Todos los asuntos judiciales de Isabel Díaz Ayuso

Los casos de corrupción que han asolado el Partido Popular de Madrid, así como alguna torpeza propia, se llevaron por delante en poco menos de tres años a dos presidentes de la Comunidad de Madrid. Ignacio González, que presidió la CAM entre el 26 de septiembre de 2012 y el 24 de junio de 2015, terminó en prisión por su implicación en el caso Lezo y Cristina Cifuentes, presidenta entre el 25 de junio de 2015 y el 25 de abril de 2018 y que dimitió después de que fuera difundido un vídeo de seguridad en el que aparecía Cifuentes en un cuarto de un centro comercial tras un intento de hurto presuntamente cometido por la entonces presidenta.

Tras la presidencia de Ángel Garrido, que sustituyó a Cifuentes, y Pedro Rollán, que fue presidente interino durante cinco meses, llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso tras las elecciones del 26 de mayo de 2019 gracias al apoyo de Ciudadanos, ya que quedó segunda en el escrutinio.

Desde el primer momento, Díaz Ayuso ha sido objeto de una estrategia basada en la cacería judicial contra ella y de ataques de todo tipo, el último desde su propio partido, de los que siempre ha salido victoriosa.

Cristina Cifuentes e Ignacio González. (Foto: Bekia)

Caso Avalmadrid

Recién llegada a la presidencia tuvo que hacer frente a una grave acusación en la que, además, estaban implicados varios miembros de su familia. La Asociación Libre de Abogados (ALA) y Más Madrid interpusieron sendas querellas contra Díaz Ayuso por un supuesto delito de alzamiento de bienes. La presidenta de la CAM había recibido una donación por parte de sus padres en octubre de 2011 pero, según los demandantes, esa donación se efectuó “para evitar que el bien inmueble referido pudiera ser objeto de reclamación” por parte de la entidad pública Avalmadrid, que había concedido un crédito en febrero de 2011, por importe de 400.000 euros, a la sociedad Infortécnica, de la que eran socios, junto a otras personas, sus progenitores.

Finalmente, el Tribunal Supremo, después de que la Fiscalía pidiera que no se admitieran a trámite las querellas, dictaminó que “en el caso no se aprecia la concurrencia de indicios consistentes contra la persona aforada en este momento. No era socia de MC Infortécnica; no consta que conociera su situación económica y societaria; no intervino en la operación de crédito o de aval; no era avalista ni deudora; no consta que conociera la deuda; y no se aprecia ningún indicio de que actuara en connivencia con los demás querellados para evitar el pago de la deuda de aquella sociedad”.

Oficina de Avalmadrid. (Foto: Google)

Residencias de mayores

Los primeros meses de la pandemia de covid en 2020 provocaron un importante número de fallecimientos en residencias de mayores de toda España. Los centros de Madrid fueron especialmente castigados por la enfermedad. Las dudas sobre los criterios dictados por la Comunidad de Madrid para trasladar a los mayores enfermos de covid de la residencia al hospital ha provocado un rosario de denuncias que en muchas ocasiones no han pasado de las diligencias previas.

Ya en 2020 la Plataforma Centros de Salud puso una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no fue admitida a trámite. Lo mismo ocurrió con otra denuncia contra la presidenta Ayuso y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad, por la gestión de las residencias de mayores.

El Juzgado de Instrucción 10 de Madrid recibió una querella interpuesta por familiares de residentes contra la Residencia de Mayores Goya, la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad. Fue sobreseída automáticamente en lo que se refiere a los miembros del Gobierno de la CAM. El Juzgado de Instrucción 32 de Madrid también recibió una querella interpuesta por familiares de residentes contra la Residencia de Mayores Edalia Arturo Soria, la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad. La querella contra la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad no fue admitida.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, responsable de las residencias de mayores. (Foto: CAM)

El mismo camino han seguido las querellas presentadas por familiares de residentes contra la Residencia de Mayores Adolfo Suárez y la Residencia de Mayores Parla Y Vitalia. Asimismo, la Sala 2ª del Tribunal Supremo ha procedido al archivo general de las denuncias en materia de residencias contra la presidenta de la CAM.

También se produjo una denuncia de la Asociación Defensor del Paciente por la no derivación a los hospitales de los usuarios de las residencias durante la pandemia, pero el 27 julio 2021 es archivada por la Fiscalía.

Procedimientos administrativos

El 10 de marzo de 2021, Isabel Díaz Ayuso disolvió la Cámara regional para la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo. Sin embargo, justo después de este anuncio, los grupos parlamentarios de PSOE y Más Madrid presentaron una moción de censura contra la presidenta, que fue admitida por la Mesa de la Asamblea de Madrid. La Presidencia de la Cámara entendía que el Parlamento regional no está disuelto hasta que el decreto correspondiente se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. De este modo, no sería efectivo el adelanto electoral que anunció la presidenta regional.

Esto llevó de nuevo a Díaz Ayuso a una pelea en los tribunales y, una vez más, a una victoria. Las elecciones se celebraron y el PP arrasó.

En este sentido, entre la batería de acusaciones contra la mandataria madrileña hay varios procedimientos administrativos basados en denuncias de partidos de la oposición. Estas denuncias fueron interpuestas ante la Junta Electoral Central por la presunta violación de la normativa que prohíbe a los gobiernos hacer publicidad de sus acciones durante una campaña electoral. En todos los supuestos, o se ha desestimado la apertura de expediente o se ha archivado la demanda.

Díaz Ayuso anuncia el adelanto electoral el 10 de marzo de 2021. (Foto: RTVE)

Entre estos casos está la denuncia de Más Madrid contra la rueda de prensa del 17 marzo de 2021, tras celebración de Consejo de Gobierno; la del PSOE contra las ruedas de prensa del 10, 15 y 17 de marzo de 2021, cuando ya habían sido convocadas las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, o contra diversas acciones comunicativas a través de la web de la Comunidad de Madrid en abril de 2021.

Al margen de estas denuncias, Díaz Ayuso tuvo que hacer frente a las acusaciones del PSOE de Madrid, de presuntas “irregularidades” en los contratos con la cadena Room Mate, donde se hospedaba la dirigente madrileña durante la crisis del coronavirus tras dar positivo en Covid. El 29 de enero de 2021, la Fiscalía Anticorrupción acordó el archivo de la denuncia.

La última acusación, del PP

La última sospecha que se ha vertido sobre Isabel Díaz Ayuso ha venido directamente de su partido y se refiere al contrato de 1,5 millones de euros adjudicado a la mercantil Priviet Sportive SL para la compra de mascarillas y en el que el hermano de la presidenta, según apuntaban desde el PP, cobró una comisión. La propia Díaz Ayuso ha terminado reconociendo que su hermano cobró 55.850 euros más IVA por una «contraprestación por su trabajo» y por sus «gestiones» para traer mascarillas a Madrid durante la primera ola de la pandemia y ha negado que se haya tratado de «comisión por intermediación«.

Llegada a Madrid de material sanitario contra la covid. (Foto: CAM)

La investigación de esta operación, iniciada desde la dirección nacional del PP, ha dejado muy tocado al partido, sobre todo después del cruce de acusaciones entre Génova y la Puerta del Sol, que llevaron incluso a la dirección nacional del PP a abrir un expediente informativo a la presidenta regional.

Dado que el partido estaba saltando por los aires, y ante la presión interna, sobre todo por parte de los barones del PP, el presidente nacional, Pablo Casado mantuvo una reunión con Díaz Ayuso el pasado viernes en Génova. El Partido Popular va a cerrar el expediente informativo abierto contra Díaz Ayuso tras el comunicado de la Comunidad de Madrid que remitía las explicaciones requeridas sobre el contrato del que se benefició el hermano de la dirigente.

Esto, sin embargo, no significa que se haya cerrado la crisis a nivel interno en el partido ni que la oposición vaya a perder la oportunidad de tumbar a la presidenta madrileña en los tribunales. PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid han pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se investigue el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta. Ahora, debe estudiar esos escritos y valorar la trascendencia penal de la conducta antes de decidir si incoa diligencias de investigación, informa Europa Press.

Anticorrupción, que debe valorar los pasos que da a partir de ahora con el material aportado por los partidos, estudiará las denuncias por el contrato vinculado al hermano de Ayuso antes de decidir si investiga. Finalmente, si tras esas diligencias considera que los hechos son delictivos, debe instar ante el juez de Instrucción la incoación del procedimiento y enviarle lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito.

Díaz Ayuso se enfrenta de nuevo al escrutinio de los tribunales, en esta ocasión como consecuencia de fuego amigo. Al margen de las consideraciones políticas de este caso, que son muchas y de gran calado, habrá que ver si la presidenta madrileña vuelve a salir victoriosa de esta nueva batalla judicial, que se antoja dura.