Los LAJs reclaman una ‘vacatio legis’ mayor de la existente para que la reforma de los tribunales de instancia sea efectiva

“Sin una vacatio legis mayor, la reforma de la Justicia con la implementación de los tribunales de instancia puede ser un caos. Nos preocupa la puesta en marcha de la ley”, ha explicado Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) a Economist & Jurist antes de tener lugar la presentación del informe El Letrado de la Administración de Justicia en cifras.

Dicho informe ha sido realizado por el Servicio de Estudios, formado por Jaime Herráiz, Mar Fernández, Alicia Gordillo, Diego Fierro e Iván Fructuoso González. El documento recoge el papel de ese colectivo —de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs)—, que son un elemento clave en la organización del nuevo modelo judicial.

El presidente del CNLAJ indicó que hay una primera fase que se pondrá en marcha en julio de este año, “son unidades judiciales más pequeñas, donde también hay improvisación; y luego la segunda parte, más amplia, para su entrada en diciembre de este año. Esa necesita diseños de carga de trabajo y otras cuestiones. Que entre en funcionamiento a finales de año es muy prematuro, lo lógico hubiera sido más progresivo para percibir esos errores y evitarlos. Si se pone en marcha todo a la vez, los problemas estructurales serán graves en todo el país”.

El informe se presentó en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (RAJYL) y contó con la presencia de los distintos operadores jurídicos, como Antonio Fernández de Buján, académico de número y José Luis Contreras, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ambos en la mesa presidencial junto a Ernesto Casado presidente de CNLJ, y José Palazuelos, actualmente LAJ en la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, secretario y tesorero del Colegio.

Asimismo, estuvieron presentes el expresidente del Tribunal Constitucional Juan José González Rivas; el exministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente y consejero delegado de Grupo Difusión, editora de Economist & Jurist, Alejandro Pintó y Jorge Pintó; el director general de ISDE, Juan José Sánchez; el exvocal del CGPJ, Antonio Dorado; y el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid Juan Pablo González; entre otros juristas.

También acudieron la viceconsejera de Justicia y Víctimas, Carmen Martín; Gregorio García, director general del ICAM; Ricardo Garrido, nuevo presidente del Consejo General de Procuradores, acompañado por Alberto García y Carmen Giménez, decano y vicedecana del Colegio de Procuradores de Madrid; Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias; Almudena Lastra, fiscal jefe de la Comunidad; la portavoz de Justicia del Partido Popular en el Congreso, María Jesús Moro; Sebastian Lastra, secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y Adrián Gómez, LAJ del Juzgado 104 bis de Madrid.

Al evento acudieron ilustres invitados, como Alejandro Pintó y Jorge Pintó, presidente y consejero delegado de Grupo Difusión (primero y cuarto, de izquierda a derecha); Juan José Sánchez, consejero delegado de ISDE (primero por la derecha); Antonio Fernández de Bujan , (segundo por la izquierda); y los anfitriones del acto, Ernesto Casado, presidente del CNLAJ (tercero por la izquierda) y José Palazuelos, LAJ de la Sala Quinta del Supremo (segundo por la derecha). (Imagen: CNLAJ)

La ausencia notable fue la del Ministerio de Justicia, que no envió a ninguno de sus altos cargos, cuestión que ha molestado mucho a los rectores del CNLAJ.

El informe subraya la importancia de la implantación total de la Oficina Judicial y los tribunales de instancia; el avance en la carrera profesional de los LAJ; y la modernización tecnológica del sistema judicial.

Tras el acto solemne de la lectura del informe de los LAJs, varios eran los temas de conversación en los corrillos de los presentes al acto. Por un lado, la propia Ley 1/2025 que va a generar que los LAJs se encuentren como pieza clave del nuevo modelo de oficina judicial. Muchos de los asistentes pedían una vacatio legis mayor y mostraban su preocupación por la escasez de información.

Las dudas sobre la mediación

Sobre la mediación, cuya entrada está prevista para el 3 de abril, la falta de noticias es evidente. “En cuanto a un abogado que utilice el servicio y tenga que interponer la demanda, hay que aclarar qué tiene que hacer y dónde debe ir. No sabemos dónde está el servicio de mediación y conciliación. Creemos que puede haber una avalancha de conciliaciones frente al propio LAJ. Habrá que hacer una previsión razonable para asumir esa carga. Si se opta por la conciliación privada y se acaba en el notario está por ver quién va a pagarla”, comentaban a E&J los asistentes.

Ernesto Casado, presidente del CNLAJ, recordó que la reforma será posible si hay interoperabilidad entre el 20% de los organismos que están en territorio Ministerio y el 80% en las comunidades autónomas (CC. AA.) con competencias transferidas en materia de Justicia. “Ahora se habla muy poco de interoperabilidad, pero es clave para que esta reforma se pueda poner en marcha con garantías. Esto es evidente pero no siempre se ha conseguido a nivel de gestión de comunicaciones de una a otra comunidad autónoma”.

Eso significa que debe haber una coordinación del nuevo modelo de Justicia. La Oficina judicial en Madrid debería estar diseñada antes de final de año. Se necesita más tiempo para su implementación.

Para Diego Fierro, LAJ con plaza en la Comisión de servicio del Juzgado de lo Penal número 12 de Málaga, “la labor del grupo de trabajo que ha hecho este informe ha sido más que notable dentro de la Comisión de Estudios e Informes donde se ha preparado ese estudio del LAJ y la Administración de Justicia en cifras. Hemos hecho un ardua labor de recuperación de datos, análisis y estudio, revisión y cribado a efectos de analizarla función que tenemos y la trascendencia que la misma tiene para la Administración de Justicia”.

Este experto señala que todos los miembros han destacado con mucho interés. “En el caso de Jaime Herráiz, director de esta Comisión, se ha encargado de esta edición que ha impulsado el trabajo para que pudiéramos estar aquí. En mi caso, mi trabajo se ha centrado en materia civiles y penales, sobre el servicio común de ejecución y también en lo relativo a la cooperación internacional. Con este estudio queda claro nuestra relevancia como cuerpo de la Administración de Justicia”, asegura Fierro.

Momento de la presentación del informe ‘El LAJ en cifras’, elaborado por por el Servicio de Estudios, formado por Jaime Herráiz, Mar Fernández, Alicia Gordillo y Diego Fierro. (Imagen: CNLAJ)

Propuestas de mejora de la Justicia

Sobre las principales propuestas, la primera es la implantación de la Oficina Judicial y tribunales de instancia. El informe propone concluir la implantación de la Oficina Judicial aprovechando la organización de los tribunales de instancia, así como la creación definitiva de los servicios comunes de ejecución y el pleno desarrollo del expediente judicial electrónico.

Por ello consideran esencial que la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Eficiencia se realice con criterio y en un tiempo razonable. El Colegio Nacional ha insistido en que la atropellada previsión transitoria de la Ley puede abocar a una situación muy difícil a las oficinas judiciales a final de año.

“Cuando oímos hablar de inteligencia artificial, olvidamos que el expediente judicial electrónico no está implantado en todo el territorio nacional y el nuevo diseño de tribunal de instancia no es compatible con expedientes en papel”, comentaron en la lectura del documento.

Sobre la segunda propuesta, la mejora de la carrera profesional, señalaron que lo que se busca es actualizar el Real Decreto de Puestos tipo, para alinearlo con los cambios organizativos y aprobar el Real Decreto de sustituciones; es tanto como decir que tienen que reorganizarse las retribuciones correspondientes a los nuevos puestos que vamos a ocupar, y potenciar con ello la implicación de los profesionales en el nuevo proyecto.

Así como un plan enérgico y decidido de convocatorias suficientes de oposiciones para cubrir el gran número de jubilaciones que próximamente se producirán. En los próximos años necesitamos al menos, una oferta pública de 300 plazas anuales.

Equipo del Servicio de Estudios del CNLAJ que ha realizado el informe ‘El LAJ e cifras’. (Imagen: CNLAJ)

En cuanto a la modernización y automatización, tercera propuesta, en dicho informe se aboga por la plena implantación del expediente judicial electrónico y la interoperabilidad de todas las aplicaciones usadas en la Administración de Justicia. Las propuestas incluyen la obtención automatizada de estadísticas; la interoperabilidad de las aplicaciones de todo el territorio nacional; la interconexión entre Oficinas Judiciales y Registros de la Propiedad y Administraciones Públicas; automatización de SIRAJ; y la implantación de la inteligencia artificial en los sistemas de gestión.

Como cuarta propuesta del CNLAJ se trata la necesidad de contar con datos objetivos. El informe se basa en información extraída directamente de la estadística oficial del CGPJ, incluso reproduciendo directamente los cuadros que ofrecen los documentos del CGPJ, para poner de manifiesto cuál es la realidad objetiva: en la fase de ejecución, en la cuenta de consignaciones, en la mediación y conciliación, o en la puesta en marcha y resolución de los procesos judiciales.

El problema es que esos datos no se extraen de las aplicaciones de gestión “en la mayor parte las aplicaciones informáticas no funcionan bien. Eso hace que dicha estadística la tengamos que revisar, que no tiene las garantías que tienen las aplicaciones informáticas para tener datos más exhaustivos y correctos”, afirmaron.

Otra cuestión importante “es la protección de los datos, cuestión de actualidad en nuestro entorno judicial, pero realmente hay que hacer una protección mejor de los datos. Por el momento el sistema judicial no ha sido ciberatacado —que sepamos—, pero “el problema es grave porque se manejan muchos datos personales de los operadores jurídicos y los propios justiciables. Se necesita una seguridad máxima”.

Junta Nacional del CNLAJ posando al final del evento, satisfechos con la repercusión de dicha presentación. (Imagen: CNLAJ)

No se valora al LAJ en su justa media

Como quinta propuesta los autores del informe hablaron del reconocimiento y potenciación del trabajo de los LAJs. Se destacó la necesidad de reconocer las funciones de los letrados en la cooperación jurídica internacional; potenciar su intervención en el procedimiento Penal; en la asistencia a las víctimas, especialmente de violencia de género; en la conciliación y mediación intraprocesales a cargo de los LAJs; y mejorar la regulación de la ejecución Penal.

Para el presidente del CNLAJ “ese reconocimiento es fundamental. El trabajo que se hace en Justicia es productivo. Nosotros con este informe podemos saber cómo se trabaja en las oficinas judiciales y los actos de comunicación que se pueden ver con la implementación de las herramientas informáticas de gestión y cómo se manejan”.

Así se señala que en cuanto a ejecuciones judiciales, en 2023 las resoluciones superaron en un 11,7% a las ingresadas, consolidando la mejora en esta fase del proceso. Al mismo tiempo, sobre resoluciones y admisión de demandas, los LAJs dictaron aproximadamente 3,2 millones de decretos de admisión y resolvieron por decreto casi tantos asuntos como los jueces por sentencia.

En cuanto a la eficiencia del sistema, en el ámbito Civil los decretos dictados por los LAJs representaron el 36% del total de resoluciones finales, superando incluso a las sentencias en algunos casos.

En cuanto al impacto económico de la Administración de Justicia, los LAJ generaron 821 millones euros en ingresos y ahorros para las arcas públicas, incluyendo: 117 millones en multas; 85 millones en intereses de cuentas de consignaciones 363 millones en ahorro por notificaciones telemáticas.

Con todos estos datos, desde el CNLAJ se ha insistido en que invertir en Justicia, en los profesionales que la integran, en su formación y en las herramientas que hay a su disposición, es un inmejorable uso de los recursos públicos.

“Curiosamente las CC. AA. como Valencia o Cataluña no son las que más invierten y tampoco han desarrollado mayormente las tecnologías en la Administración de Justicia. En algunos partidos de esas Comunidades Autónomas aún se notifica en papel”, advierte Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.