Los interinos en fraude de ley reclaman al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública un cambio legislativo urgente que estabilice a este colectivo

Los titulares de la Función Pública han cambiado cinco veces en los últimos tres años —Carolina Darias, Miquel Iceta, María Jesús Montero, José Luis Escrivá y, ahora, Óscar López—, pero el talante no cambia. A pesar de los reiterados avisos de la Comisión Europa de las lagunas legales que existen en España respecto al millón de interinos en fraude de ley en las distintas administraciones, y pese a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), especialmente las últimas, el Gobierno sigue sin mover ficha.

Este sábado, 19 de octubre, estaba convocada en Madrid una concentración en aras de reclamar un cambio legislativo urgente que estabilice a los interinos en fraude de ley. El viernes, en vísperas de esta concentración, este colectivo de profesionales registró otra carta solicitando una reunión con el nuevo y actual titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Cabe recordar que ninguno de los anteriores ministros de dicho Ministerio se ha reunido con ellos. Ese es uno de los problemas: que las administraciones no cuentan con este colectivo y con sus órganos delegados.

Frente a la inacción del Gobierno, este colectivo, a través de sus plataformas representativas, ha captado la atención de varios grupos parlamentarios, entre ellos, algunos socios del Gobierno. Al parecer, según ha podido conocer Economist & Jurist, hay reuniones pendientes con estos grupos parlamentarios en fechas próximas.

Bajo el lema ‘No somos plazas, somos personas’, en la concentración convocada este sábado por la Unión Sindical Contra la Temporalidad en el Empleo Público, y a la que han acudido unas 6.000 personas de toda España (según los organizadores), se ha pedido la estabilización laboral del personal afectado por la temporalidad, quienes ven «en riesgo su estabilidad laboral, su hogar y su futuro».

La plataforma —que agrupa a 22 organizaciones y sindicatos de toda España y cuenta con el apoyo de otras 51 entidades— ha solicitado, textualmente, el fin inmediato de los despidos y una estabilidad laboral garantizada para quienes llevan más de tres años encadenando contratos temporales para la misma Administración empleadora.

Al mismo tiempo, ha reclamado también la reincorporación del personal cesado en procesos que no cumplen con la normativa europea. Además, esperan que la concentración de este sábado sea un «punto de inflexión» para que «España tome medidas efectivas».

El portavoz del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores por el Empleo Público de Aragón (STEPA), David Mansilla, ha señalado que «esta situación es injusta porque la falta de estabilidad no solo impacta a los trabajadores, sino también a sus familias».

El Sindicato de interinos STEPA denuncia frente al Congreso de los Diputados la situación del Gobierno autonómico y los ceses que se están produciendo. (Imagen: Sindicato Stepa)

El Gobierno no sigue al TJUE

Por su parte, la delegada del Sindicato de Comisiones de Base (Co.bas) en la Comunidad de Madrid, Maite Agredano, explica que «ninguna de las medidas implementadas hasta ahora ha conseguido reducir de forma significativa la tasa de interinidad. El Gobierno no nos escucha; en estos cinco último años no ha querido sentarse con nosotros, parece como si le diera igual el futuro de los hombres y mujeres que estamos en fraude de ley”.

Para la delegada madrileña de Co.bas, la situación a escaso dos meses de concluir los procesos selectivos —el próximo 31 de diciembre— es preocupante. En los ayuntamientos, por regla general, se ha cumplido con lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público a pesar de que no se ajusta con lo establecido en la normativa europea y hay, por tanto, más personas estabilizadas que cesadas.

“El problema de esta situación es la falta de datos”, apunta Agredano, “las comunidades autónomas son las más incumplidoras, y entre ellas Aragón y la Comunidad de Madrid se llevan la palma en incumplimiento”. Al mismo tiempo indica que la Comunidad de Madrid, “que es la que más conozco, no solo no ha cumplido con la Ley 20/21 —ya que todos los procesos de estabilización se publicaron antes de la entrada en vigor de dicha norma—, sino que tras la celebración de los exámenes y la posterior fase de concurso, han aprobado menos personas que plazas convocadas. Se van a quedar muchas plazas vacantes que no serán ocupadas por personal fijo, y el personal interino que las ocupa en la actualidad, será cesado igualmente”.

A todo esto, añade que hay que recordar que el personal de la Comunidad de Madrid no tiene derecho a indemnización, ya que los procesos de estabilización se han celebrado al margen de la Ley 20/21, hecho que recuerda con bastante vehemencia la DG de la Función Pública de la Comunidad de Madrid cada vez que tiene que comparecer ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea madrileña.

Otro caso paradigmático es el Servicio Público de Empleo (SEPE). Se ha constituido una plataforma de afectados que nos informan con discreción. Al parecer en el 2023 se cesaron a 1.400 interinos, sin embargo, a los pocos meses algunos de ellos eran contratados de nuevo; pero éstos han cesado con la incorporación de los nuevos profesionales, con posterioridad. Desde este colectivo indican a E&J que el gran problema es que ni el Gobierno, ni el Ministerio de Función Pública, ni el Tribunal Supremo reconocen la primacía de la normativa comunitaria sobre cualquier ley española: “Realmente en lugar de hacer los procesos de estabilización que marca la Ley 20/2021, en el SEPE se despide para acabar con la temporalidad”.

A la manifestación del sábado en Madrid acudieron manifestantes de toda España para reclamar sus derechos. (Imagen: Sindicato Stepa)

En lucha por la Unidad Sindical

La Unión Sindical está compuesta por una agrupación de sindicatos alternativos que plantea una acción sindical diferente a la que han llevado a cabo CCOO, UGT y CSIF desde hace décadas. “Ha surgido a raíz de esta manifestación como elemento aglutinante de distintos colectivos de todo el país”, comentan.

Aclaran que hay cuatro sindicatos principales (la Confederación Intersindical, FETAP- CGT, Sindicato Co.bas y Solidaridad Obrera) junto a otras organizaciones más pequeñas que están dentro de la citada Confederación. Sobre los tres sindicatos tradicionales comentan que han forjado una “paz social” que se resquebraja día a día. A cambio de mantener a la clase trabajadora parada y adormecida, han firmado reformas laborales, convenios y acuerdos sectoriales cada vez más restrictivos en derechos respecto a los anteriores. Todo a cambio de mantener su cuota de liberados y de subvenciones.

A medida que la condición de vida de la clase trabajadora se precariza más, estos sindicatos se han convertido en auténticos enemigos de los trabajadores/as de este país, siendo profundamente rechazados para la mayoría de ellos.

La Unión Sindical pretende ocupar ese espacio que han dejado abandonado estos tres sindicatos en el Sector Público, y plantear una acción sindical parecida a la que se hizo en los primeros años de Democracia; con menos recursos, pero con más independencia y libertad para actuar. «Por ello, nos hemos unido para hacer fuerza en la defensa de los derechos de los/as trabajadores/as temporales de la Administración», manifiestan.

Desde Solidaridad Obrera se ha pedido públicamente que el Gobierno cumpla con las sentencias del TJUE. (Imagen: Solidaridad Obrera)

Una situación complicada

Por su parte Gerardo Pérez, abogado en Santa Cruz de Tenerife y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, subraya que “estamos en un laberinto jurídico y judicial de una complejidad importante en donde se han impugnado las ofertas de empleo público por las plazas que se han sacado, cuales por concurso o por concurso oposición. Además se han impugnado las convocatorias donde las baremaciones establecidas no priman al trabajador en abuso de temporalidad”.

Al margen de estas cuestiones, el abogado recuerda que “hay miles de procedimientos judiciales en los que individualmente los trabajadores reclaman por estar en abuso de temporalidad y esperan que los tribunales se pronuncien sobre cuál va a ser la compensación, si indemnización o fijeza”.

A su juicio “la maraña de pleitos es notable donde los jueces tienen que decidir sin que exista una norma interna clara porque no está traspuesta la Directiva 1999/70. El concepto de inseguridad jurídica se plasma con el abuso de la temporalidad que se mantiene en nuestro país desde hace muchos años”.

Desde su punto de vista “la situación es más compleja que antes. Hay algunas administraciones locales que van a estabilizar a una gran parte de sus trabajadores en fraude de ley. También Cataluña está en ratios del 90%, eso significa que la estabilización se puede hacer con voluntad política”.

A su juicio “en Canarias tenemos de todo. Hay ayuntamientos que lo han hecho bien y han estabilizado las plazas, en todo lo que tiene que ver a nivel estatal, en materia de educación es un desastre absoluto. El Real Decreto 270/2022, donde el Estado imponía una baremación homogénea en todo el territorio, ha desnaturalizado estos procesos de estabilización”.