Las víctimas de COVID persistente llevan sus intereses a los tribunales

El despacho de abogados Parrado Asesores ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Madrileña de COVID Persistente (AMACOP) con los objetivos de convertirse en una referencia jurídica para esta entidad y sus asociados, tener disponibilidad para asesorar y orientar en materia legal, y ser un interlocutor válido de los afectados por esta patología ante la Administración o el estamento judicial.      

“En cuestiones como las altas y bajas médicas o las incapacidades, sabíamos que esta dolencia y sus secuelas iban a repercutir en la vida de los trabajadores. Así lo mencionamos en varios foros en los meses más duros de la pandemia en 2020 y las sentencias judiciales, el aumento del número de afectados y los movimientos asociativos como AMACOP así lo corroboran tres años después”, comentan desde el despacho de Abogados Parrado Asesores.

Esta colaboración ayudará a que los afectados puedan tener mejores herramientas legales a la hora de reclamar y un asesoramiento personalizado a esta patología. La Asociación se encargará de organizar charlas, talleres y foros con temática legal, así como a dar difusión entre asociados y en todos sus canales de las principales cuestiones a tener en cuenta en los aspectos jurídicos y administrativos.

La firma legal fue uno de los despachos profesionales pioneros en advertir de la incidencia de esta enfermedad en el Derecho Laboral y ha logrado importantes avances, sentencias judiciales y resoluciones en materia de COVID persistente, poscovid o secuelas derivadas la enfermedad. Además, también ha conseguido que el Juzgado de lo Social 14 de los de Madrid apelara a la “responsabilidad del INSS y de la TGSS con una persona que pasó de realizar tareas de gran calado físico, a no poder desplazarse más de 100 metros sin ayuda”. Concretamente, se trataba de un trabajador de la construcción que alcanzó una incapacidad absoluta tras sufrir Covid-19.

En materia de bajas, sin entrar en la fase de incapacidades, también destacó en este 2023 un dictamen judicial que revocó un alta dada de forma indebida a una trabajadora sanitaria de la capital. Una incapacidad temporal que, por las secuelas físicas de este virus, impide claramente el buen desarrollo de sus tareas profesionales.

El Juzgado de lo Social Número 1 de Madrid obligó a la Mutua Asepeyo y a la empresa empleadora a regularizar su situación, para extender la baja y la incapacidad temporal.