Los funcionarios de Justicia toman las calles de Madrid reclamando una oferta salarial similar a la de jueces y fiscales y LAJs

Cerca de 15.000 funcionarios de los cuerpos generales de Justicia, procedentes de todas las ciudades españolas se han unido a la movilización convocada por los sindicatos CSIF; CCOO, UGT y STAJ como parte de las medidas de presión para que los Ministerio de Justicia y Hacienda y Función Pública se sienten a negociar. Desde el 14 de abril no tienen noticias del Gobierno y las organizaciones sindicales anuncian más medidas de presión.

Para Javier Jordán, presidente de CSIF Justicia, el comportamiento del Gobierno es inaceptable. “Es desde luego una sordera y una ceguera inaceptable en unos responsables políticos que están llevando a la justicia al caos a la paralización absoluta en perjuicio de miles de ciudadanos y ciudadanos que ven como sus asuntos están paralizados.

También señalaba que “no nos han dejado otra salida y los ciudadanos y ciudadanas tienen que saber que si estamos de huelga y nos movilizamos de forma masiva es porque el Gobierno no escucha y no atiende nuestras reivindicaciones”.

Preguntado sobre por qué el Ministerio de Justicia no se sienta a negociar con este colectivo, Jordán subraya que “eso quisiéramos saber nosotros. No entendemos esta forma de afrontar el conflicto”.

“Cuando la ministra dice que su proyecto estrella es la LOEO, hay que decir que esa ley no soluciona los problemas de la Justicia. Es una ley impuesta que no se ha negociado con los representantes de los trabajadores y que no ataca el reparto funcional, una de las reivindicaciones que reclamamos”.

Por su parte, Vicente Navarro, secretario general del sindicato STAJ, mostraba su indignación ante la situación actual que viven los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia “Llega un acuerdo con los jueces, pero aún no ha negociado nada con nosotros. La LOEO no nos gusta, es una ley política con trasfondo económico”, subrayó.

Cabeza de la manifestación de funcionarios de Justicia. (Foto: Luisja Sánchez/E&J)

Para este dirigente sindical “durante 40 años llevamos la misma cantinela, que el CGPJ siempre dice que faltan medios y recursos humanos. Pero todo es una farsa. Quieren que la Justicia siga hundida, pero además con clasismo y agrediendo a los trabajadores que somos profesionales y sacamos adelante todo el trabajo de los juzgados”.

Luis Calero, secretario general de FSC-CCOO Justicia, destacaba en medio de esa protesta multitudinaria que “el apoyo a esta manifestación es masivo. Reclamamos a la ministra de Justicia una solución al conflicto y para ello tiene que dejar de mentir a la opinión pública. Es falso que está ofreciendo diálogo y negociación. Desde el 24 de abril no nos convoca a ninguna reunión”.

Calero recordaba que por el momento “no tenemos ninguna oferta sobre la mesa y esto está provocando la segunda paralización de los juzgados y servicios judiciales desde el pasado mes de enero”.

La ministra de Justicia, ausente

Desde su punto de vista, la situación se agrava por momentos y le parece sorprendente que “a la ministra de Justicia, a la de Hacienda y al presidente de Gobierno, que parece consentirlo, no le importa la paralización de un servicio público esencial”.

Para Antonio Lozano, integrante de UGT Justicia y miembro del Comité de Huelga, “este silencio hace daño a los ciudadanos. Nosotros pedimos mejoras laborales y estamos defendiendo nuestros derechos. Llamamos al Ministerio para que se siente a negociar recamando nuestras condiciones laborales”.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha sido foco de las críticas de los manifestantes. (Foto: Luisja Sánchez/E&J)

También indico que “somos conscientes del grave problema que está generando este Ministerio con el servicio público de Justicia. Si la ministra no negocia el conflicto está lejos de acabar. No nos vamos a cansar. Cada vez estamos más fuertes y no dejaremos de defender nuestros derechos”.

Para el Comité de Huelga, del que también forman parte los sindicatos CSIF, STAJ y UGT, ya no hay ninguna excusa. Tienen que sentarse a negociar la mejora retributiva de todo el personal y no sólo de unos pocos privilegiados cuyo trabajo saca adelante en gran parte el personal ahora en huelga.

Consideran que “tienen que sentarse a negociar un nuevo catálogo de funciones de cada cuerpo funcionarial para adaptarlas a la realidad y mejorar así el servicio público, reconociendo la profesionalidad del personal”.

Al mismo tiempo reclaman la necesidad de “negociar el contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa, porque afecta a las condiciones de trabajo; y tienen que aprobar, previa negociación, el Real Decreto que desarrolle la carrera profesional, un derecho reconocido desde hace cuatro años y medio en la LOPJ que también se reclama”.

La sensación existente entre los cientos de manifestantes que acudieron a esta convocatoria es que el fin de la huelga indefinida está en manos de los responsables ministeriales de Justicia y de Hacienda y, ante su incapacidad para negociar, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «debe actuar de inmediato para que ponga fin a esta sinrazón, que se está provocando por destacados miembros de su Ejecutivo, como son la ministra y el secretario de estado de Justicia, con la complicidad de la ministra de Hacienda».