Los funcionarios de justicia se plantean desconvocar la huelga ante el adelanto electoral

El adelanto electoral anunciado esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha roto los esquemas de muchos analistas el dirigente socialista hacia una declaración pública de esta nueva convocatoria electoral para el domingo 23 de julio, vísperas de Santiago, con medio país de vacaciones.

Hoy firmará el Rey el Decreto de disolución de las Cortes y mañana se publicará en el BOE, con lo cual la actividad legislativa en marcha quedará frenada para el alivio de algunos y de la desesperación de otros. La fecha fijada colisiona con la presidencia española de la UE que arrancará el próximo 1 de julio.

Esta situación ha hecho que las organizaciones sindicales convocantes del paro general de los funcionarios de Justicia, CSIF, UGT; CCOO y STAJ estudien esta tarde si mantienen el paro ante un Gobierno que ya está en funciones. Tener un Gobierno en funciones, con escasa capacidad de negociación y que cambiará en dos meses, podría hacer cambiar de opinión a las organizaciones sindicales de mantener la huelga indefinida que arrancó el 22 de mayo.

Desde el 14 de abril no han vuelto a reunirse con el Ministerio de Justicia y esta tarde habrá una reunión interna para chequear si realmente es rentable mantener las movilizaciones y las huelgas de carácter indefinido. El Comité de Huelga valorará los pros y los contras y decidirá si mantiene los paros generales que están paralizando los juzgados españoles. Hoy tuvo lugar una concentración frente al Ministerio de Justicia, tras la manifestación del pasado jueves entre Justicia y Hacienda y Función pública que congregó a más 15.0000 funcionarios de toda España.

Una de las reivindicaciones que planteaban, la relacionada con la  modificación de la LOEO, ahora ya no tiene mucho sentido porque con el adelanto electoral esta Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que iba a modificar la organización de la justicia con los tribunales de instancia no se va a tramitar tras el adelanto electoral.

La disolución de las Cortes paraliza la modificación de la LOEO. (Foto: DCLM)

Quedaría la parte retributiva que, y eso están valorando los cuatro sindicatos convocantes de esta huelga, es algo que tendrían que plantear al nuevo equipo ministerial que se encargase de Justicia, porque todas las fuentes consultadas por este medio dan por hecho la salida de Pilar Llop del Ministerio, incluso si el PSOE ganara las elecciones generales.

Ribón pide que se desconvoque la huelga

Por su parte, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, confirmaba a Economist & Jurist que se ha dirigido hoy a los líderes de los sindicatos de Justicia convocantes de la huelga indefinida para pedirles un ejercicio de responsabilidad tras el anuncio de adelanto electoral.

“La huelga en Justicia está causando un daño irreparable a los profesionales y a los justiciables, ciudadanos y empresas. Les pido a los sindicatos que desconvoquen de forma inmediata estos paros asumiendo que el actual contexto político no permite vislumbrar un fin cercano de este conflicto”, explicaba Eugenio Ribón.

Por otro lado, el decano del ICAM lamentaba que esta convocatoria anticipada de elecciones y disolución de las Cámaras interrumpa la tramitación de normas de calado, y que podrían suponer mejoras para la abogacía, como la Ley del Derecho de Defensa o los tres proyectos de Ley que sustentan desde el punto de vista normativo el plan gubernamental para modernizar la Justicia: la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia Procesal.

En el escrito que ha enviado a las organizaciones sindicales y que se estudiará esta tarde, junto con otra documentación para tomar la decisión si se mantiene la convocatoria de huelga indefinida, el decano Ribón señalaba que “un Gobierno en funciones, y con unas elecciones generales inminentes tiene una capacidad de actuación muy limitada y no es esperable que pueda asumir compromisos como los que reclaman los sindicatos de Justicia. Por ello, les pido responsabilidad y realismo y no mantener indefinidamente una huelga que está afectando a derechos fundamentales como el derecho de defensa y a la tutela judicial, además de costes económicos muy graves”.

Según los datos registrados por Defensa de la Abogacía ICAM, desde el inicio de la huelga el 17 de abril se han suspendido en Madrid más de 5.000 señalamientos. Sumados a las más de 12.000 suspensiones provocadas por los paros realizados anteriormente por los letrados de la Administración de Justicia, la cifra de vistas suspendidas en la región como consecuencia de ambos conflictos alcanza las 18.000.

Leyes de modernización de la justicia paradas

La nueva campaña electoral se iniciará el próximo 7 de julio y ya se podría pedir el voto por correo, aunque la reforma que se planteó para dar más garantías al voto del correo también se paraliza ante la disolución de las Cortes, con lo cual no se modificará la LOREG como se habría previsto y ese artículo 73 “para que el ejercicio del derecho al voto se haga exigiendo el DNI antes de su entrega”.

Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores. (Foto: Archivo)

Esto va a hacer que muchos proyectos de ley como los tres relacionados con la modernización de la justicia, Ley de Eficiencia Procesal donde se impulsaba el uso de los MASC, como alternativa a los procedimientos judiciales, la Ley de Eficiencia Organizativa, con el nuevo modelo de los Tribunales de Instancia y discutía por los funcionarios de Justicia, así como la Ley de Eficiencia Digital queden paralizados y tengan que reanudar su trámite en la próxima legislatura, entre otros proyectos de ley.

Otro jurista de larga trayectoria como Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores cree que pocos se esperaban este movimiento del presidente del Gobierno. “Los tres proyectos de ley de mejora de la justicia decaen pese a lo necesarios que son para tener una justicia ágil, accesible porque se disuelven las Cortes Generales”.

Estévez confiesa que su colectivo había podido introducir una enmienda en la LOEO “reformando el artículo 543 de esta Ley orgánica con lo cual nos daba la competencia a los procuradores en la ejecución de las sentencias. Un elemento clave para agilizar nuestra justicia”.

También señala que “todo lo relacionado con la conciliación de la vida laboral personal para abogados y procuradores estaba disperso entre la ley orgánica organizativa y la procesal. Se pierde una oportunidad de ofrecer mejoras a abogados y procuradores, sin duda”.

Sobre la huelga de funcionarios, reconoce que todos los trabajadores tienen derecho a la huelga “pero en un caso como éste en el que afecta tanto a los abogados y procuradores como a los propios ciudadanos, habría que agotar todas las vías. Para nosotros los procuradores por nuestra profesión cualquier paro es un problema porque no facturamos y nuestros clientes ven lesionados sus derechos”.