Los accionistas fijarán el sueldo de los consejeros

La crisis no sólo ha desvelado agujeros contables sino también malas prácticas en las cúpulas de las empresas o, cuanto menos, deficiencias en la gestión. El Gobierno pretende ahora acabar con ello reforzando el control sobre los consejos de administración de las empresas que cotizan en la Bolsa española. Así, el Consejo de Ministros prevé aprobar hoy una modificación de la ley de Sociedades de Capital que incluirá buena parte de las recomendaciones hechas por una comisión de expertos con el fin de mejorar el gobierno corporativo en las compañías.

En concreto, se establecerá que al menos cada tres años los accionistas voten en la junta ordinaria y de forma separada a las cuentas los salarios del presidente y del resto de consejeros. Y aunque la votación será de carácter consultivo, se fijará que el voto negativo obligue al órgano de máxima dirección a presentar a votación una nueva propuesta de remuneración. Actualmente, el 60% de las compañías del Ibex integran esa información en las cuentas anuales a la hora de su votación en junta de accionistas, evitando presentarlas como un punto separado del orden del día.

Con el fin de reforzar el papel de los accionistas en la junta y por tanto su control sobre la empresa de la que son dueños, se reducirá el número de votos necesarios para acudir a la convocatoria y, además, se rebajará del 5% al 3% la participación en el capital necesaria para tomar algunas decisiones como la convocatoria de una reunión extraordinaria o para impugnarla.

Además, la revisión de la norma impondrá el nombramiento de un consejero independiente coordinador en aquellas empresas en las que el presidente sea al mismo tiempo el primer ejecutivo (consejero delegado) de la sociedad, tal y como ha hecho ya Bankia. Esta figura pretende contrarrestar el poder de decisión del presidente y, entre otras capacidades, tendrá la de convocar el consejo e incluir puntos en el orden del día del mismo.

Muchas de las medidas a las que hoy se dará luz verde eran hasta ahora recomendaciones que pasarán a ser legalmente exigibles. Algunas salen del actual código de buen gobierno, en vigor desde 2006. El supervisor bursátil trabaja al mismo tiempo en una profunda revisión de ese código y que tendrá lista, según sus propias previsiones, en torno al mes de febrero del próximo año, e incluirá novedades en materia, por ejemplo, de responsabilidad social corporativa y traerá a España recomendaciones y normas de códigos de gobierno corporativo que ya se aplican a nivel internacional.