Los LAJ proponen la mediación del decano del ICAM en su conflicto con Justicia

Mientras que el Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, sigue sin dar respuesta a los requerimientos de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que han convocado huelga indefinida a partir del próximo 24 de enero, las organizaciones que representan a este cuerpo de funcionarios intentan “agotar todas las vías” para evitar el paro.

Las organizaciones convocantes del paro han propuesto a Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), como mediador ante el Ministerio, ya que le consideran “un profesional de reconocido prestigio en el mundo judicial y conocedor de los intereses en conflicto”. Ayer, los LAJ ya propusieron como mediadores a cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): María Concepción Sáez Rodríguez, María Ángeles Carmona, Álvaro Cuesta Martínez y Gerardo Martínez Tristán.

Según un comunicado remitido por el ICAM, Ribón se ha reunido este viernes por la tarde con representantes de las tres organizaciones de letrados de la Administración de Justicia convocantes de la huelga indefinida. Además, se ha dirigido por escrito a la ministra de Justicia. En su mensaje le ha trasladado que “con el honesto ánimo de facilitar la comunicación entre las partes y lograr su acercamiento, desde una absoluta neutralidad, me permito invitarte a explorar este cauce diálogo con la mayor urgencia, en defensa de la salvaguarda del interés general”.

“Convencido de la coincidencia de voluntades que evite cualquier menoscabo de la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y tu franca predisposición a una célere solución, quedo a tu completa disposición en esta casa de las libertades, que será siempre la tuya”, concluye la carta.

Eugenio Ribón se ha reunido en el ICAM con José Palazuelos y Juan Manuel Ávila, representantes de las asociaciones convocantes de la huelga. (Foto: ICAM)

Con esta iniciativa, las asociaciones convocantes del paro, el Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), y la Asociación Independiente de letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) intentan “evitar los perjuicios irreparables que la huelga indefinida inevitablemente conllevará”.

Esta semana ya remitieron a la ministra de Justicia un requerimiento formal para que se convoque, tanto a ellos como al comité de huelga, a una “negociación real y de buena fe”. Además, pidieron al Ministerio que reuna al Consejo del Secretariado inmediatamente para que pueda cumplir con las obligaciones que tiene legalmente conferidas.

Igualmente enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la que pretendían “alertar de la gravedad y extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales, a partir del 24 de enero de 2023” como consecuencia de la huelga.

Pilar Llop, ministra de Justicia (Foto: Moncloa)

En la misiva enviada al presidente se recuerda que “la huelga tiene un impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas, y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio público de la Administración de Justicia”. Igualmente, se advierte de los perjuicios económicos que puede provocar el conflicto, dedo que “se paralizan los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc.) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, con un saldo promedio de 4.500 millones de euros”.

Por otra parte, hoy ha trascendido que el Tribunal Supremo ha señalado para votación y fallo el recurso presentado por la CNLAJ para que a los letrados de la Administración de Justicia les sea reconocida una unidad electoral propia, lo que les permitiría una negociación colectiva efectiva. A este respecto, Diego Fierro, letrado de la Administración de Justicia, publicaba en Economist & Jurist un texto en el que, bajo el título El discriminatorio rechazo a la negociación colectiva de los LAJ, llamaba la atención sobre “el desamparo y la discriminación que sufren los Letrados de la Administración de Justicia por su falta de representatividad y consiguiente ausencia en el diálogo social”.