Los Letrados de la Administración de Justicia, descontentos ante los «incumplimientos del Ministerio de Justicia» y la «privatización de las ejecuciones civiles»

Alcalá de Henares acoge desde ayer seis de octubre de 2022  el Encuentro Jurídico organizado por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ). El Congreso ha estado marcado por la incertidumbre acerca de las negociaciones mantenidas con el Ministerio de Justicia sobre la mejora de sus condiciones salariales, amén de la pretendida «privatización» de la ejecución civil por parte de los procuradores.

En la asamblea de colegiados, acto central del Encuentro y que tuvo lugar ayer jueves cinco de octubre, tanto los órganos de gobierno del CNLAJ, Junta Ejecutiva, Junta Nacional y colegiados han mostrado su gran indignación por el incumplimiento sistemático de los compromisos asumidos por el Ministerio de Justicia, especialmente en lo referente a los Reales Decretos que modificarán el régimen retributivo de los Letrados de la Administración de Justicia para asimilarlo al sistema de grupos de población que ya tienen el resto de funcionarios de nuestra categoría.

En el momento actual en el que están en marcha los Proyectos de Ley de Eficiencia, entienden que cualquier reforma debe partir de dos premisas fundamentales:

• • Aportar “eficacia” al proceso mediante medidas que lo agilicen.
  • Que no suponga incremento de costes, ni para el ciudadano, ni para las arcas públicas.

«Es cierto que existen muchas medidas que se deberían poner en práctica para dar impulso a la mejora de la ejecución», manifiestan, siendo el CNLAJ una institución muy reivindicativa en este punto: «Hacen falta mejoras de naturaleza procesal y organizativa, principalmente la creación de servicios comunes de ejecución, pero especialmente, ahora, disponer de más medios tecnológicos».

En el centro, Pilar Llop, ministra de Justicia; y a la derecha, Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) (Foto: Facebook)

La ejecución de los procesos civiles y la Procura: un evidente punto de fricción

En cuanto a la ejecución, subrayan, «debe de agilizarse», y tal y como destaca la comunicación ganadora de estas Jornadas, a través de “la Administración electrónica y la justicia digital, y que nos permite mirar  al futuro de la mano de la inteligencia artificial y la automatización de procesos como sistema de mejora en los modelos organizativos, que tras la consiguiente reflexión y adaptación permitirá que la cuarta revolución industrial 4.0 haga verdad que la justicia sea “ágil y tecnológicamente avanzada”.

Sobre el supuesto estancamiento de la fase de ejecución en los Juzgados y Tribunales, CNLAJ viene sosteniendo que las cuentas de depósitos y consignaciones «no están estancadas». «En 2021, las salidas en las cuentas de depósitos y consignaciones suponen más del 98% de las entradas. También en 2021, los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción penal de toda España recaudaron más de 260 millones de euros, una cantidad superior a la que, según los analistas económicos, se van a ahorrar los ciudadanos con la rebaja del IVA del gas este invierno», manifiestan.

Lo cierto es que el pasado año se efectuaron más de 36 millones de consultas al Punto Neutro Judicial, lo que representa una media de 8.791 consultas por Juzgado, lo que hace, además, una media de 44 consultas diarias por órgano judicial. Además, los Juzgados y Tribunales de toda España concluyeron el pasado año un 26’81% de ejecuciones más que las que registraron durante el mismo período.

Juzgados (Foto: E&J)

Conviene recordar que el artículo 117.3 de la Constitución Española atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. Dentro de ellos, el Letrado de la Administración de Justicia tiene reconocidas competencias en materia de ejecución, salvo en aquellas cuestiones reservadas a la competencia de los Jueces. Por tanto, defiende CNLAJ, «no es necesario buscar un responsable de la ejecución, puesto que este ya existe y es el Letrado de la Administración de Justicia».

En la citada asamblea, se señaló, no obstante, que la coordinación entre todos los órganos implicados en la Justicia, resulta esencial: «El procurador de los tribunales, como los abogados y todos los profesionales con los que compartimos los juzgados, son colaboradores de primer orden en la manera en la que ahora están configurados. La colaboración entre todos es importante para que la ejecución y la Justicia en general sigan mejorando».

No en vano, La Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado ya se han mostrado, recientemente, contrarios a que se atribuya facultades en materia de ejecución a los Procuradores, pues tales actuaciones afectan al núcleo esencial de la actividad judicial, como lo demuestra el hecho de que su ejercicio por un profesional privado requiera investir a éste del carácter de autoridad pública.

Como mencionaba el LAJ Diego Fierro en un reciente artículo publicado en Economist & Jurist, no es cierto que en el derecho comparado del ámbito de la Unión Europea existan figuras paralelas u homologables al Procurador español. Ni existe la figura de Procurador ya en Europa (salvo Portugal y Malta), ni las figuras a las que aluden asumen, en modo alguno, la representación de una de las partes del procedimiento, siendo profesiones liberales que actúan con plena independencia, y retribuidas por honorarios o aranceles, y no precisamente reducidos.

José Palazuelos, secretario y tesorero del Colegio de Letrados de la Administración de Justicia y LAJ de la Sala V del Supremo (CNLAJ) (Foto: Twitter)

Finalmente, los Letrados de la Administración de Justicia, pusieron el dedo en la llaga sobre el problema que podría suponer, a su juicio, que los procesos de ejecución pasaran a manos de la Procura: «Si se atribuyeran a los Procuradores funciones en materia de ejecución, se generaría una evidente privatización del servicio público de la administración de justicia, creadora de una justicia de dos velocidades, en función del nivel económico del cliente».