Supremo, Delgado tiene que hacer una nueva propuesta de nombramiento. Podría volver a poner sobre la mesa el nombre de Eduardo Esteban con una justificación más detallada, aunque a la vista de la argumentación de tribunal sería una apuesta arriesgada que podría dar lugar a nuevos recursos.

Laura Codruța Kövesi está al frente de la Fiscalía Europea. (Foto: EPPO)

Choque con la Fiscalía Europea

El revés sufrido en el nombramiento del fiscal de Sala de Menores no es el único frente que tiene abierto Dolores Delgado. Ha mantenido un duro enfrentamiento con la Fiscalía de la Unión Europea (la European Public Prosecutor’s Office o EPPO). El 22 de febrero pasado, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, abrió una investigación para dilucidar si había indicios de delito en el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con el hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

La Fiscalía Europea solicitó a Anticorrupción hacerse cargo de la investigación de la concesión de este contrato. La EPPO alega que se pudieron malversar fondos de origen europeo. Sin embargo, Alejandro Luzón se ha negado a entregar la investigación. Delgado, con el respaldo unánime de la Junta de Fiscales de Sala, ha propuesto a la EPPO que en España se siguieran investigando los delitos de tráfico de influencias, falsedad de documentos o negociaciones prohibidas entre funcionarios públicos -por entender que se cometieron en suelo español- y Europa siga con la malversación y el fraude que cree que puede haberse cometido porque los fondos con los que se pagó la compra de mascarillas que está bajo la lupa fueron comunitarios.

Esto no ha convencido a la Fiscalía Europea, que en una nota acusa a la fiscal general española de ser “parcial” y considera que “esta decisión no se ajusta a la legislación de la UE”, al tiempo que avisa que continuará su investigación.

Suspensión de la Comisión Ética

En otra controvertida decisión, Dolores Delgado ha decidido paralizar sine die el plazo para la constitución de la Comisión de Ética Fiscal. Esta decisión fue adoptada después de que la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía Dolores Delgado, denunciara ante la Junta Electoral que la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) había vulnerado las normas reguladoras del proceso electoral por pedir el voto para sus afiliados. La queja fue desestimada por la Junta.

La AF ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la decisión de la fiscal general, que a su juicio “no cuenta con respaldo jurídico pues ya habían sido proclamados los miembros electos de la misma, pertenecientes todos ellos a la Asociación de Fiscales”.

Congreso de los Diputados (Foto: Congreso de los Diputados)

Enmienda de la Ley Concursal

La última polémica que le ha estallado recientemente a la fiscal general no ha sido provocada por ella, aunque afecta muy directamente a su futuro. El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha introducido una enmienda en la Ley Concursal a través de la cual se va a reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

De aprobarse, la enmienda supondría que cuando Dolores Delgado deje de ser fiscal general del Estado y tenga que incorporarse a su destino, en lugar de ir a la Audiencia Nacional subiría un escalón y pasaría a la Fiscalía del Tribunal Supremo. La enmienda presentada por el Grupo Socialista dice que “si el nombramiento de fiscal general recayese sobre un miembro de la Carrera Fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese”.

Precisamente hoy, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que la enmienda que elevaría a la fiscal general del Estado a la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez sea cesada del cargo da «garantías» a «una situación que ya se estaba haciendo en la práctica». En concreto, se ha referido a Juan Ortiz Úrculo y a María José Segarra. «De lo que se trata es de elevar a categoría legal, de dar seguridad jurídica, de dar garantías a una situación que ya se estaba haciendo en la práctica«, ha señalado la titular de Justicia.