Los inspectores de hacienda local advierten de la litigiosidad de la nueva tasa de basura, que será obligatoria desde 2025

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) prevé una alta litigiosidad con la tasa de basuras, obligatoria para todos los municipios en el 2025 y que sufragará un gasto próximo a los 3.000 millones de euros anuales en España. Al mismo tiempo asegura que cientos de municipios han externalizado la inspección, algo que es ilegal

Con motivo del XXIII Congreso La Inspección de los Tributos Locales que arranca mañana jueves en Málaga, el presidente de la ANIHPL, Arturo Delgado, indica que «la joya de la corona de los litigios» en esta materia es la plusvalía municipal y que la tasa de basura, «será la nueva estrella» por su conflictividad y se convertirá en uno de los tributos más importantes de las administraciones locales si cuaja su trasposición.

Esta asociación profesional de inspectores desde sus inicios defiende el papel de la inspección tributaria local en la lucha contra el fraude y en la mejora de la concienciación fiscal de los contribuyentes. Una de las preocupaciones de este colectivo es la gran inseguridad jurídica existente en nuestro país relacionada con estos tributos locales.

Constituida al amparo del artículo 22 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 1/2002, aboga por una modernización tributaria que prestigie la Administración local y la labor de sus empleados públicos. Tiene capacidad jurídica y carece de ánimo de lucro.

Para Delgado, se ha creado un estado de «inseguridad jurídica permanente» al considerar que la tributación local es la olvidada y abandonada por la legislación estatal, con problemas desde hace más de 20 años, por lo que en 2024 presentarán un Libro Blanco dirigido al Gobierno con un diagnóstico de la situación de la inspección y gestión de la hacienda pública local.

Por su parte, Juan Ignacio Gomar, miembro de esta asociación, vinculado al Ayuntamiento de Madrid como inspector local es uno de los profesionales que está volcado al proyecto del Libro Blanco sobre la tributación local. Este experto constata lo que es un secreto a voces, los problemas económicos que sufren algunas corporaciones locales con problemas serios de financiación “pero lo peor es la inseguridad jurídica que se detecta en estos momentos”.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Teresa Ribera, de Transición Ecológica. (Foto: Moncloa)

Desde su punto de vista, el sistema tributario local debe mejorarse a nivel de gestión. “Nuestro diagnóstico es sencillo: el legislador estatal se olvidó hace más de treinta años de la Hacienda Local cuando elaboró la Ley de Hacienda Locales de 1988. Y desde entonces hasta ahora, ni ha actualizado los tributos locales ni ha tenido en cuenta los cambios jurisprudenciales ni los cambios económicos y sociales. Ese sistema de 1988 se ha quedado totalmente desfasado”.

Ojo con la inseguridad jurídica

Para este portavoz de ANIHPL “ese desfase genera muchos problemas e inseguridad jurídica tanto a nivel de los propios ciudadanos, los ayuntamientos con múltiples problemas, a lo que hay que añadir el colapso de los tribunales y que presupuestariamente las corporaciones locales obtienen ingresos que no saben si los van a tener que devolver uno o dos años después. Pero el problema se puede agravar, tras la solución a medias dada por el legislador sobre la plusvalía municipal sobre la futura tasa de basuras”.

El problema está en que hay que trasponer distintas directivas comunitarias que nos aboca aprobar unas tasas obligatorias que tendrán que pagar todos los ciudadanos y las empresas, personas físicas y jurídicas, para financiar el tratamiento y recogida de residuos urbanos que la UE ha establecido de forma ambiciosa. Nos mete en una dinámica de financiación de esos gastos en unas condiciones de gran inseguridad jurídica”.

La tasa, que deberá estar operativa en dos años, supondrá que el año que viene estén aprobadas las ordenanzas fiscales correspondientes para que el 1 de enero de 2025 se pudiera exigir el pago de dicha tasa. “No se ha preguntado a los ayuntamientos. Entre el Ministerio de Transición Ecológica y el de Hacienda han aprobado la ley 7/2022 de residuos contaminados en una economía circular, se ha incluido un artículo, el 11, que en su apartado 11.3 define a la tasa en siete líneas”.

En opinión de este experto, “la regulación con estos principios básicos es escasa para que pueda ayudar a exigir el pago de la misma. Creo que hace falta un desarrollo legal más que reglamentario, donde estuviera detallado de forma razonable todos los requisitos para que los Ayuntamientos sepan por dónde ir. Por el momento ninguna corporación ha hecho nada aun sobre esta tasa, aunque sabemos que están dando vueltas a la manera de implementarlo”.

En el medio plazo se vislumbra “cientos de ordenanzas municipales que tendrán que aprobar los ayuntamientos sobre esta nueva actividad, con costes y estudios diferentes. Todo eso puede dar camino a una litigiosidad enorme y a daños presupuestarios importantes en los propios ayuntamientos. Se habla de un gasto total de 3.000 millones de euros, eso supondrá que habrá ayuntamientos que cobren cientos de millones. El problema es que en tres años igual se anulan y pueden crear agujeros presupuestarios”.

El problema de la externalización de la inspección

Desde ANIHPL, el propio Delgado es consciente de otro problema que subyace, que es la externalización de la inspección tributaria local que algunos ayuntamientos dejan en manos de terceros

De este modo, propondrán medidas concretas ante situaciones como la externalización de la inspección que los ayuntamientos dejan en manos de empresas privadas, sustituyendo la labor pública, cuando «hay líneas rojas que no se deben sobrepasar».

De izquierda a derecha, Juan Ignacio Gomar, uno de los expertos del Libro Blanco de ANIHPL; Arturo Delgado, presidente en el turno de palabra y María del Carmen Martínez, diputada provincial de Málaga encargada de Hacienda y Administración Electrónica en la presentación del Congreso (Foto: ANIHPL )

En este sentido, indicó que ya hay resoluciones que señalan que es una potestad pública y se exige que esa labor se efectúe por empleados públicos.

Delgado denuncia que cientos de municipios y algunas diputaciones efectúan contratos «bajo el paraguas del asesoramiento» cuando «una sustitución completa de la inspección es ilegal» y que «hay numerosos contratos manifiestamente ilegales» y los tribunales han anulado algunos contratos, aunque ha precisado que «no todos los contratos son iguales, algunos hacen apoyo a la gestión».

«Hay una delgada línea«, ha añadido, para comentar que cuando las comisiones que cobran son elevadas, del 20% o 30 % de lo recaudado, «los tribunales entienden que no se limita a la asistencia» y que «cuando el funcionario se limita a firmar es una contratación fraudulenta».

Libro Blanco y seguridad jurídica

El Libro Blanco planteará alternativas que garanticen la seguridad jurídica y cierren «defectos legislativos», según Delgado, que indicó que la tasa de residuos o basuras se regula «en un párrafo» y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) «en cuatro artículos», lo que ha definido como «desidia legislativa que genera inseguridad”.

En materia de impuestos hay tres obligatorios que los ayuntamientos deben exigir, que son el IBI, el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Luego hay impuestos voluntarios como el de Construcciones, Instalaciones y Obras y la Plusvalía Municipal, la mayoría de los ayuntamientos medianos y grandes tienen ambos impuestos.

De manera paralela, las tasas ofrecen al ayuntamiento la potestad de lo que quería hacer, “se podía poner o no y eso está permitido por la ley de Haciendas Locales. Ahora los impuestos más importantes son el IBI, muy por encima de los demás, la plusvalía municipal y el impuesto de vehículo. Con la llegada de la tasa de basura éste será un impuesto tan importante como la plusvalía municipal”.

Con la llegada de la tasa de basura éste será un impuesto tan importante como la plusvalía municipal. (Foto: E&J)

Este documento, que en principio se presentará en octubre de 2024, abordará la inseguridad jurídica permanente que perjudica a entidades locales y contribuyentes desde hace décadas, examinará cada tributo concreto y planteará alternativas para transformar y modernizar la arquitectura fiscal actual frente al “olvido y abandono” que padecen los tributos locales, desatendidos por el legislador estatal y anclados en esquemas fiscales del siglo XIX.

El Libro Blanco también denunciará los episodios que agravan la situación de las haciendas locales, como la externalización de la inspección. Desde ANIHPL, una asociación que defiende la colaboración público-privada por su valiosa aportación a la Administración Pública, se considera que todas las líneas rojas han sido aquí completamente sobrepasadas.

Una arquitectura fiscal que debe mejorarse

Así, según comenta Gomar, dicho Libro Blanco radiografiará cada tributo para identificar los problemas que las tasas e impuestos locales arrastran desde hace años con el fin de configurar una arquitectura tributaria local digna del siglo XXI.

En el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de mayor rendimiento económico, la tutela estatal condiciona absolutamente un impuesto cuya inspección es prácticamente inexistente; el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), por su parte, se caracteriza por ser innecesariamente complejo, complicando la labor a la Administración y a los contribuyentes.

El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica -IVTM, más conocido como impuesto de circulación- ha protagonizado en los últimos meses una oleada de sentencias por la existencia de paraísos fiscales desde hace más de 20 años: deslocalizaciones ficticias e ilegales de vehículos de grandes ciudades a municipios periféricos para abonar una cuantía menor.

Igualmente, también aclara que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) pasa por ser un claro ejemplo de deficiente regulación legislativa que ha generado, como en los casos anteriores, una cascada de resoluciones judiciales.

Desde este colectivo profesional se tiene claro que ha sido la denominada plusvalía municipal (IIVTNU) la que, lamentablemente, más focos ha acaparado en los últimos años. La sentencia en octubre de 2021 del Tribunal Constitucional anulando el diseño de este tributo vino precedida de otras sentencias del máximo intérprete de la Carta Magna en 2019 y 2017.

El Real Decreto-Ley de 8 de noviembre del mismo año por el que se formula la nueva arquitectura del IIVTNU sólo ha creado nuevas incertidumbres. A lo que hay que sumar los problemas de la nueva regulación: la estimación directa de la base imponible del impuesto plantea numerosos interrogantes, es de gestión compleja y no resuelve la manera de valorar los inmuebles.

Desde ANIHPL se denuncia que hay muchos ayuntamientos pequeños y medianos que no tienen este cuerpo de inspección tributaria y que municipios madrileños como Boadilla del Monte o Pozuelo esa representación es mínima frente al Ayuntamiento de Madrid que cuenta con un centenar de inspectores, ejemplo de organización tributaria local consolidada.