Los funcionarios se harán visibles en la cumbre europea de ministros de Justicia e Interior de Logroño

Los funcionarios de la Administración de Justicia se concentrarán en Logroño el viernes 21 de julio, coincidiendo con la reunión informal de ministros de Justicia e Interior que se celebra en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

La reunión en la capital riojana de los ministros de Interior y Justicia de los países miembros de la Unión Europea implica un importante despliegue policial para que nada perturbe la tranquilidad ciudadana.

Esta manifestación se producirá después de que el 11 de julio hubiera otra concentración durante una jornada de huelga de 24 horas ante el Palacio de La Moncloa, donde los funcionarios reclamaron diálogo del Gobierno con los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT para alcanzar mejoras salariales y laborales.

Como ya ha publicado Economist & Jurist, el Gobierno ha decidido no negociar con los funcionarios un acuerdo de mejora salarial y está incumpliendo los acuerdos firmados con los LAJs el 28 de marzo y con jueces fiscales el 23 de mayo sin dar motivo alguno.

Los representantes sindicales, que llevan promoviendo movilizaciones desde hace casi tres meses movilizando a los 43.000 funcionarios en toda España, reprochan al Gobierno que en este tiempo en el que ha demostrado “oídos sordos” y “ceguera”, no les haya trasladado ninguna “propuesta concreta”, en palabras del portavoz de CSIF, Javier Jordán.

Tampoco se ha atendido la petición de mediación que solicitaron los sindicatos a los tribunales superiores de justicia el pasado 29 de junio, en la que los instaban a intervenir en su conflicto con el departamento de Pilar Llop, que los llevó incluso a mantener una huelga indefinida durante un mes y medio y a acudir a instituciones europeas.

Un gobierno clasista

Según Jordán, el Gobierno ha desaprovechado “una oportunidad de demostrar a los 45.000 obreros y obreras de la Justicia que la O de obrero es una O que sigue estando en las siglas del PSOE”.

Funcionarios de Justicia volverán a manifestarse frenta al Riojaforum, sede del encuentro de Ministros de Justicia e Interior. (Foto: E&J)

En la misma línea, el secretario general del sector Justicia de CCOO, Luis Calero, reconoce que no esperaban que un “Gobierno progresista” los “sorprendiera ninguneando y discriminando a los colectivos más desfavorecidos, y tratando jerárquicamente y con clasismo a los colectivos de élite de la Administración de Justicia”, en referencia a jueces, fiscales y letrados judiciales, con los que se alcanzaron acuerdos de subida salarial de unos 450 euros brutos al mes.

Los sindicatos piden una subida salarial de entre 350 y 430 euros al mes, así como la negociación de cualquier nueva ley que repercuta en sus condiciones laborales, como la de eficiencia, que finalmente no han visto la luz en esta legislatura. Según los últimos datos del Comité de Huelga, las movilizaciones han provocado la suspensión de miles de juicios y la paralización también de cientos de actuaciones procesales.

Los LAJs, sin acuerdo salarial

Por su parte, los LAJs, a través de sus asociaciones, lamentan que en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, celebrado ayer, el Gobierno no haya dado cumplimiento al acuerdo que firmó con los letrados el 28 de marzo.

Ese acuerdo, que puso fin a una huelga indefinida de más de dos meses y que se firmó por la secretaria de Estado de Función Pública, no ha sido cumplido pese a no existir ningún obstáculo legal ni de ningún otro orden para ello.

Los letrados de la Administración de Justicia “tomamos nota del incumplimiento y de la falta de respeto al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica, y exigiremos que a partir del día 24 de julio se continúen los trámites legales para su aprobación por el Gobierno en funciones. Paralelamente, acudiremos de manera inminente a la vía judicial para que el acuerdo se cumpla”, aseguran en un comunicado.

“Con independencia de lo que ocurra el próximo domingo, es evidente que urge pasar página a la desastrosa gestión del Ministerio de Justicia durante esta legislatura, y relevar a unos responsables ministeriales más preocupados estos días en autolaurearse otorgándose medallas que en cumplir con la palabra dada y con la lealtad y honestidad institucional que debería presumírseles”, señala el mismo comunicado.

Pese a la sorpresa de muchos operadores jurídicos consultados por Economist & Jurist que no se explican por qué el Gobierno no ejecuta esos acuerdos, la amenaza se ha convertido en realidad, lo que abre un nuevo escenario de conflictividad social y legal. Parece claro que los LAJs y jueces y fiscales acudirán a los tribunales a pelear por ese acuerdo escrito y firmado.

Estos colectivos consideran que el golpe a la reputación del Gobierno de Pedro Sánchez es enorme. “Ni el contar con acuerdos firmados por la secretaria de Hacienda y Función Pública, Lidia Sánchez, y por el propio secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, convenientemente difundidos en los medios de comunicación han evitado lo que se venía esperando desde el adelanto electoral de mayo que provocó Pedro Sánchez”.

Al mismo tiempo, ha mantenido otro conflicto abierto con los 45.000 funcionarios del Estado que desde el 17 de abril no han podido sentarse con el Ministerio de Justicia a fin de gestionar la subida salarial correspondiente y negociar la Ley Orgánica de Eficiencia Procesal que luego decaería por el adelanto electoral.

Comité de Huelga de los LAJs en una reciente rueda de prensa en Madrid. (Foto: E&J)

La indignación de estos colectivos ha crecido de manera considerable al enterarse que este pasado martes, en el Palacio de Parcent, la ministra de Justicia, Pilar Llop, entregaba condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a toda una ristra de altos cargos, entre ellos, la exvicepresidenta primera y exministra de Presidencia Carmen Calvo.

También la recibió secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y al menos a tres profesionales de su Ministerio, como son el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, el director de su gabinete y figura de su total confianza, Rafael Pérez García, y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.

Un problema que crece

El problema sigue abierto para el Gobierno que salga de las urnas. El Ejecutivo pactó en marzo con los letrados una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes, acuerdo que supuso el fin de la huelga indefinida que mantuvieron durante más de dos meses. Del mismo modo, en mayo, llegó a otro acuerdo que suponía una subida también de 450 euros al mes para jueces y fiscales con el objetivo de evitar el inicio la huelga indefinida anunciada por estos.

Las asociaciones que representan a jueces y fiscales, así como las que encabezan a los letrados han anunciado en los últimos días que tomarían acciones legales contra el Ejecutivo y llevarán a cabo medidas de presión si finalmente incumplía los compromisos alcanzados.

Cabe recordar que la huelga de letrados, que comenzó a finales de enero, sumió a la Administración de Justicia en un caos que obligó a suspender más de 150.000 juicios en los dos meses que duró y se paralizaron pagos judiciales por 1.300 millones de euros.

Poco después, el 22 de mayo, dio comienzo la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia, que también pedían una adecuación salarial, y que terminó a los 45 días, tras la negativa del Ejecutivo a negociar ante el adelanto electoral. Estos paros acentuaron la problemática situación de la Administración de Justicia porque con este frente abierto ha sido imposible poner en marcha lo planes de refuerzo que reclamaban desde los TSJ y las CCAA.