El 47,7% de los jueces se jubilaron de forma voluntaria en 2023

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha elaborado un estudio que revela un aumento de las bajas voluntarias de los jueces, ya que alcanza casi el 48% de las jubilaciones registradas en 2023 en España.

El Estudio sobre las jubilaciones en la carrera judicial de AJFV, que actualiza los datos de otro informe del 2021, concluye que en 2023 tuvieron lugar un total de 99 jubilaciones en la Carrera Judicial. De ellas, 47 fueron voluntarias o anticipadas, 44 fueron forzosas por razones de edad y 8 fueron por incapacidad permanente.

Las jubilaciones voluntarias o anticipadas representan el 47,47% de las jubilaciones del año 2023. Este porcentaje es muy superior al registrado en el año 2022, cuando las jubilaciones anticipadas alcanzaron el 31,4% del total, después de que en 2021 llegaran al 33,7%. Esto es, en un solo año las jubilaciones voluntarias se han incrementado en más de quince puntos porcentuales.

Para esta asociación, la Administración de Justicia se enfrenta a un reto mayúsculo: las jubilaciones masivas de la Carrera Judicial. No en vano la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha calculado que del periodo 2022 a 2031 se retirarán más de 1.700 jueces de los casi 5.500 que hay en activo, lo que supone el 33% de la Carrera.

“Cada cuatro días se jubila un juez en España”, explica Sergio Oliva, magistrado y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, portavoz de AJFV y autor del estudio. Oliva denuncia el “alarmante problema” que afronta la Administración de Justicia con una escalada de jubilaciones jamás vista hasta el punto de que, para el año 2031 se habrá jubilado el 33% de la Carrera Judicial, según las proyecciones de esta asociación de jueces.

“El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es conocedor de esta grave situación, pero no ha esbozado siquiera una solución para hacer frente al desafío histórico de las jubilaciones masivas”, denuncia Sergio Oliva.

Hay tres causas fundamentales del aumento del número de jubilaciones “que se entrelazan y se retroalimentan: el envejecimiento de la Carrera Judicial; la creciente sobrecarga de trabajo que está causando problemas de salud laboral; y la ausencia de una carrera profesional bien definida, donde se reconozca la experiencia y la competencia para continuar ejerciendo como juez”, denuncia Oliva.

Plantilla judicial envejecida

En primer lugar, se encuentra el envejecimiento de la población en general, lo que también afecta a los profesionales en el ámbito judicial. Muchos jueces y magistrados han llegado a la edad en la que pueden retirarse, lo que naturalmente lleva a un aumento en las jubilaciones. Además, como factor que incrementa aún más el número de bajas, en el próximo decenio tendrán lugar las jubilaciones de los nacidos durante el periodo demográfico denominado del “baby boom”.

En segundo lugar, también constata que el aumento constante de la carga de trabajo en el sistema judicial genera una situación de estrés insostenible para muchos jueces. La creciente litigiosidad en la sociedad contemporánea ha llevado a un incremento significativo en el número de casos que llegan a los tribunales. La tasa de litigiosidad se mide como el número de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes. En el año 2023, la tasa de litigiosidad se situará entre el 143,8% y el 147,5%, según las estimaciones, frente al 128,3% de 2018. Esto supone un aumento de entre 15 y 19 puntos con respecto a 2018.

Esta sobrecarga de trabajo no solo afecta a la calidad de la Administración de Justicia, sino que tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de los jueces, lo que puede precipitar sus jubilaciones voluntarias/anticipadas. La presión constante y la falta de recursos adecuados para hacer frente a esta carga de trabajo contribuyen al agotamiento y la fatiga de los jueces.

Ante este grave fenómeno, Oliva indica que “el Ministerio de Justicia no ha adoptado ninguna decisión significativa en forma de incremento de plantilla de jueces y unidades judiciales, que permita mitigar, siquiera sea mínimamente, el sobre esfuerzo que ello supone para quien tiene que dar una respuesta a esos nuevos asuntos”.

Al preguntarle por el papel que podrían hacer los jueces sustitutos, más de 1.000 en España, de los que no habla el informe, Oliva señala a Economist & Jurist que sobre este tema tendría que pronunciarse la Asamblea General de esta asociación. Un colectivo sobre el cual este medio ha denunciado recientemente su estado de precariedad.

Sergio Oliva, portavoz de AJFV y autor del estudio, explica que no se cubren las plazas que reclama el Consejo General del Poder Judicial (Imagen: AJFV)

Como tercera causa se encuentra la falta de un sistema de incentivos claro y una carrera profesional bien definida en la judicatura que está pervirtiendo el horizonte laboral y personal del juez. Cuando los jueces no tienen un camino claro de desarrollo profesional que reconozca su experiencia y competencia, es más que probable la búsqueda de otras oportunidades profesionales o que consideren la jubilación voluntaria/anticipada como una opción atractiva.

La falta de incentivos profesionales puede desmotivar a los jueces experimentados, lo que a su vez puede llevar a una pérdida de experiencia y conocimiento en el sistema judicial. El aumento de las jubilaciones no solo pone en peligro la calidad de la Justicia en un país democrático, sino que también plantea desafíos significativos para garantizar la estabilidad y la integridad de la judicatura en el largo plazo.

Para este magistrado está en riesgo la tutela judicial efectiva de la ciudadanía. Y con esto no caben las cábalas políticas. Las medidas que se tomen en respuesta a este desafío determinarán la integridad de nuestro sistema judicial.

Urge un Plan estratégico

Para abordar el alarmante aumento de jubilaciones en la Carrera Judicial española, AJFV reclama elaborar un plan estratégico donde se incluya el aumento de la plantilla de jueces, la creación de más unidades judiciales, la disminución de la carga de trabajo y el diseño de una verdadera carrera profesional, entre otras medidas.

Según cálculos del propio Consejo General del Poder Judicial, para la próxima década se precisa la incorporación de cerca de 6.500 nuevos jueces, lo que implicaría la convocatoria de entre 310 y 320 plazas anuales hasta el año 2032. Sin embargo, la última convocatoria de jueces – de noviembre de 2023- ha sido de tan solo 120 plazas, “que son manifiestamente insuficientes”, apunta Oliva.

Para Oliva “el Gobierno debe diseñar un plan estratégico para los próximos años con una oferta pública nunca vista para los opositores a jueces, que permita, al menos de forma parcial, atemperar las dramáticas consecuencias de las jubilaciones masivas de la Carrera».

Hay que recordar que este elemento fue clave en el acuerdo que suscribieron las asociaciones de jueces, salvo APM y de fiscales el pasado mes de mayo donde se hablaba de incorporar cien plazas más para la carrera judicial, se convocaron 120 pero eran 220 para evitar la huelga del colectivo además de una remuneración importante. Al mismo tiempo se ha pedido crear un grupo de trabajo para poner en marcha esta actividad porque es necesario organizarlo de forma clara, pero por el momento el Ministerio de Justicia no ha contestado.

“En segundo lugar, se necesita avanzar en la modernización de la Justicia, optimizando recursos que permitan mejorar la eficiencia y disminuir la carga de trabajo de los jueces, reduciendo la litigiosidad”, indica Oliva.

En este estudio de AJFV se pide un plan de choque al Ministerio de Justicia que cubra las vacantes existentes (Imagen: E&J)

Para este jurista hay que invertir en métodos extrajudiciales que ayuden a reducir la litigiosidad vía MASC o mediación, para ello será fundamental formar al juez en estos métodos y que aprenda a derivar “se trata de evitar acudir al juzgado y reducir la carga de trabajo del juez”.

Respecto a la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) “puede ser útil si se hace bien y se respeta los principios generales del derecho, pero habrá que ver cómo queda la letra pequeña de la norma, la organización interna y como se reparten estos asuntos”.

Por último, en tercer lugar, es urgente la implementación de una carrera profesional en la judicatura. Esto supondría el reconocimiento de la experiencia y el desempeño, fomentando la especialización en áreas específicas del derecho. “Los jueces no tenemos carrera profesional, pasado unos años somos magistrados o te especializas en una jurisdicción como contencioso administrativo o social. Cuando el juez llega a una Audiencia Provincial con cincuenta años, ahí muere su carrera”, señala Oliva.

Desde ese punto de vista “la carrera de muchos de los jueces se estanca porque unos pocos acaban en Tribunales Superiores de Justicia o en el Tribunal Supremo. Lo que pedimos es una carrera profesional que siga las pautas del Estatuto Básico del Empleado Público, si la especialización es más temprana eso hará que quieran quedarse en la Carrera Judicial porque verán que sus expectativas mejoran. Pero por el momento no hay nada sobre esto en marcha y es necesario».

Este experto concluye que “al final está en riesgo la tutela judicial efectiva de la ciudadanía. Las medidas que se tomen en respuesta a este desafío determinarán la integridad de nuestro sistema judicial.  Solo con una justicia profesional y sin problemas de salud propiciados por el exceso de trabajo se logrará mantener la verdadera independencia judicial”.