Los LAJ piden la dimisión o el cese de la ministra de Justicia y su equipo

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) comienzan mañana 29 de noviembre una huelga que se va a desarrollar, además, el 30 de noviembre y los días 14 y 15 de diciembre, pidiendo llegar a ser indefinida a partir de enero si el Ministerio de Justicia no atiende a sus reivindicaciones.

En el marco de esta convocatoria, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha emitido un manifiesto en el que vuelven a reiterar las circunstancias por las que van a la huelga, “para que las entiendan la ministra, el secretario de Estado y la propia opinión pública”, y en el que han llegado a pedir la dimisión de la titular de este departamento, Pilar Llop.

En este texto destacan que “el dialogo era la primera de nuestras opciones” y que “nunca quisimos adoptar ninguna medida que fuera en detrimento de la Justicia, de los intereses de los justiciables, ni por supuesto, de nuestros compañeros”.

Sin embargo, “desde octubre, cuando solicitamos una reunión formal al secretario general, reiterada días después, el Ministerio ni nos ha convocado, ni ha dado explicaciones”, lo que supone “un desprecio absoluto hacia los letrados de la Administración de Justicia de este país”. Explican que esto les ha llevado a realizar los paros convocados “como única opción para exigir al Ministerio justicia, equidad y responsabilidad.

Según explican en el manifiesto, piden que les apliquen los mismos criterios que tienen el resto de los funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia. Sobre este aspecto, reclaman la reducción de los grupos de población de cinco a tres a efectos del complemento general: “¿Se le olvida al Ministerio que los LAJ son un cuerpo superior jurídico A1?” se preguntan. Afirman, asimismo, que “la reducción a tres tipos que exigimos supondría la aplicación de las mismas cuantías por complemento general de puesto existentes actualmente, como los médicos forenses, a los letrados de Justicia”.

En su manifiesto, los LAJ recuerdan que Pilar Llop afirmaba hace unos días en el Congreso de los Diputados que el incremento retributivo de los LAJ, distribuido en tres años, y que definió como “mejora sustancial” es de 195 euros. “Lo que no dijo es que se trata de 10 euros más de los establecidos para los cuerpos generales”, aseguran. En este sentido, afirman que “es insultante para los letrados de la Administración de Justicia que el Ministerio valore el gran incremento de funciones que realizamos en 10 euros más que quienes colaboran con nosotros en las oficinas judiciales, pero no asumen ninguna responsabilidad sobre el trabajo realizado”.

Ministerio de Justicia. (Foto: CNLAJ)

Recuerdan que recurrieron el acuerdo sindical en vía contencioso administrativa, pero denuncian que “hay gato encerrado” ya que “desde junio estamos esperando que se integre el expediente administrativo con todas las actas de negociación”. “Viendo el contenido de las actas de negociación sindical podemos afirmar que no se negoció ninguna adecuación salarial de los LAJ que retribuya las funciones que hemos asumido”, denuncian.

Entre los motivos alegados por los LAJ para acudir a la huelga también se cuenta el incumplimiento por parte del Ministerio de los compromisos a los a que llegó por escrito con el colectivo: “En abril llegamos a acuerdos con la Secretaría General, el secretario de Estado y la ministra. Acuerdos documentados por escrito. Nos dijeron que tenían asignación presupuestaria suficiente”.

Ante estos incumplimientos, los LAJ aseguran que “la ministra y su equipo deben ser responsables y dimitir o ser cesados, especialmente quienes prometieron dotación presupuestaria y que ahora, si ese es el motivo, no han sido capaces de conseguirla”.

“Tampoco han cumplido con el compromiso de incorporar, mediante enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa, una disposición que vincule las retribuciones de los LAJ a las de la Carrera Judicial, mediante un porcentaje mínimo, que haga justicia con las funciones judiciales o cuasi-judiciales que venimos asumiendo y que han sido reconocidas internacionalmente por los informes de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ)”, denuncian.

A su modo de ver, hay, además, una serie de cuestiones que demuestran la ineficacia de la Secretaría General, entre las que están “la incapacidad concretar un borrador de nuevo Estatuto” a pesar de que ya está prácticamente finalizado. Tras el compromiso del Ministerio de trabajar con las asociaciones de LAJ en la definición y concreción del modelo de carrera profesional “a día de hoy no hay noticia alguna”. Tampoco se habrían desarrollado las libranzas, ni el sistema de productividad”.