Los LAJ requieren a la ministra de Justicia que les convoque a una negociación “real”

Las asociaciones convocantes de la huelga indefinida de letrados de la Administración de Justicia (LAJ), prevista para el próximo 24 de enero, remitieron ayer a la ministra de Justicia, Pilar Llop, un requerimiento formal para que se convoque a los convocantes de los paros indefinidos, así como al comité de huelga, a una “negociación real y de buena fe”.

En este sentido, el Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), y la Asociación Independiente de letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) han exigido a la titular de Justicia que se haga efectivo el derecho de los letrados judiciales a ser defendidos por sus asociaciones.

Además, se ha requerido al Ministerio de Justicia que convoque al Consejo del Secretariado inmediatamente para que pueda cumplir con las obligaciones que tiene legalmente conferidas.

Desde las asociaciones de LAJ se ha asegurado que, de no ser atendido este requerimiento, están legitimadas, ante la sociedad y ante los profesionales del derecho, a mantener las reclamaciones mediante la huelga, atribuyendo expresamente al del Ministerio de Justicia la responsabilidad de todos los retrasos e inconvenientes que se generen, sin perjuicio del resto de consecuencias legales que pueda tener.

CNLAJ, UPSJ y AINLAJ han calificado de “lamentable” el hecho de contemplar cómo el Ministerio de Justicia incumple de manera sistemática la Ley y las obligaciones que tiene con los letrados de la Administración de Justicia y sus asociaciones. Han asegurado que, desde hace meses, “la ministra y los altos cargos de su Ministerio parece que han decidido no escuchar a los LAJ mientras sigamos en situación de conflicto” cuando la realidad es que “hemos tenido que llegar al conflicto al no ser ni citados, desde hace meses, desconociendo abiertamente los compromisos que asumieron”.

Según los convocantes de la huelga, esta es “una situación que se agrava día tras día, y más cuando se está modulando el futuro de la oficina judicial, dirigidas por los Letrados de Justicia, en las leyes de eficiencia”.

Finalmente, desde estas asociaciones se ha subrayado que se trata de una huelga indefinida que paralizará los juzgados y tribunales del país con las consecuencias que esto supone para la ciudadanía, tejido empresarial y operadores jurídicos.

Los LAJ se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que medie en el conflicto. (Foto: Moncloa)

Carta a Pedro Sánchez

Este requerimiento de los LAJ parece ser uno de los últimos recursos de este colectivo profesional para evitar la huelga indefinida. Esta semana enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la que se pretende “alertar de la gravedad y extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales, a partir del 24 de enero de 2023” como consecuencia de la huelga.

En la misiva enviada al presidente, se recuerda que “la huelga tiene un impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas, y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio público de la Administración de Justicia”. Igualmente, se advierte de los perjuicios económicos que puede provocar el conflicto, dedo que “se paralizan los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc.) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, con un saldo promedio de 4.500 millones de euros”.

“Ante la gestión insensible e irresponsable del departamento ministerial del Gobierno que preside, en un año electoralmente tan importante, apelamos a su autoridad para que se adopten las medidas necesarias para que se reconduzca el conflicto, para que prevalezca la Justicia, valor superior del ordenamiento jurídico y su funcionamiento el pilar fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho que es España, evitando a la ciudadanía los perjuicios de la huelga”, solicitan los LAJ a Pedro Sánchez.

Un nuevo frente abierto

A las reivindicaciones de los LAJ que no están siendo atendidas por el Ministerio, y que han llevado al colectivo a la huelga, se ha sumado recientemente un nuevo motivo de conflicto que, aunque afecta a toda la Administración, toca de lleno a los LAJ.

El Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre de 2022 publica dos convocatorias para el acceso al Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia: La Orden JUS/1318/2022, de 27 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo extraordinario para acceso por el turno libre al Cuerpo de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia por el sistema de concurso de méritos; y la Orden JUS/1319/2022, de 27 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo extraordinario para acceso por el turno libre al Cuerpo de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia por el sistema de concurso oposición.

El CNLAJ ha impugnado estas órdenes publicadas por el Ministerio. Álvaro Gimeno, miembro del CNLAJ, señala a Economist & Jurist que “en todas las oposiciones, y más en la de los cuerpos superiores del Estado, el acceso es por oposición en la que hay que superar una serie de ejercicios”. Según explica este LAJ, “de las dos convocatorias publicadas en el BOE, una es por concurso de méritos y no prevé ejercicio alguno”. En la segunda orden ocurre lo mismo.

Gimeno explica que se han impugnado estas órdenes porque consideran que “el acceso debe ser, como se venía haciendo hasta ahora, con ejercicios de oposición, turno libre y promoción interna, pero en ningún caso con un concurso de méritos prescindiéndose de cualquier ejercicio”.