Los letrados del Gobierno quieren poner más trabas a la corrupción

• En las I Jornadas de Compliance en el Sector Público el presidente del Consejo Superior de Letrados y Abogados de Comunidades Autónomas, Luis Moll destacó: “En este apartado del congreso se ha hablado con claridad de lo interesante que sería que existieran códigos de conducta que apunten en la buena práctica administrativa”

 Esta mañana han finalizado las I Jornadas de Compliance en el Sector Público organizados por el Consejo Superior de Letrados y Abogados de las Comunidades Autónomas. El acto ha tenido lugar en la Real Academia de la Jurisprudencia y la Legislación de Madrid.

Luis Moll, presidente del Consejo, Pablo de la Cruz, Director de la Sección Académica del Consejo y Belén López, presidenta de la Sección Científica de Compliance en el sector público han sido los encargados de inaugurar estas jornadas donde se ha destacado la importancia de que los trabajadores del sector público sean un ejemplo de ética e integridad.

Como ha explicado Luis Moll en su intervención, lo que ha dado impulso a la creación de una sección académica dentro del consejo es el conseguir cumplir uno de los fines del Consejo de Letrados, que es la promoción científica para ir actualizando materias concretas que pudiesen ser objeto de estudio de posterior incluso iniciativa editorial y difusión. “Pensamos que la mejor manera sería crear unas secciones científicas que estuviesen presididas y dirigidas por un letrado de la comunidad autónoma para coordinar estos trabajos de investigación y de divulgación”. Añadió que esta sección académica se va a caracterizar también porque va a permitir incorporar a profesionales de distintos sectores de la sociedad que están relacionados con el mundo del Derecho pero también con otras ramas científicas como la filosofía, la historia o la medicina.

El presidente añadió que la intención de poner en marcha políticas en compliance (cumplimiento, transparencia) ha calado rápidamente en las distintas empresas y sociedades en el ámbito mercantil y por ahora afecta especialmente al sector público, pero sería muy interesante utilizar también las estructuras e ideas que proporciona el compliance en el sector privado.

Moll explicó que el consejo de letrados es una organización profesional y por tanto una organización privada que no depende de ninguna administración pública pero sus miembros, como funcionarios públicos, deben perseguir el interés general. “En este apartado del congreso se ha hablado con claridad de lo interesante que sería que existieran códigos de conducta que apunten en la buena práctica administrativa”.

Pablo de la Cruz entiende que, desde el Consejo Superior de Letrados, se cree que hay que dar un paso más  dirigido a canalizar la actividad del consejo en diversas secciones sectoriales. Así nació la Sección Académica del Consejo, “que lo que trata es de canalizar la gestión del conocimiento en el ámbito de los letrados de gobierno de comunidades autónomas”.

También explica que “ha sido interés de la sección académica que todas sus secciones tengan en su seno también a  otros profesionales. Por ello se han integrado profesores universitarios y personas procedentes del sector privado que también nos dan una óptica muy relevante y la idea es que estas secciones tengan una producción científica y divulgativa”

Por otra parte, Belén López explica que desde hace unos cinco años existe una sensibilización en algunos letrados de comunidades autónomas sobre la necesidad de que la Administración implante unos mecanismos adicionales, sobre todo preventivos, teniendo en cuenta que la Administración tiene que ser precisamente ejemplarizante. “No se trata de un método para prevenir la corrupción sino para mejorar la gestión ligado al derecho a la buena administración que tienen los ciudadanos”.

¿Cómo se puede hacer esto? Según la opinión de Belén, con un comité o una oficina ética, que serían las herramientas necesarias para que la Administración pueda ser ejemplar “en un momento en el que la ciudadanía está ya con harta de los casos de corrupción” y hay un desapego institucional.

Por otro lado, considera que ese trasvase de técnicas importadas y con bastante arraigo ya en el ámbito privado, se hacen necesarias en el ámbito de la administración pública “pero sin solapar: no se trata de establecer dobles controles”

También apostó por hacer en la administración pública análisis de políticas de recursos humanos. Explicó que en el ámbito de justicia es muy llamativo que, de los 75 magistrados que hay en el Tribunal Supremo por ejemplo solamente 15 son mujeres “Eso quiere decir que aquí pasa algo, y no es sólo cuestión de equidad sino también de potenciar y retener un talento que tiene la administración”.

El primer ponente de estas jornadas, Rafael Jiménez Asensio realizó un recorrido sobre el origen del compliance, citando a filósofos  y pensadores que a lo largo de la historia han reflexionado sobre la práctica de la gobernanza  y sus niveles de eficiencia. Este experimentando consultor institucional reforzó  el “carácter ejemplarizante de la función pública”, como factor determinante en el fortalecimiento de las democracias sólidas.

En la mesa redonda “Compliance en el Sector Público: Retos y Propuestas” el profesor de Derecho Procesal de la UCLM, Jordi Gimeno Beviá,  destacó la conveniencia de la traslación del Compliance penal a la administración pública, pero atendiendo a las particularidades de esta. Gimeno Beviá ilustró su argumentación señalando como “ejemplo claro de compliance penal” a las oficinas o agencias anticorrupción, que permiten concienciar de los perjuicios que arrastran las prácticas corruptas, no solo a los cargos públicos, sino también a la ciudadanía. El Director Académico del Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente de la UCIM alabó también las medidas de protección a los denunciantes, matizando que la denuncia anónima “aunque se puede aceptar en algunos casos no se debe fomentar, porque la regla fundamental debe regirse por la confidencialidad”.

Cristina Coto del Valle, Socia de Ruiz Gallardón Abogados, se mostró convencida de la necesidad de adoptar el compliance en el sector público. La abogada del Estado (en excedencia) apostó por un compliance que se difunda a toda la cadena funcionarial, aplicando principios de integridad y ética del compartiendo, y ayudando así a rectificar los restos de una cultura de pequeños vicios que se justifican en la famosa frase “es que siempre se ha hecho así” y que aún perviven en algunas prácticas administrativas. A su juicio estas desviaciones brotan más de la falta de conocimiento, que de la intención manifiesta de cometer una irregularidad; “Entre el delito y el cumplimiento estricto de la ley hay un gran espacio donde la gente necesita ser orientada”. Coto del Valle aprovechó para abogar por una política de “regalos cero” dentro de la administración pública, como criterio a seguir para evitar suspicacias o cualquier tipo de problemas.

María José Santiago Fernandez centró su discurso sobre los pilares de la contratación pública, el conflicto de intereses y el principio de integridad. La Letrada de la Junta de Andalucía, recordó que no es un requisito legal para una empresa que quiera acceder a la contratación pública albergar su propio programa de compliance, aunque señaló que es positivo que lo tengan “de cara a la propia empresa”. Santiago Fernández ofreció su experiencia al frente de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda, un único órgano de “supervisión” en el estado español en el que, “apoyándose en todos los datos sobre la contratación en España, se pone de manifiesto como está funcionando la contratación en España y los órganos de control”. Tras la redacción de un informe de supervisión, se extraen preceptos para una mejor regulación general y que sea también más equitativa. Otra función importante de la oficina es “encargarse de la prevención en la lucha contra la corrupción, en el ámbito de la contratación”.

La Letrada de la Xunta de Galicia, Patricia Iglesias Rey, incidió en el hecho de que, “aunque todos los trabajadores de la función pública están sometidos a la ley y al ordenamiento jurídico” a la vista está que es necesaria “la aplicación de programas de integridad, cumplimiento, códigos éticos, etc.” y argumentó su punto de vista en la “gran crisis reputacional que tiene la administración pública” influenciada especialmente, a su juicio, por la “falta de información, o exigencia, hacia el poder político”.  Iglesia Mayor destacó los avances del Consejo de Cuentas de Galicia, donde ejerce como Letrada Mayor, y recalcó la necesidad de ser sensibles a la realidad de los propios funcionarios, que a veces disfrutan de pocos recursos para sacar adelante proyectos complejos en el ámbito de la contratación. A este efecto animó a todos los agentes sociales implicados en los procesos de contratación a “cambiar el ADN” y, a los funcionarios, a ser “proactivos”, porque la buena praxis “es una trinchera de defensa para el empleado público”.